Escrito por: El 3 de noviembre de 1991, 15 miembros del Grupo Colina, agentes de inteligencia adscritos al Servicio de Inteligencia del Ejército, ingresaron a una casona ubicada en el Jr. Huanta 840, distrito de Barrios Altos y asesinaron a 15 personas, entre ellas un niño de 8 años, y dejaron 4 personas heridas.
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A partir de las doce del mediodía, los vecinos de Barrios Altos celebraban la “Gran pollada bailable”, evento que era amenizado por música, comida y bebidas. La pollada se realizaba con la finalidad de recaudar fondos para poder reparar las tuberías del desagüe del inmueble. Según los testimonios de los sobrevivientes, a las 22:30 hombres con pasamontañas y armados con pistolas interrumpieron la celebración. Con insultos, amenazas y golpes sometieron a los concurrentes a tenderse boca abajo para finalmente asesinarlos. El resultado: casi una veintena de fallecidos.
Conforme a la Pericia de Balística Forense No. 3997/91 elaborada por la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, elaborada el 21 de noviembre de ese año, 130 casquillos de bala fueron encontrados en el lugar donde acontecieron los hechos. Este hecho, fue considerado el primer homicidio múltiple en la capital contra ciudadanos civiles en el contexto de acentuación de la violencia política, además de uno de los casos que supuso la más alta condena a Alberto Fujimori.
Las revelaciones de un exmiembro del Ejército, que perteneció al Grupo Colina, permitió conocer más detalles de lo que sucedió ese día. Entre los datos se señala que desde horas más tempranas miembros de la agrupación se habían acercado al evento social para realizar una vigilancia.
Luego de 6 años de impunidad y de impedimentos en el gobierno de Fujimori. Tras su autogolpe de estado en 1992, el caso Barrios Altos llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en el año 2003, publicó su sentencia. Ésta concluyó que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que impidieron la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos. En este sentido, en relación a Barrios Altos, la corte consideraba que las amnistías que obstaculizaron la investigación en realidad carecían de efecto jurídico. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema peruana condena a Alberto Fujimori a 25 años de cárcel por su autoría detrás de los casos de Barrios Altos y Cantuta en el año 2009.
Si bien las reparaciones civiles que en algún momento recibieron los sobrevivientes y familias de los fallecidos, como las condenas a los involucrados pudieron generar cierto avance de justicia del caso, nada podrá devolver la vida a los fallecidos ni la tranquilidad mental de los sobrevivientes. En Punto Seguido te invitamos a escuchar nuestro Podcast con el testimonio de Gladys Rubina, familiar de una de las víctimas de la matanza de Barrios de Altos.
