Escrito por: Según PROMSEX (2019), “en América del Centro y Sur se ha producido el 78% de los asesinatos a personas trans registrados en el mundo”. Foto: Cortesía de Gianna Camacho.
Tras el asesinato de Gina Rodríguez Sinuiri, mujer trans de 26 años, resurge en la esfera pública la discusión sobre la realidad de la comunidad más vulnerada y marginada del colectivo LGBTIQ+. En este reportaje, conozca la situación actual de los derechos de las mujeres trans en Perú, así como los tipos de violencia a la que se enfrentan día a día, contado por ellas mismas.
Escriben: Luana Baca, Angela Espejo y Nurit Mitrani
“No sé si alguna vez salga, ponga un pie en la calle y ya no regrese”, comenta, con voz seria y temor en los ojos, la activista afrofeminista trans, Belén Zapata. “Y si regreso, ¿regresaré completa? ¿O voy a regresar en un ataúd? ¿En cuadraditos? ¿O me van a encontrar en un barranco tirada y descuartizada? Sabrá Dios cómo. Es con lo que nosotras [las mujeres trans en Perú] vivimos”, termina Belén su declaración, mientras mueve los brazos con indignación.
Ella es de Piura, pero actualmente vive cerca al siempre transitado aeropuerto Jorge Chávez, en el Callao. Como pocas, cuenta con el apoyo incondicional de su familia y con un trabajo que le permite desarrollarse profesional y personalmente: labora en Trans, una organizacion feminista que defiende los derechos de esta comunidad; a su vez, es coordinadora de la “La Casa Trans Zuleymi”, la primera de este tipo en Perú.
Cada mañana, como la fuerte persona que es, Belén se levanta para luchar y defender a las mujeres trans en nuestro país, para quienes la violencia, discriminación y prejuicios son pan de cada día. Y es que los derechos humanos de la población trans femenina peruana son los más afectados dentro del colectivo LGBTIQ+. Es más, según el Informe Anual del Observatorio de los Derechos LGBT 2019, realizado por la Universidad Cayetano Heredia y el proyecto UNICXS, del total de denuncias registradas por el centro contra miembros del colectivo, el 42.9% corresponde a ataques a esta comunidad.
Por más irónico que parezca, cuando se trata de su comunidad, la discriminación no discrimina: las condena a todas por igual. Si bien el caso de Belén es excepcional, ya que cuenta con un trabajo formal, una red de contención emocional y los conocimientos necesarios para hacer valer sus derechos, al salir de su casa, nada la exime de ser una víctima de algún crimen de odio. Como cualquier mujer trans, se vuelve vulnerable ante sus circunstancias.
Con apenas 36 años de edad, Belén ya habría superado las expectativas de vida de su comunidad. Para la región latinoamericana, la esperanza de vida de una mujer trans es de 30 a 35 años, según concluye un documento de 2015 redactado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos titulado “Violencia contra Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex en América”.
En los zapatos de una mujer trans
Sus vidas no transcurren ni en paz, ni en igualdad. Por más de que en la teoría gocen de los mismos derechos que cualquier ciudadano, en la práctica son objeto de múltiples vulneraciones hacia sus derechos fundamentales.
El derecho al reconocimiento y respeto de la identidad de género “es el primero que se vulnera. Pero, a su vez, este impide acceder al derecho a la educación, a la salud, al trabajo y a una vida digna”, le explicó la periodista peruana y activista trans Gianna Camacho García a Punto Seguido. Ella forma parte del Proyecto Unicxs del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Sexualidad, Sida y Sociedad. Además, realiza trabajo comunitario con esta población, labor a la que regresó debido a la pandemia.
La también conocida como Ley Trans, “propone el reconocimiento legal de la identidad de género, el respeto de la identidad autopercibida y el libre desarrollo de la personalidad transgénero”, según el Congreso de la República. Foto: Archivo Prensa Joven.
Por su experiencia como activista y miembro de la comunidad, Gianna conoce de primera mano lo que es la violencia hacia las mujeres trans. El ataque hacia su identidad empieza con las trabas que pone la RENIEC al cambio de sus datos en el Documento de Identidad (DNI). Como cuenta la periodista, quienes quieran cambiar su nombre o sexo deben demandar al Estado, esperar varios años e invertir, en sus palabras, “un dineral”.
“El acceso a la educación no lo tenemos garantizado”, confiesa la periodista. El acoso escolar y la discriminación por parte de compañeros y profesores es algo común por lo que tiene que pasar la mayor parte de las personas trans. Según explica el informe “Derechos humanos de las personas LGBTI: Necesidad de una política pública para la igualdad en el Perú” de la Defensoría del Pueblo (2016), una de las principales consecuencias de dicha situación es que muchos estudiantes deciden abandonar su educación.
Por su parte, Hans Fernández, médico abiertamente homosexual y profesor de la plataforma de docentes de Instituto de Educación y Salud CEPESEX, explica a nuestro medio que, si no se respeta la identidad de género ajena, “[las personas trans] no pueden acceder a estudios [superiores]. Por lo tanto, no pueden sacar un cartón, lo que los hace incapaces de sacar un título educativo y conseguir un trabajo”.
Según la Organización Internacional de Trabajo, el bullying “inicia desde la escolarización y reduce las perspectivas de empleo. Este acoso y discriminación continua durante el empleo y al acceder a este, en algunos casos los trabajadores LGTB sufren de hostigamiento, abuso sexual, acoso y maltrato físico”.
Es por esto que cuando se habla de la situación laboral de la comunidad, hay que decir que sus oportunidades son muy limitadas. Sobre ello, Camacho explicó a Punto Seguido que, incluso si se abren plazas laborales para mujeres trans, estas no estarían capacitadas para tomar los cargos, considerando que una gran mayoría de ellas carece de estudios completos o títulos técnicos/universitarios. “Y si no pueden conseguir un trabajo, ¿entonces a qué se dedican?”, pregunta de manera retórica el médico Fernández. La respuesta es simple: el comercio sexual y la estética, dos empleos informales de paupérrimas condiciones laborales.
El doctor Hans Fernández comenta también que existe discriminación a nivel de acceso a los servicios de salud. El especialista admite que hace 20 años no se les enseñaba a los médicos a atender pacientes LGBT, lo cual representa un obstáculo al momento de garantizar el derecho a la salud de esta comunidad. Asimismo, el doctor Fernández sostiene que a las personas trans “no les da información sobre salud sexual y reproductiva”, pues esta se limita a informales sobre VIH y hormonización.
“Nosotros, como profesionales de la salud, atendemos seres humanos. Por dentro todos tenemos los mismos órganos: un corazón, dos pulmones, un hígado, dos riñones, una vejiga. Todos podemos padecer de las mismas enfermedades”, motivo por el cual todos deberíamos recibir la misma calidad de atención por parte de las instituciones y profesionales de salud, explica con énfasis el médico Fernández.
“Todos estos aspectos son importantes para que una persona peruana diga que tiene una ciudadanía plena. Pero, en nuestro caso, no se cumple. Cuando se nos compara [a las mujeres trans] con una persona peruana [cisgénero], nosotras siempre salimos perdiendo”, termina por declarar Gianna.
En el tope de la pirámide, pero en el olvido de la sociedad
Además de ser la comunidad más discriminada, la población trans femenina también es la más violentada. Según revela el mencionado informe de la Universidad Cayetano Heredia y el proyecto UNICXS, para 2019 se registraron 4 asesinatos a mujeres trans, 14 casos de acoso, 8 actos de discriminación en el ámbito privado, 15 delitos de función policial, 11 reportes de violencia física, 2 actos de discriminación por parte del Estado, 10 actos de discriminación interpersonal y 9 vulneraciones de diversa índole (difamación, extorsión, afectaciones colectivas…).
No obstante, aquí vale la pena hacer una aclaración. Según revela la activista Belén Zapata, existe un problema de subregistro de la violencia a esta comunidad. En sus palabras, y hablando como representante de la organización Trans, “nosotros intentamos registrar todas las [denuncias] que nos llegan. Pero cuando vas a una comisaría, tu denuncia queda guardada bajo un nombre, pero sin especificar si era trans o gay o bisexual”, lo cual dificulta contabilizar las agresiones y crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género.
Belén explica también que, si bien observatorios más grandes como el de la Cayetano Heredia recolectan cierta data, estos solo toman en cuenta los casos de los cuales reciben denuncias directas o que aparecen en los medios de comunicación. Además, hay que considerar que “primero, no todos denuncian y, segundo, las denuncias no siempre son claras” respecto a por qué sucedieron los hechos, recalca la activista afrofeminista.
Además, como sostiene el profesor Fernández, es necesario capacitar a la población LGBTIQ+ para que pueda identificar los distintos tipos de violencia que sufren y denunciarlos apropiadamente. “Nosotras hemos tenido que crear mecanismos de defensa para nosotras entre nosotras”, complementa Zapata desde su experiencia como mujer trans. “Porque buscar denunciar un acto de violencia recurriendo al Estado o a la comisaría es toda una odisea”, sostiene la activista.
Según el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar (2019), los diferentes tipos de violencia que fueron denunciados por la comunidad son: psicológica (49%), física (40%) y sexual (11%). Sin embargo, existen más. Según la ONG Ayuda en Acción, se debe considerar otros cuatro factores: la violencia institucional, que se refiere a las autoridades y/o funcionarios que impiden la posibilidad de que las personas ejerzan sus derechos y participen en la vida pública regular; la económica, es decir, cualquier acción que busque la pérdida de sus recursos económicos o patrimoniales y que evita que vivan una vida plena; la laboral, o el conjunto de trabas a las que se enfrentan al momento de postular a un trabajo por su identidad sexual; y la violencia simbólica, que impone un conjunto los estereotipos, valores, mensajes y/o signos que perpetúan la desigualdad social.
Todas estas expresiones de violencia derivan de una misma razón, la cual halla su explicación en la denominada “Pirámide de la violencia machista”, descrita en un artículo del psicólogo Adrián Triglia en portal web Psicología y Mente (s.f.). “Esta pirámide puede ser aplicable a cualquier población vulnerable, cuya base es el prejuicio y la discriminación. Luego, pasa a actos físicos y tangibles. Al final, se llega a los crímenes de odio”, explica el doctor Hans Fernández. Dicho de otro modo, la raíz de estos hechos son los estereotipos que existen sobre esta comunidad, los cuales estigmatizan y aíslan socialmente a esta comunidad.
Al hablar de violencia, nos referimos a una que a una que está dirigida a la persona en todo lo que representa, porque, como explica el médico Fernández, “aquí no se reconoce su identidad de género ni hay una Ley de Identidad de Género”. Es más, Zapata argumenta que hasta el último minuto de sus vidas son violentadas, pues ni siquiera después de muertas se les respeta su identidad. Esto considerando que en muchas de las lápidas se colocan los nombres legales y no los nombres sociales de las difuntas.
Esperanzas hacia el futuro
Cada 31 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero. Foto: Cortesía de Trans.
Con miras a mejorar la situación actual de las mujeres trans en Perú, diversas organizaciones sin fines de lucro intentan visibilizar sus causas. Sumado a ello, el médico Hans Fernández recalca lo importante que es capacitar tanto al colectivo LGBTIQ+ sobre sus derechos, como a los operadores de justicia (ya sean policías, oficiales de Serenazgo, autoridades comunales o alcaldes) sobre qué protocolos seguir y cómo actuar en el caso de que tengan que atender a algún miembro de esta comunidad. “Lo importante es la lucha contra los prejuicios, pues la ley puede estar allí, pero no servirá de nada si es que las autoridades no están sensibilizadas para tratar estos temas”, añade el doctor.
Además de la visibilización y adopción de protocolos, es vital que se apruebe una ley de identidad de género y otra contra los crímenes de odio. Mientras tanto, Belén cuenta que, como cualquier mujer trans en nuestro país, “vive con miedo y desconfiando de todo mundo”. Sin embargo, “son estas mismas situaciones las que me mantienen en pie, pues estar en los espacios [de activismo] en los que me muevo me permite ayudar a alguien más y buscar este cambio que tanto anhelamos” como comunidad, agrega orgullosa Zapata.
