La ola de extorsiones contra empresas de transporte público se disparó a más del 60% en los últimos seis meses, según el representante del Consorcio Empresarial del Callao. Solo en el 2025, al menos 17 choferes han sido asesinados por negarse a pagar cupos.
Por: Griselle Reyna
Según Waldo Poma, representante del Consorcio Empresarial del Callao, la ola de extorsión contra empresas de transporte formal pasó del 10% en septiembre de 2024 a más del 60% en febrero de 2025, una escalada sin precedentes que evidencia la rápida expansión del crimen organizado en el sector. En Lima y Callao, el Estado apenas responde con titulares mientras la sangre sigue corriendo en las pistas.
El pasado 10 de abril, 20.000 unidades paralizaron Lima en señal de protesta. Fue el quinto paro en siete meses. Los transportistas pidieron algo elemental: no morir en el trabajo. La respuesta estatal incluyó un “cuarto de guerra”, militares en las calles y una ley para tipificar el “terrorismo urbano”. Pero la violencia sigue avanzando y la impunidad también.
Estado de emergencia no frena extorsiones
El 60% de empresas de transporte formal son víctimas de mafias, incluso pagando a tres bandas distintas, según el Consorcio Empresarial del Callao. Según la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), las cuotas van desde S/3 diarios por unidad hasta S/30.000 o S/50.000 mensuales.
Ante esta presión insostenible, muchas empresas se retiran: el 20% de los concesionarios ya abandonó la actividad.
Desde el 17 de marzo, Lima está en estado de excepción. Pero en la primera semana de abril, dos choferes fueron asesinados: Paul López (51) y Loymer Benigno (38). ¿Resultados? Según el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de la Libertad Efectiva (RENADESPPLE), en el primer trimestre de 2025 hubo 56,593 detenciones.
Según el analista Juan Carbajal, las cifras podrían dar la impresión de que la Policía Nacional está capturando a peligrosos criminales, tal como se promueve desde el llamado “cuarto de guerra” liderado por la presidenta Dina Boluarte.
No obstante, señala en su cuenta de X que la realidad es muy distinta, ya que solo el 1.38% fueron por extorsión, homicidio o secuestro, lo cual no representa un incremento con relación previa al estado de excepción.
El paro de transportistas 10 de abril
El 10 de abril, más de 20.000 unidades de transporte público se detuvieron. ¿Por qué? Porque morir por llevar gente a su trabajo dejó de parecer razonable. Elliot Castañeda, representante de la empresa Etuchisa “El Chino”, declaró a Punto Seguido que a diario enfrenta el peligro sin recibir protección del Estado.
“Salgo todos los días a las 4 a.m., arriesgando mi vida. ¿Alguien me cuida? Tengo una familia que me espera y la necesidad de trabajar”, contó.
La empresa Etuchisa, organizó el paro del 10 de abril y esta fue la quinta protesta en siete meses. Y aún así, el gobierno tardó 12 horas en pronunciarse. La presidenta Dina Boluarte, desde su “cuarto de guerra”, aseguró que un paro “no evitará que la lacra social desaparezca”.
La única propuesta concreta hasta ahora ha sido: tipificar la extorsión como “terrorismo urbano”.
Según InSight Crime, Lima lidera las cifras de extorsión: 5.708 denuncias en 2024. Pero el subregistro es brutal. Muchas víctimas ni siquiera denuncian por miedo a represalias. Mientras tanto, las rutas se vacían, los pasajeros esperan y, lamentablemente, los transportistas se convierten en cifras.
