El acoso político: una oscura realidad en las Elecciones Generales 2021

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Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en la campaña de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, el 52% de las postulantes mujeres han mencionado haber sufrido alguna situación de acoso político.

Indira Huilca, junto a lideresas de organizaciones civiles, en una campaña para una ley que prevenga, sancione y erradique el acoso político contra las mujeres. (Foto: Agencia Andina)

Escribe: Joseph Rodriguez

En medio de un escenario donde muchas mujeres políticas han denunciado casos de acoso político de medios de comunicación y figuras políticas, el Poder Ejecutivo, presidido por Francisco Sagasti, promulgó la Ley Nº 31155, la cual previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política. De acuerdo con esta medida legislativa, el cumplimiento de la mencionada ley implica un trabajo multisectorial debido a que están involucrados directamente distintos órganos del Estado peruano, que velarán que esta se respete: El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el Ministerio de Cultura (MINCUL), el Ministerio de Educación (MIDEDU) y los organismos del Sistema Electoral.

En primer lugar, según el decreto legislativo, el MIMP es el ente principal encargado de desarrollar un registro de casos de acoso político a nivel nacional y aconsejar técnicamente a las instituciones públicas implicadas en la implementación de la Ley Nº 31155.

Además, la mencionada norma legislativa delega la responsabilidad, al MINEDU, de “incorporar en la currícula educativa contenidos sobre la importancia de la participación política de las mujeres”. Y, a su vez, la Ley Nº 31155 establece que el MINCUL es el organismo competente para incentivar el trabajo político en las mujeres bajo un enfoque de diversidad e interculturalidad; es decir, incluir a las integrantes de comunidades originarias, indígenas y afrodescendientes.

Finalmente, las entidades del Sistema Electoral deben supervisar que se cumpla con la normativa legal interna para de colaborar con la prevención, erradicación y sanción del acoso político. Estas medidas incluyen la habilitación y penas de actos de acoso político, y la regulación del procedimiento aplicable. Asimismo, insta a los entidades electorales a “fortalecer la conciencia cívica” de la población a través de programas de educación electoral, con el objetivo de prevenir y atender oportunamente los casos reportados.

Delimitación del ámbito de aplicación de la Ley Nº 31155

¿Qué es el acoso político?
El acoso político es un fenómeno social y estructural que afecta a las mujeres, en su mayoría. De acuerdo con la campaña “¡Somos la mitad, queremos paridad sin acoso!”, se entiende por esta problemática como toda conducta o práctica de violencia en contra de las mujeres por razones de género, las cuales buscan obstruir, anular e invisibilizar el ejercicio de sus derechos en la participación en el espectro público y político, en igualdad de condiciones y oportunidades que los hombres.

¿El acoso político ha estado presente en la campaña de las elecciones generales 2021?
En diciembre del año pasado, las organizaciones feministas Manuela Ramos y Flora Tristán emitieron un comunicado en donde denunciaban una campaña mediática de acoso político en contra Sigrid Bazán, actual congresista virtual por Juntos por el Perú. En el aviso publicado, ambas instituciones señalaban que Magaly Medina y Beto Ortiz, en sus respectivos programas televisivos, desacreditaban a Bazán, utilizando comentarios sexistas en relación a su fisionomía y vida personal.

Pronunciamiento de movimientos feminista, en donde denuncian el acoso político en contra de Sigrid Bazán. (Foto: Paridad Perú)

Otro caso de acoso político fue el que denunció Gahela Cari, una mujer trans que postuló al Parlamento por Juntos por el Perú. Cari manifestó que Frank Krklec, candidato al Congreso por Renovación Popular, no respetó su identidad de género y presentó una carta ante el Jurado Nacional de Elecciones para exigir una sanción a Krklec y que “se garantice el respeto y participación política de personas LGBTIQ+”.

Gahela Cari comunica, por medio de su cuenta oficial de Twitter, que presentó un escrito al JNE para que esta entidad se pronuncie en su caso.

A inicios de febrero, Narescka Culqui, excandidata al Congreso por el Partido Morado, denunció en su cuenta oficial de Twitter que se estaban difundiendo vídeos íntimos, en los cuales se indicaba que ella aparecía. Sin embargo, esto último fue desmentido por Culqui e rechazó profundamente que se haya se le violente de esa forma, para desmerecer su capacidad. “Es necesario que se apruebe una ley contra el acoso político y que se fortalezcan los mecanismos disponibles contra el acoso sexual y cibernético, porque mientras esto no suceda, las mujeres seguiremos estando expuestas”, expresó la postulante morada el Parlamento en una columna en Perú 21.

Recientemente, Anahí Durand, socióloga y miembro del equipo técnico de Perú Libre, indicó que tomará acciones legales por la información, que catalogó de difamatoria, transmitida en dos espacios televisivos de Willax TV. En los programas de la periodista Milagros Leiva y Beto Ortiz, se pretendió vincular a Durand con la organización terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) por una relación sentimental en su pasado. En esa línea, Durand consideró como “acoso político” a los actos realizados en ambos programas, debido a que sostuvo que “a las mujeres que se les califica siempre por relaciones personales”.

En ese contexto, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral (PEE) exigió a abstenerse de realizar cualquier práctica de acoso o violencia en contra de las candidatas en las Elecciones Generales 2021. Asimismo, en un comunicado público, señaló la importancia de “colaborar en la construcción de un espacio político seguro, respetuoso y libre de violencia, que permita a las mujeres ejercer su ciudadanía”.

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