Escrito por: Lo que hace dos años parecía ser una promesa arquitectónica para miles de personas, ahora no es más que la figura de un puente carcomido por las aguas del río Cañete. La costosa obra parece ser un monumento a la corrupción. Al menos eso es lo que sospecha la Contraloría General de la República.
Por Daniela Angulo, Shari Asencio, María Fernanda Díaz y Fabiana Rodríguez
Una de las esquinas termina en el aire. El puente Concón, que conecta Lunahuaná con el anexo de Ramadilla y de Los Olivos, es un verdadero espanto de la ingeniería. Eso dicen los habitantes de la provincia de Cañete, ubicada 150.6 km al sur de Lima. Ellos esperaban una solución antes sus carencias, pero ahora sólo tienen un problema más a la vista.
“Me encuentro aislada. Mis hijos me dicen ‘no vayas a cruzar el río, mamá’. Esa escalera está muy empinada”, narra a Punto Seguido una ciudadana de la tercera edad a la que denominaremos María, ya que no quiso revelar su nombre.
Es en verdad lo que se conoce como un elefante blanco. Irónicamente, los lugareños utilizan una escalera de madera para poder subir a este puente de concreto. La escena es insólita e indignante. Las fotografías que acompañan este reportaje muestran con claridad lo que aquí ocurre.
María es una de las tantas personas que se encuentran aisladas por el deterioro del puente Concón. Ella tiene una bodega en el anexo de Ramadilla, en la cual hay una escasez de productos. En su interior se observan las últimas galletas de soda y unas cuantas gaseosas para comercializar. Eso es todo.
La historia de este puente comenzó el 26 de junio del 2019. Ese día se adjudicó la obra “Reconstrucción de Puente Carretera en los tramos 1-827 y 1-828 Vía de Acceso Rural a Concón desde Carretera Lunahuaná, Provincia de Cañete, Departamento de Lima”.
La obra en cuestión estaba valuada en S/.5´047,668. Esta cantidad de dinero, que hoy en día se encuentra perdida entre los escombros, fue financiada por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) bajo el liderazgo de la entonces Directora Ejecutiva, Amalia Moreno Vizcardo, durante el gobierno de Martín Vizcarra.
El consorcio que ganó la licitación convocada por la Municipalidad de Lunahuaná fue Consorcio 777, integrado por las empresas Constructora Camargo Vergara S.R.L, Jagui S.A.C y Ciudades S.A.C. La compañía con mayor participación fue la primera en mención, Constructora Camargo Vergara S.R.L, con un total del 40%. Según los registros públicos, fue fundada para la construcción de edificios y actividades de arquitectura e ingeniería.
La empresa ubicada en el distrito de Santiago de Surco es dirigida por un arquitecto acusado por presunta comisión del delito contra la fe pública y falsedad genérica en el año 2018. Este personaje, de nombre Percy Vergara Arguedas, no sólo es gerente general de la Constructora, sino que también es representante legal del Consorcio ganador de la licitación de esta obra. El expediente técnico establecía que el plazo máximo de responsabilidad del Consorcio ganador de la licitación era de 10 años.
El equipo de investigación de esta revista buscó a la empresa con mayor participación en la obra para conocer su descargo. La Constructora Camargo Vergara se ubica en un departamento de la Av. Precursores 417 en Santiago de Surco, según la base de datos de la Sunat.
Al llegar al lugar indicado, el recepcionista del edificio abrió la puerta con sorpresa e indicó que en aquel lugar no funcionaba ninguna empresa y que en el departamento indicado no conocían a nadie bajo el nombre de Percy Vergara Arguedas, el representante legal de la constructora.
Punto Seguido intentó contactarse con el número telefónico de la empresa. Sin embargo, la operadora respondía que el número que se había marcado no existía.
Yaku: un golpe de realidad
El pasado 24 de noviembre del 2021, durante el evento de inauguración, el puente de concreto de noventa metros de longitud fue catalogado por el entonces alcalde provincial de Cañete, Segundo Díaz De la Cruz, como una “apertura hacia una nueva zona turística y de mayor desarrollo para los agricultores”.
Aquellas palabras fueron llevadas por el viento, así como el río Cañete se llevó, por lo menos, diez metros de una las rampas de acceso a tan solo dos años de su inauguración. La problemática se desmanteló debido a la llegada del ciclón Yaku, un fenómeno que dejó estragos en varias regiones con fuertes lluvias y desborde de ríos.
La fuerza de este desastre ocasionó en Cañete el debilitamiento del Puente Concón, y reveló una realidad: la pésima construcción y elaboración de uno de los pilares fundamentales en la provincia.
El desastroso suceso se consolidó días después: el 19 de marzo del presente año. Ante la mirada atenta de la población cañetana, la fuerza de las aguas del río empujó la base central del puente. La imagen era lamentable y desesperanzadora. La promesa arquitectónica quedó inclinada en su propia base, y así perdura hasta el día de hoy.
Millonaria pérdida en tiempo récord
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) establece en su Manual de Puentes que la vigencia de un puente permanente debe ser de 75 años, aproximadamente. Según detalla el expediente técnico elaborado por la ARCC, el puente Concón se encuentra dentro de esta categoría. La diferencia radica en el tiempo de vigencia. Sólo dos años bastaron para arrasar con parte de la obra.
Dentro del expediente, se presentaron también una serie de estudios técnicos, a cargo del Laboratorio de Mecánica de Suelos y Materiales de la empresa Multiproyectos Full Calidad E.I.R.L. En ellos, se concluía que la zona es propensa a fenómenos climatológicos.
A pesar de dicha información, se decidió incorporar dos rampas de acceso en cada extremo del puente. Ambas elaboradas en base a piedras y arena gruesa. Una de ellas fue destruida por el aumento del caudal del río Cañete.
En una entrevista con Punto Seguido, Esaú Cárdenas Angulo, ingeniero civil especialista en Gestión de Proyectos Inmobiliarios e infraestructura, determinó que la falla del puente se debe a un mal estudio mecánico del suelo, un mal estudio hidrológico y una falta de control de calidad en los materiales y procesos constructivos.
El especialista también recalcó que no solo se trata de una deficiente realización en los estudios ni de los ejecutores de la obra. Existe, también, un fantasma que se encuentra oculto bajo las sombras de la corrupción: la empresa supervisora.
Por su parte, Anthony Aguado Claudio, arquitecto que labora en la Municipalidad de Cañete, declaró a Punto Seguido que “el puente tiene una garantía, son 10 años. Por equis motivos o fallos estructurales, los contratistas se hacen responsables. Pero nosotros, como gestión anterior, no tenemos conocimiento de todo lo que se hizo el año pasado”.
Consorcio Perú fue el único postor en presentarse a la convocatoria lanzada en junio del 2019. Evidentemente, fue elegido como ganador de la licitación y posteriormente se le adjudicó el rol de supervisor de la obra por un total de 185 mil soles.
El Informe de Control Simultáneo de la Contraloría General de la República concluyó que la falta de rapidez en los procedimientos administrativos de financiamiento del proyecto (adicional al proyecto original ejecutado por la entidad) y de coordinación con la ARCC podría conllevar a una inadecuada utilización de los recursos estatales y retrasos en la ejecución de los proyectos de ambas partes. Esto, evidentemente, afectaría los objetivos y resultados del proyecto original.
Lejana solución
La construcción del Puente Concón buscaba facilitar el traslado de vehículos y pobladores, así como aminorar el tiempo de tránsito en tan solo veinte minutos. Sin la existencia de este puente, dicho traslado toma alrededor de tres horas.
Maria contó a Punto Seguido la travesía que tendría que pasar para poder movilizarse de un pueblo a otro: “Tengo que dar la vuelta hasta un puente que está más abajo. Me demora varias horas y cobran caro. Cobran 100 soles por pasar”, se quejó.
Así como esta señora, gran parte del sector rural se encuentra aislado por el deterioro y debilitamiento del puente. Alrededor de 300 familias cañetanas en promedio están abandonadas por sus propios representantes políticos. Según manifiestan diversos pobladores, ni la Municipalidad Distrital de Lunahuaná ni la Municipalidad Provincial de Cañete han tomado las medidas correspondientes para salvaguardar el bienestar de los damnificados.
