Escrito por: Las campañas de esterilización serán clave para el buen ejercicio de esta ley. (Foto: KAKEBO)
Las instituciones y organizaciones sociales continúan su lucha para que se cumpla lo que establece esta norma, que plantea estrategias responsables para evitar la sobrepoblación de animales en las ciudades.
Escribe: Eileen Fribourg
El miércoles 30 de junio el Congreso de la República aprobó la llamada “Ley Cuatro Patas”, teniendo 97 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones. Esta norma, que todavía espera ser implementada por los gobiernos locales, tiene como fin priorizar la esterilización de perros y gatos como componente de la política nacional de salud pública. Es decir que pasarían por el proceso de castración a través de programas financiados por el Estado, lo que representa una gran noticia, sobre todo, para los animales callejeros que esperan ser adoptados.
Hay que recordar que, según la asociación Voz Animal, en Lima existen más de 4 millones de perros y gatos abandonados por falta de educación y conciencia sobre la esterilización de animales domésticos.
La ley N° 31311 tuvo un proceso largo en el que participaron diversas organizaciones sociales. Una primera versión fue presentada el año 2019 por los congresistas Marisa Glave y Alberto de Belaúnde. Sin embargo, el Congreso fue disuelto unos meses después, evitando que se siga con el proceso. De Belaúnde volvió a presentar la iniciativa el periodo siguiente junto a Daniel Olivares y otros legisladores en una iniciativa multipartidaria.
En esa segunda etapa se incluyeron las observaciones, comentarios y dudas de los actores que participaron en mesas de diálogo. De esa manera, tuvo muchas modificaciones previas a la aprobación del Ejecutivo. Diana Flores Rojas, activista y vocera oficial del proyecto “Ley Cuatro Patas”, dio inicio al movimiento y explicó a Punto Seguido cómo se logró que se priorice esta iniciativa bajo la coyuntura en la que vivimos.
“Día a día, los activistas en todo el país han logrado hacer un sentido común de que la esterilización de perros y gatos es una medida necesaria para afrontar el maltrato animal y para enfrentar los problemas de salud pública, esa fue la mayor fortaleza. Si eso no hubiera estado presente, no hubiéramos tenido elementos para disputar dentro del Congreso”, afirmó.
¿Cómo se aplicará?
A partir de la aprobación de la ley, cada municipalidad tendrá diferentes funciones. El economista, asesor del proyecto y miembro de su equipo técnico, Jerico Fiestas-Flores, explicó en sus redes sociales que lo primero que se debe hacer es diagnosticar la situación de los animales callejeros en cada distrito y ver cuál es la mayor problemática que padecen. Esto es importante para identificar cuáles son los mejores mecanismos para implementar la norma.
En segundo lugar, se tiene que abrir una oficina de control poblacional a nivel municipal que se encargue de implementar las acciones que la oficina regional va a planificar con ellos. Una vez identificada la situación y las medidas más efectivas para combatirla (como jornadas de vacunación masiva o focalizada), estas pueden proceder. “Esto es una responsabilidad más, hacer las campañas permanentes y perennes para que puedan solucionar el problema a largo plazo. No basta con una al año, tienen que ser constantes”, añadió el asesor. Por otra parte, resulta fundamental la coordinación entre las oficinas regionales y las municipales, ya que estás últimas harán que se ejecuten las estrategias.
Trabajo conjunto
Las esterilizaciones no son una obligación, pero sí una recomendación para los dueños de las mascotas, sobre todo, de tener el dinero para hacerlo. Hay que tener en cuenta que, con la nueva ley, las veterinarias no están obligadas a ofrecerlas de manera gratuita; sin embargo, las clínicas privadas sí deberán cumplir algunas funciones.
Una de ellas es que deben informar sobre los beneficios de la esterilización y los cuidados que le tienen que dar las personas a sus mascotas. Como menciona Diana Flores, esto sirve para incentivar a que más servicios veterinarios privados ofrezcan precios accesibles.
“Se tiene la obligación de implementar o facilitar el desarrollo de programas, campañas y acciones de esterilización, convocación de permanencia, primera atención y lo que se requiere para un auxilio inmediato, que se realizará con precios humanitarios priorizando los más vulnerables”, enfatiza Flores acerca de lo escrito en el artículo 9 de la ley. Esto quiere decir que tanto las asociaciones protectoras como la sociedad civil tienen la responsabilidad de promover que sus gobiernos locales hagan cumplir la norma.
