Escrito por: Foto: Andina
Escribe: Renato Avellaneda
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La expansión del covid-19 no ha evitado que ciertos funcionarios persistan en el manejo ilegítimo de los recursos públicos.
En el transcurrir de los últimos tres meses, las investigaciones sobre actos de corrupción no han cesado. Tanto el Ministerio Público como los fiscales, agentes de la Policía Nacional, e incluso medios de comunicación, han continuado con la labor de registrar y desarrollar investigaciones alrededor de las denuncias realizadas. Al respecto, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción (PPEDC), ha emitido reportes periódicamente acerca de los presuntos casos a nivel nacional.
El último de estos documentos fue el Boletín Informativo N° 1: “Corrupción en la Emergencia Sanitaria covid-19”. El nombrado fue publicado el 19 de junio, y reveló que desde que inicio el estado de emergencia, hasta el 4 de junio, se encontraban en proceso un aproximado de 700 investigaciones en todo el país. A través de un total de 37 locales, la Procuraduría trabaja alrededor del esclarecimiento de estas incidencias.
Dentro de las acusaciones presentadas, las más comunes son la negociación incompatible, el peculado, y la colusión. La mayoría de estas denuncias han tenido relación con la irregular adquisición de bienes de primera necesidad como lo son equipos médicos, medicinas, víveres, implementos de bioseguridad, y artículos de limpieza e higiene. Precisamente, muchos de estos bienes fueron sobrevaluados en sus precios, tuvieron beneficiarios sospechosos, y otros varios fueron apropiados arbitrariamente.
Paralelamente, muchos de los bienes en cuestión han llegado a adquirirse en mal estado, por lo que no han terminado siendo de utilidad. Según el informe, poco más de la mitad de las investigaciones se están dando en siete regiones, que son las de Lima, Ancash, Arequipa, La Libertad, Junín, Cajamarca y Ayacucho. En estos actos además, se están viendo involucrados tanto gobiernos locales como regionales, municipios, hospitales, y el Ministerio de Salud.
No está de más señalar que el 17 de junio, el contralor general Nelson Shack declaró que durante el 2019 la corrupción generó en el Estado una pérdida aproximada de 23 mil millones de soles. Según el mismo, esto comprendió un 15% de la ejecución presupuestal del Sector Público durante el año pasado. El panorama del país es crítico, y la simultánea malversación de los bienes públicos genera que en la población aumente el recelo respecto de la clase política.
