Escrito por: ¿Alguna vez has sufrido discriminación por el contenido de tu DNI? Sí, la misma cédula que llevas cuando vas a un establecimiento de salud, postulas a un trabajo o entregas a un policía si te es requerido. La respuesta puede parecer obvia para la mayoría, pero es clave para una población a la que históricamente se le han negado derechos que muchos damos por sentados: la comunidad transgénero.
Escribe: Arantxa Bravo
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Según la Encuesta de percepción en el reconocimiento de las mujeres trans 2021, realizada por PromSex, el 90% de participantes afirmó expresar su identidad de género públicamente. Sin embargo, del universo estudiado, solo el 6% había logrado registrar cambios en su DNI. Dentro de ese ínfimo grupo, un escaso 1% manifestaba haber cambiado tanto su nombre legal como el sexo que figuraba en su documento.
En medio de cifras poco optimistas, el 29 de marzo de este año pareció representar una oportunidad para cambiar las cosas a nivel estructural. Esta fecha corresponde a la aprobación del predictamen del Proyecto de “Ley de Identidad de Género” en la Comisión de la Mujer y Familia de nuestro Congreso. Recordemos que esta no es la primera vez que observamos el planteamiento de esta norma en nuestro país. Esta fue presentada oficialmente en el 2016 por las legisladoras Indira Huilca y Marisa Glave a raíz de una audiencia pública en el Parlamento protagonizada por la Red Trans Perú, activistas LGBTIQ+ y entes de nuestro Estado. Lamentablemente, en ese entonces, fue archivado. Y no es sino hasta 5 años después que vuelve a ser puesto en debate.
¿Pero por qué es tan complejo el posicionamiento de esta ley en nuestro territorio si en países vecinos como Argentina y Uruguay ya es una realidad? Al respecto, Lucia Solis, editora de género en el Grupo La República, comenta lo siguiente: “Carecemos de dos elementos clave: una militancia feminista constante y articulada en sus diferencias, y la voluntad y representación política que luche por hacer cumplir los derechos de esta población”.
Pero incluso habiendo logrado un primer paso hacia la ley, existe un tajante rechazo de la población hacia esta. Es tanta la desaprobación que incluso dos de las legisladoras que promovieron su debate fueron acosadas cibernéticamente a raíz de que una página conservadora difundió sus números de celular. Uno de los contraargumentos más repetitivos fue que la norma “no representaba los intereses de la mayoría de peruanos” y que, por el contrario, el Estado debería concentrarse en asuntos de mayor relevancia. Por ejemplo, combatir la pandemia de covid-19.
“Se piensan como cosas aparte, cuando no son excluyentes. La pandemia ha puesto en evidencia todas las desigualdades sociales históricas del país. Se ha demostrado, entonces, que afecta a las poblaciones más vulnerables. Y dentro de ese grupo están, por supuesto, las personas trans”, acota Solis. Recordemos que el Gobierno, además de no haberle brindado un bono específico a esta población, también fue el causante de diversos casos de violencia transfóbica a manos de las fuerzas del orden tras el pasado Decreto Supremo Pico y Género. “No me siento amparada por el Estado porque no reconoce mi identidad en mis documentos y eso, a la larga, me recorta derechos que de otra forma tendría, como el resto de ciudadanos. Parte por el derecho a la identidad, pero también se nos niega el derecho a la educación, a la familia, entre otros que se ven recortados de manera sistemática”, confesó Javiera Arnillas, activista, actriz y modelo trans.
“Estamos hablando de derechos humanos. La consigna principal del Estado es velar por todos sus ciudadanas y ciudadanos. La identidad es un derecho, no un privilegio”, añade Lucia respecto a la necesidad imperante de la promoción de esta ley. Al final del día, la identidad es un elemento tan básico que, sin esta, un completo y adecuado acceso a los derechos fundamentales no está garantizado. Empecemos a exigirle al Gobierno las mismas oportunidades para todas y todos.
