Escrito por: A casi un mes de la inclusión de las gasolinas de 84 y 90 octanos, la medida parece no haber mitigado el problema principal: el incremento del precio de los combustibles. Por el contrario, especialistas indican que esta acción no influye en el precio final de dichos productos. Además, el aumento del déficit fiscal afecta directamente la perspectiva que las calificadoras de riesgo tienen sobre el Perú.
Reducción en el precio de los combustibles tras la inclusión en el fondo de estabilización | Elaboración propia – Aarón Torres
Medidas ante el incremento de combustibles
Como se recuerda, el pasado 28 de marzo, el Ministerio de Economía y Finanzas incluyó las gasolinas de 84 y 90 octanos, gasohol de 84 octanos y al GLP a granel al fondo de estabilización de los precios de los combustibles. Mediante su cuenta de Twitter, el presidente Pedro Castillo aseveró que buscan mitigar el aumento de precios de los combustibles usados por los sectores de menor ingreso. Asimismo, anunció el incremento del fondo de inclusión social energético, de S/ 20 a S/ 25.
La norma publicada en el diario oficial El Peruano, indica que la medida tiene vigencia por tres meses, es decir, hasta el 30 de junio de 2022. Respecto a la continuidad de la inclusión de los combustibles al fondo de estabilización, el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Graham, aseveró que primero se evaluará el precio del petróleo a nivel internacional. Cabe resaltar que esta medida puede ser ampliada por hasta un máximo de 6 meses.
Aumento del gasto público tendrá un impacto en las finanzas del Estado
A pesar de ser anunciado como una solución inmediata, el fondo de Estabilización del precio de los combustibles reflejan un problema para el Estado peruano. Desde su cuenta de Twitter, el economista Manuel Romero aseguró que la medida dictada por el Ejecutivo le costará al Estado cerca de $915 millones al año. Para Romero, el uso de subsidios por parte del gobierno podría ser contraproducentes a nivel internacional. En la misma línea, asegura que este tipo de medidas ponen al Perú en la mira de las calificadoras de riesgo debido a la evolución del déficit fiscal.
