Para la periodista Gianna Camacho y el activista LGBT+ Manuel Siccha, el asesinato de Sara Millerey en Colombia visibiliza los casos de transfobia en el Perú, a través de la falta de reconocimiento de su identidad de género y el impulso de leyes conservadoras desde el Congreso.
Por: Melannie Llimpe
El 4 de abril de 2025, el municipio de Bello fue escenario de un acto que remeció a toda Colombia. Sara Millerey, de 32 años, había sido brutalmente golpeada hasta la muerte por ser una mujer trans. Según indicó Lorena González, alcaldesa de Bello, mediante sus redes sociales, a Millerey “le quebraron los brazos y la arrojaron al río”. Para el Ministerio de Igualdad y Equidad de Colombia, conforme señaló en un comunicado a través de X, el asesinato de Sara “evidencia la persistencia de violencias estructurales basadas en prejuicios, intolerancia y odio hacia las identidades diversas”.
Pese a ello, la violencia sistemática que padece la comunidad trans no se limita únicamente a Colombia, a propósito del deceso de Millerey. Por el contrario, se trata de un problema que trasciende a nivel continental. Según el estudio “Trans Murder Monitoring 2024 Update”, realizado por Transgender Europe (TGEU), se reportaron 350 asesinatos a personas transgénero entre octubre de 2023 y septiembre de 2024 en todo el mundo. Acorde a dicho informe, del total de estos crímenes registrados, 255 se produjeron en América Latina y el Caribe: una cifra que representa el 70% de los asesinatos por transfobia a nivel global, y de la cual se refirió que al menos dos de estos ocurrieron específicamente en el Perú.
Para Gianna Camacho, periodista y activista trans, estos índices expresan la magnitud de la transfobia en la región y evidencian la vulnerabilidad de una minoría que es objeto de fuertes ataques solo por tener una identidad de género contraria a la aceptada por la heteronormatividad. “Los porcentajes de comisión de delitos y crímenes de odio contra mujeres trans en Latinoamérica son muy altos. El caso de Sara refleja la violencia que denunciamos siempre. Dentro de la población LGBTQ+, somos las personas más vulnerables. Los últimos asesinatos contra mujeres trans evidencian un ensañamiento particular. No nos matan de dos balazos o tres puñaladas, sino con decenas de estas. En casi todos los casos, hubo una tortura previa de la víctima antes de ser asesinada”, enfatiza.
Por su parte, Manuel Siccha, activista LGBT+, considera que la muerte de Sara Millerey, si bien no ocurrió en el Perú, marca un punto de inflexión para recordar los crímenes contra personas trans en nuestro país y comprender la intolerancia de la cual son víctimas. “El caso de Sara se suma a la serie de asesinatos que se han denunciado en los últimos diez años. Pero no solo crímenes de odio por su identidad de género, sino también discursos transfóbicos que son el caldo de cultivo para que hechos como el de Sara en Colombia, los de Zuleimy, Rubí y Camila en el Perú, y otros se sumen a una cifra que nos golpea en el rostro”, menciona.
La transfobia en el Perú en cifras
Desafortunadamente, la transfobia no es una problemática reciente en el país. Según la Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI, realizada en 2017 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 63% de los participantes alguna vez fue víctima de discriminación o violencia en nuestro país; mientras que 8 de cada 10 manifestó que las principales formas de agresión contra ellos fueron de tipo verbal (hostigamiento, amenazas, gritos).
Pese a ello, estos ataques no fueron la única modalidad de violencia a la que se enfrenta esta población, pues los resultados de dicho censo mostraron que el 18% de encuestados precisó haber sido expulsado o negado de ingresar a espacios públicos. En tanto, un 15% afirmó que experimentó situaciones en las que no respetaron su género de identificación. Además, el 6,4% de ellos se dedicó a la actividad sexual como forma de ingreso económico en algún momento en su vida; de la cual el 83,7% lo hizo por decisión propia, mientras que la cifra restante por obligación.
Según Gianna Camacho, si bien la población trans ya se encuentra en una posición de vulnerabilidad, el hecho de que un porcentaje de esta se dedique al trabajo sexual las coloca en un estado de riesgo aún mayor. “Las personas trans pasamos por una interseccionalidad de vulneraciones; no solo porque somos trans, sino también porque podemos ser afrodescendientes, andinas, de pueblos originarios, tener discapacidad o padecer VIH. Si una está en situación de prostitución, el nivel de violencia crece aún más. Pero ninguna de estas cosas justifica que un ser humano acabe con otro de esa manera”, manifiesta.
Manuel Siccha coincide y precisa que el ejercicio del trabajo sexual incrementa su susceptibilidad a ser objeto de delitos que atenten contra su integridad. “Las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual están sometidas a situaciones de riesgo y en una posición vulnerable a ser víctimas de trata de personas, cobro de cupos, extorsiones y crímenes”, expresa.
El Congreso y las leyes “antitrans”
Sin embargo, los asesinatos y las agresiones físicas no son las únicas muestras de transfobia. El impedimento de entrada a espacios públicos y la falta de reconocimiento de la identidad de género de las personas trans son otras formas de discriminación social hacia estas. En torno a ello, el conservadurismo que prevalece en la sociedad peruana es determinante para comprender la estigmatización que sufre esta minoría. Al respecto, en los últimos meses, esta postura “antitrans” ha destacado significativamente dentro del Congreso de la República a través de propuestas de ley impulsadas por parlamentarios como Alejandro Muñante y Milagros Jáuregui de Aguayo.
En concreto, el Proyecto de Ley Nº 10082 presentado por Muñante en enero de 2025, plantea la redefinición del concepto de “género” para referirse solo al masculino y al femenino. Por su parte, a mediados de abril, la legisladora Jaúregui de Aguayo anunció en X que, desde la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, bloquearon un predictamen que buscaba incorporar como agravante la discriminación por autopercepción, pues “no permitirán que se imponga una agenda ideológica”.
Sobre ello, Manuel Siccha señala que estas propuestas legislativas atentan contra los derechos LGBT+ y minimizan los esfuerzos de esta comunidad, pues en lugar de afianzarlos a través de normativas públicas, debilitan todavía más su situación. “Se excluye a una población socialmente marginada que no ha sido considerada por mucho tiempo. Lejos de fortalecer su visibilidad, no se reconoce la problemática social”, dice.
En tanto, para Gianna Camacho, legislaciones así complican más la situación de algunos miembros de la población transgénero que, lejos de identificarse como mujeres u hombres trans, optan por la no binariedad. “Durante mucho tiempo, las personas trans solo nos visibilizábamos dentro de lo femenino o lo masculino. Sin embargo, en los últimos años, ha crecido la población de personas no binarias y son ellos quienes entran más en conflicto con estos dispositivos legales. Si ya era difícil explicar la transexualidad, con la existencia de un tercer género, será más complicado”, dice.
Una identidad de género no reconocida
En ese sentido, la violencia sistemática contra la comunidad trans se agudiza con la negación de su identidad, cuando además no se las reconoce con el nombre con el que socializan; como sucedió con Sara Millerey, quien una vez fallecida, algunas autoridades colombianas continuaron refiriéndose a ella con su nombre masculino. En el Perú, esta falta de reconocimiento por la identidad trans se evidenció con el caso de Dania Calderón: una mujer trans que, según el Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas LGBTI en Perú, realizado por el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) en 2021, demandó al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) para obtener el cambio de nombre y sexo en su DNI sin necesidad de haberse sometido a una cirugía de reasignación de género.
Sin embargo, Siccha precisa que, aunque existen guías como el Manual de Derechos Humanos Aplicados a la Función Policial, decretado por el Ministerio del Interior, que indican cómo las autoridades e incluso los medios de comunicación deben tratar, entre tantas identidades, a las personas trans en el marco de una intervención legal, dichas bases no son respetadas y se reincide en un discurso que se refiere a estas con sus nombres originales. “Pese a que existen estos documentos, los ignoran cada vez que una persona trans es asesinada. Ahora, se la ‘asesina civilmente’ en el sentido de que no se la reconoce por quién ella ha socializado. Vuelven a discriminarla al utilizar el nombre de varón que ella dejó de usar”, expresa.
Al respecto, Siccha enfatiza que, a causa de ello, parte de la comunidad transgénero ha decidido no participar en el proceso de obtención de sus documentos personales, pues son conscientes que no reconocerán sus nombres sociales, con lo cual la negación de su identidad continuará perpetuándose a nivel sistemático. “La problemática social es la indocumentación que ellas padecen. Lo dice RENIEC: un alto porcentaje de mujeres y varones trans no tienen DNI. No quieren sacarlo porque este seguirá siendo un documento donde se expresará su nombre legal y, por tanto, será un instrumento de discriminación contra ellas”, puntualiza.
Gianna Camacho muestra una postura similar y destaca, en nuestro país, el reconocimiento de la identidad de las personas trans en su DNI solo puede alcanzarse por vías judiciales, lo cual, para ella, denota particularmente un desinterés a nivel estatal por dicha minoría. “En el Perú, una mujer trans no puede modificar su DNI, a menos que le haga un juicio al Estado y gane. Las autoridades son parte del problema. Cuando se trata de una persona trans, no hay empatía”, refiere.
Según el Instituto de Estudios en Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano (IESSDEH), alrededor del 10% y el 20% de personas trans no poseen DNI. Del mismo modo, acorde al Informe de Derechos Humanos sobre la Comunidad Trans en la ciudad de Lima 2010, del Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género, el 36% de participantes que forman parte de la población LGBTI no contaba con un documento de identidad.
Aun con ello, todavía existe otro factor que agrava la situación de la comunidad trans: la exclusión de la entrada de esta minoría en espacios públicos. Recientemente, esta postura se vio fortalecida con la aprobación del dictamen del Proyecto de Ley Nº 8457 a inicios de abril que, según anunció el congresista Alejandro Muñante en Facebook, prohíbe “el ingreso y uso de baños públicos a personas cuyo sexo biológico no coincida con el destinado por los establecimientos”. Para Manuel Siccha, esta norma desprotege a la población trans y la coloca en una posición vulnerable a ataques de odio en dichos lugares. “Con la normativa de Muñante, la mujer trans iría a un baño de varones y estaría expuesta a toda la ola de criminalidad que no reconoce su identidad: burlas, agresiones e incluso crímenes de odio”, concluye.
Protección desde el Estado
Es evidente que, en el Perú, la transfobia es una problemática latente, a pesar de la lucha por el reconocimiento y el respeto de sus libertades. Ante ello, Gianna Camacho señala que el primer paso reside en las propias iniciativas que el Estado debe implementar para brindar seguridad a las poblaciones con mayor susceptibilidad en la nación, incluida la conformada por personas transgénero, y contrarrestar los peligros a los que están expuestas. “El Estado tiene que identificar a las poblaciones más vulnerables, entre ellas las personas trans. Debe crear políticas públicas que atiendan nuestras necesidades y una ley que reconozca la identidad de género de las personas trans”, puntualiza.
