La administración Trump reactiva medidas de control migratorio que obligan a inmigrantes mayores de 14 años a registrarse ante el gobierno federal. Universidades como Harvard enfrentan presiones para entregar información sobre estudiantes extranjeros, en un contexto de creciente vigilancia y tensiones políticas.
Por: Nicole Córdova
El gobierno de Donald Trump ha endurecido las políticas migratorias en Estados Unidos, ahora respaldadas por decisiones judiciales recientes. Desde el 11 de abril de 2025, la Orden Ejecutiva 14159 obliga a todos los extranjeros mayores de 14 años, que permanezcan más de 30 días en el país, a registrarse ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Esta medida ha generado incertidumbre en la comunidad inmigrante y afecta especialmente a estudiantes universitarios, al poner en riesgo su permanencia.
Registro obligatorio de inmigrantes: una política en escalada
El 20 de enero de 2025, el presidente Trump firmó la Orden Ejecutiva 14159, “Protegiendo al Pueblo Estadounidense Contra la Invasión”. Esta orden instruye al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a garantizar el cumplimiento del registro de extranjeros, en línea con la sección 262 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Desde el 11 de abril de 2025, todos los extranjeros mayores de 14 años que permanezcan en EE.UU. por más de 30 días deben registrarse ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), incluso si ya estaban en el país antes de esa fecha.
Esta medida, que ha sido recibida con preocupación, tanto por defensores de derechos humanos como por la comunidad inmigrante, forma parte de una tendencia que se remonta a las administraciones de George W. Bush y Barack Obama, y que se ha intensificado bajo el liderazgo de Donald Trump.
En Punto Seguido conversamos con el politólogo Antenor Escudero, quien explicó que “este tipo de política se ha ido escalando con el tiempo”, en lo que las autoridades estadounidenses consideran una “crisis migratoria” vinculada a la seguridad nacional y la economía. Escudero señala que la narrativa republicana ha construido la figura del inmigrante como una amenaza doble: por un lado, como competidor laboral que precariza el mercado de trabajo, y por otro, como posible agente de criminalidad y desestabilización social.
El nuevo registro, que recuerda al Sistema Nacional de Registro de Entradas y Salidas implementado tras el 11-S, se enmarca en una lógica de securitización que ha ido restringiendo derechos y libertades civiles, especialmente para las minorías y los extranjeros. Como explica Escudero, “tu privacidad se suspende en la medida que puedas ser un peligro doméstico o externo a los Estados Unidos”, y la vigilancia se ha extendido incluso a la revisión de redes sociales y dispositivos electrónicos en puertos de entrada.
La medida, aunque presentada como una respuesta a la crisis del fentanilo y la violencia asociada al narcotráfico, tiene también claros fines políticos. “Beneficia propagandísticamente a los trabajadores ciudadanos estadounidenses”, afirma Escudero, pero en la práctica ninguna de esas cosas es solución a los problemas estructurales del país. Más bien, advierte Escudero, genera un clima de miedo, precarización y chantaje para los inmigrantes, que se ven amenazados con la deportación ante cualquier reclamo laboral o social.
Registro de extranjeros en universidades, el nuevo frente de conflicto
Uno de los aspectos más controvertidos de la nueva política es su impacto en el ámbito universitario. La administración Trump ha presionado a instituciones de élite como Harvard para que entreguen registros detallados de sus estudiantes extranjeros, bajo amenaza de retirar la certificación educativa y afectar la validez de visas como la F1 y la J1. Esta medida busca alinear a las universidades con la ideología oficialista y controlar la presencia y actividades de estudiantes internacionales.
El politólogo Escudero destaca que las universidades estadounidenses han sido históricamente focos de resistencia y movilización social, desde las protestas contra la guerra de Vietnam hasta los recientes movimientos por los derechos civiles y el conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, la presión financiera y normativa podría forzar a algunas instituciones a ceder ante las exigencias federales. “Harvard puede vivir sin que le caiga ni un centavo del Estado”, afirma, pero advierte que la amenaza de perder la certificación es un golpe serio para la autonomía académica y la internacionalización de la educación superior.
Harvard rechazó el lunes 14 de abril, vía X (antes Twitter), las numerosas demandas de la administración Trump, que, según afirmó, cederían el control de la universidad privada al gobierno:
La administración Trump anunció entonces que congelaría 2.200 millones de dólares en fondos.
La situación se agrava para los estudiantes con visas temporales, que podrían ver truncados sus estudios y proyectos de vida por decisiones administrativas ajenas a su desempeño académico. Además, el clima de vigilancia y sospecha ha generado episodios de hostigamiento y discriminación, como el caso de un estudiante de la universidad de Columbia de origen palestino detenido por agentes sin identificación, en lo que Escudero describe como una “militarización” de la política migratoria.
Un futuro incierto para la integración y los derechos civiles
El endurecimiento de las políticas migratorias representa un retroceso en la integración y el respeto a los derechos civiles en Estados Unidos. Aunque algunos sectores ven estas medidas como una respuesta necesaria a los desafíos de seguridad y empleo, la experiencia histórica demuestra que la criminalización y la exclusión solo agravan las tensiones sociales y perpetúan la desigualdad.
Escudero concluye diciendo que “no es si este registro va a funcionar, hay gente que puede que lo tome porque la otra opción es peor. Es casi la cara cosmética de ya una política de recrudecimiento, de persecución a los migrantes”. El desafío para las universidades, la sociedad civil y los propios inmigrantes será resistir a la erosión de derechos y construir alternativas de inclusión y solidaridad en un contexto cada vez más adverso.