Escrito por: Foto editada: Andina.pe
A raíz de las recientes decisiones que ha tomado el Poder Legislativo, te enseñamos qué puedes hacer cuando una ley vulnere tus derechos.
Escribe: Luis Maraví
El Congreso de la República ha sido acusado de populista y xenófobo, luego de impulsar propuestas como el proyecto de ley N.º 3550/2020-CR que plantea dejar sin efecto e impedir cualquier renovación del Permiso Temporal de Permanencia (PTP) otorgados a ciudadanos venezolanos. ¿Limpieza étnica? Además, la Ley Nº 31018 que pretende dejar sin efecto el cobro de peajes durante la cuarentena ya ha sido admitida por el Tribunal Constitucional, pues nuestros padres de la patria querían romper los contratos para que sus “hermanos conductores” no paguen los peajes. ¿Alguien dijo populismo?
Sin tener en cuenta las nefastas consecuencias económicas y sociales que podrían traer las propuestas mencionadas, así como también la de formalizar los taxis colectivos, el Internet gratis y la del impuesto a la riqueza. Estos proyectos están incurriendo en lo inconstitucional. Sí, son ilegales y los encargados de hacer las leyes, ni enterados. Pero, ¿qué puede hacer el ciudadano común? ¿Estamos condenados a quedarnos expectantes y con los brazos cruzados? Pues no. Existen herramientas que podemos usar, sin la necesidad de esperar que otras autoridades tomen cartas en el asunto.
El abogado constitucionalista Luis Marill explica que la propia Constitución prevé la defensa de sus valores y principios. En caso que estos provengan del Congreso, a través de leyes que son incompatibles con la carta magna, se puede establecer un mecanismo previsto en el artículo 200.
“Si de respuesta ciudadana hablamos, el mecanismo es la acción de inconstitucionalidad, a través del lleno de los requisitos que fija la Constitución y que fija el código procesal constitucional, uno de los cuales es el número de los ciudadanos que pueden activar esta demanda de inconstitucionalidad”, señala Marill.
Esta medida es activada con la firma de 5 mil ciudadanos y el órgano encargado de dirimir la demanda es el Tribunal Constitucional. Cabe mencionar que este mecanosmo puede ser utilizado por otros poderes del Estado, para así reclamar alguna violación a la carta democrática.
