Escrito por: Líderes se reunieron recientemente para conversar sobre sus condiciones. Foto: Andina
En la última década, más de 34 defensores ambientales fueron asesinados por sus esfuerzos para proteger sus tierras de la minería y tala ilegal o el narcotráfico. Casos como el de Saweto, continúan ilustrando la impunidad y poca protección con la que cuentan en Perú. Ante ello, líderes indígenas están elaborando sus propios métodos de defensa.
Escribe: Luana Baca
El nombre del último hombre cuya vida fue arrebatada por proteger sus tierras ancestrales era Victorio Dariquebe Gerewa. El líder indígena harakbut y guardaparque de la Reserva Comunal Amarakaeri fue asesinado el pasado 19 de abril, convirtiéndose en la primera víctima mortal de la comunidad, pero la número 34 en ejemplificar y alertar la problemática latente de violencia contra los defensores ambientales del país de tan solo los últimos 10 años.
Ellos protegen las tierras, ¿pero qué o quién los protege? De acuerdo con Willian Barbarán González, presidente de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú e integrante del equipo de comunicación de la Organización Regional Aidesep de Ucayali (ORAU), a pesar de la existencia de mecanismos estatales que tienen como objetivo cumplir con esta función, la defensa de sus vidas e integridades cae en manos de las mismas comunidades.
En proceso de creación
En declaraciones a Punto Seguido, Barbarán lamenta la labor que ha venido desarrollando el Estado en cuanto al apoyo en cualquier grado hacia los defensores y líderes ambientales, y aseguró que varias comunidades están reuniéndose para discutir la puesta en marcha de mecanismos de protección propios.
“Hemos hecho una reunión en el territorio Cacataibo, en Padre Abad, Agultía, donde han venido las tres bases educativas de la ORAU para construir juntos plataformas de autoprotección. Esta es una línea, una redirección de nuestros procesos en defensa de nuestro territorio. No podemos revelar los detalles de nuestra estrategia porque así hemos quedado y ya no queremos dar esa información a nadie pues es interna. En este proceso veremos qué hacemos, cómo nos autocuidamos entre varios pueblos indígenas o la Organización Regional para defendernos”, exclamó el comunicador.
Por otro lado, el 28 de mayo, durante el II Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras Indígenas, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) presentó un informe legal sobre el análisis de tres dictámenes para proteger a personas defensoras de derechos. Estos podrían terminar en la aprobación de la primera ley que garantizaría un entorno seguro a dichos ciudadanos, cumpliendo con los estándares internacionales de derechos humanos y teniendo en cuenta mecanismos preventivos, de rendición de cuentas y de reparación.
El Mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos
En abril del 2021 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) creó el “Mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos” con el propósito de garantizar la prevención, defensa y acceso a la justicia de este grupo. El documento asocia a 8 ministerios y a un organismo público ejecutor: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio del Interior, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y DEVIDA.
De acuerdo con el decreto que oficializó al mecanismo, cada ministerio tiene que asumir los gastos de las acciones del mecanismo con los recursos que ya contaban, pues no están asignados fondos específicos para el mismo. Este es uno de los principales limitantes que tiene la regulación, explicó en declaraciones a este medio Giancarlos Quiroz Narváez, abogado comisionado del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo.
Así, a pesar de que este mecanismo sea, al día de hoy, el más relevante ante la defensa de este grupo de personas, Barbarán considera que no cumple con su función. Y que, además, el haber compartido conversaciones e información con el gobierno, fue un error: “ya no creemos en el Estado, y somos autocríticos de haber dado toda la información a los ministerios, y a los militares”, acotó.
Por su parte, César Delgado Pizarro, presidente de Kunamia, una organización que trabaja temas educativos en la amazonía y sierra peruana, sostiene también que la intervención estatal ha sido prácticamente nula, y que, más bien, desprotege a los defensores.
“En los códigos se han creado normas en contra del defensor, ¿qué medidas se han creado para proteger? No, el Estado, más bien, ha creado medidas para no proteger. Por ejemplo, esta ley que favorece la deforestación ambiental”, exclamó Delgado a este medio.
A lo que hace referencia Delgado es, precisamente, a la autógrafa que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, medida que podría legalizar la tala de bosques en la amazonía peruana, lo que atenta directamente la labor de defensores ambientales. En palabras de Quiroz, esta ley es inconstitucional, y genera un grave problema para las comunidades.
“Es una ley que, en primer lugar, no ha sido consultada por, obviamente, los pueblos indígenas y que desde ya genera una vulneración. Ha sido dada de manera inconstitucional, afectando un derecho. El Estado no solamente está dentro de sus atribuciones de generar políticas públicas para garantizar derechos humanos, sino que también da leyes, pero tienen que ser leyes justamente que estén dentro del marco constitucional y bajo un enfoque de derechos humanos”, acotó el abogado.
¿Qué otras medidas de protección han sido ofrecidas por el Estado?
Hasta la fecha, según la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), el punto de partida que tomó el Estado en cuanto a la protección de este grupo es bastante reciente. Fue en el año 2018 que se mencionó por primera vez el término “defensor ambiental” por alguna entidad nacional en el “Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021” del Minjusdh. En dicho plan se comenta que quienes defienden los derechos humanos conforman un grupo especial de protección, y, por tanto, el Estado tiene la obligación de adoptar medidas para protegerlos.
En abril del 2019, el Minjusdh aprobó el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos”, en donde se quería “establecer acciones, procedimientos y medidas de articulación que generen, a nivel nacional, un ambiente adecuado para que las personas defensoras de derechos humanos desempeñen sus actividades de promoción, protección y defensa de los mismos”. Este documento fue anulado tras la creación del Mecanismo intersectorial.
En junio de 2020 la Defensoría del Pueblo estableció los “Lineamientos de intervención defensorial frente a casos de defensores y defensoras de derechos humanos”, con el objetivo de definir los criterios y pautas de actuación que deben tomarse en cuenta durante la intervención en estos casos.
En octubre del mismo año, el Minjusdh creó el “Registro sobre situaciones de Riesgo de personas defensoras de derechos humanos” y aprobó los “Lineamientos para el funcionamiento del registro sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos”. Este proceso también fue derogado luego del lanzamiento del Mecanismo intersectorial, pues este lo asumió.
En 2021, el Ministerio del Ambiente (Minam) aprobó el “Protocolo sectorial para la protección de las personas defensoras ambientales”, en donde buscan establecer las pautas generales para la protección de los defensores ambientales dentro del marco del Mecanismo intersectorial.
Asimismo, en el mismo marco, el Ministerio del Interior (Mininter) estableció el “Protocolo de atención para el procedimiento de otorgamiento de garantías personales”, donde instituyó que todas las personas defensoras de derechos humanos que pidan garantías personales deben recibir atención inmediata.
El Ministerio Público mantiene la investigación preliminar en reserva por la muerte de Victorio Dariquebe. Representantes de diversas organizaciones indígenas no dejan de rendirle homenaje y pedir justicia en su nombre. En medio de toda esta conmoción, hay comunidades que, desalentadas por la falta de confianza en la labor estatal para cuidarlos, han optado por buscar sus propios métodos de defensa.
