Reducción de pensiones en instituciones educativas privadas

AislamientoCongreso
Clases en medio de la pandemia

Foto: Andina

Más de 65,000 estudiantes de educación superior tecnológica no se han matriculado en el primer semestre del año y se calcula que, en los próximos meses, hasta 170,000 estudiantes más podrían abandonar sus estudios. En respuesta a ello, Unión por el Perú y Acción Popular presentaron sus proyectos de ley.

Escribe: Susana Condado Trelles  

Frente a la crisis mundial que atravesamos, las clases -tanto para el sector público y privado en cada uno de sus diferentes niveles- se han visto afectadas. Se dejaron de lado las aulas y las pizarras para migrar a las sesiones virtuales desde casa. Sin embargo, otras aristas se sumaron a la gran caja de Pandora que se abrió desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia como consecuencia de la propagación del coronavirus. Entre ellas, los despidos, la suspensión perfecta de labores (a la que cerca de 11,000 empresas peruanas se han acogido), la ausencia de trabajo en el caso de los independientes y el alza de precios en algunos productos de primera necesidad tanto en los supermercados como en los mercados.

El presidente de la Asociación de Institutos y Escuelas de Educación Superior, Julio Cárdenas, señaló para una nota del diario Gestión que “el 50% de los estudiantes se pagan sus estudios trabajando en el sector servicios, quienes han perdido sus empleos y otra parte importante son subvencionados por sus familias que se encuentran en el sector informal, que también ha sido impactado”. En ese sentido, algunas instituciones educativas han implementado programas de apoyo como:

  • Mayor número de becas
  • Reprogramación de pagos
  • Exoneración de moras y gastos administrativos
  • Recategorizaciones
  • Descuentos en cuotas pendientes
  • Acceso a planes de datos

No obstante, Cárdenas añade que eso no ha sido suficiente y que “se necesita el apoyo del gobierno en esta difícil situación para que los jóvenes no trunquen su proyecto de vida”. Es por ello que recientemente los partidos Unión por el Perú y Acción Popular presentaron sus proyectos de leyes en donde se contempla la reducción de pensiones en instituciones educativas privadas.

PROPUESTAS DEL LEGISLATIVO

Por un lado, Javier Mendoza Marquina, congresista del partido Unión por el Perú, presentó el Proyecto de Ley N°5061/2020-CR, iniciativa legal que promueve la reducción excepcional de pagos de pensiones y trámites administrativos en institutos y universidades de hasta un 50% por la emergencia sanitaria del covid-19. Por otro lado, Walter Rivera Guerra, congresista de la bancada de Acción Popular, presentó el  Proyecto de Ley N°5068/2020-CR, iniciativa que pretende reducir en forma diferenciada las pensiones en instituciones educativas privadas de educación básica y/o superior en todas sus modalidades. Dentro de sus principales propuestas se encuentra la reducción diferenciada de 25%, 30% y 40% en las boletas de instituciones educativas superiores.

A raíz de la presentación de ambos proyectos se manifestaron opiniones contrapuestas y es que a pesar de ser medidas necesarias se critica si son o no constitucionales. En ese sentido, Punto Seguido conversó con Anibal Quiroga, abogado litigante experto en derecho constitucional y con Cristina Chiabra, abogada especialista en protección al consumidor y derecho corporativo, quienes afirmaron que no solo se violenta la libre competencia sino también el derecho a la contratación.

“La propia constitución señala que los contratos no pueden ser modificados por normas legales. Hay que tener en cuenta que cuando un padre de familia matricula a su hijo en un colegio privado celebra un contrato de servicio. (…) El contrato solo puede ser modificado por la voluntad de las partes, por una decisión judicial o por un lado arbitral”, afirma el doctor Anibal, quien además considera que hay una corriente populista en la actualidad que, de alguna manera, incentiva a que estas iniciativas políticas tengan auge entre la gente. Efectivamente, en el artículo 62 de la Constitución Política del Perú se señala que “(…) los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase”.

En adición a ello, la doctora Cristina enfatiza que “el Perú tiene un mercado liberal y no se pueden establecer precios ni fijar descuentos en el pago de las pensiones (…) lo que podría hacer el Estado es verificar el cumplimiento del servicio educativo con la currícula”. Además, “la educación virtual tiene también un costo y las universidades deben continuar pagándole a los profesores (…) Esa premisa que señala que como la educación ahora ya no es presencial hay una serie de costos que se ahorran es una premisa que no tiene un sustento real. Más bien, hay muchos colegios y universidades que hicieron efectiva la suspensión perfecta con los docentes porque no tienen cómo pagarles ya que los padres han retirado a sus hijos o simplemente no se está cumpliendo con el pago de las pensiones”, agrega Anibal.

Justamente, esos incumplimientos de pago y retiros son los que señala Julio Cárdenas, el presidente de la Asociación de Institutos y Escuelas de Educación Superior, desde un inicio y es que es una problemática que nos afecta a todos en alguna medida. No obstante, recortar la pensión de los alumnos hasta en un 50% o incluso en su totalidad, en casos específicos, podría agravar la situación para los docentes y administrativos de las instituciones, quienes también tienen una familia que mantener.

“La única posibilidad que el Estado ha dado es que las personas que ya no puedan pagarle a un particular tengan las facilidades para trasladarse a un colegio entidad estatal”, señala Cristina. Sin embargo, para las instituciones educativas de nivel superior es más complicado porque está de por medio el examen de admisión y eso representa una problemática para los estudiantes que cursan los últimos ciclos de su carrera.

Lo cierto es que la situación que nos ha tocado vivir no solo trunca las metas profesionales y los sueños de muchos jóvenes peruanos sino también “pone en riesgo el empleo de 30,000 docentes, 10,000 trabajadores administrativos y sus familias”, como indicó Cárdenas. Habrá que esperar la resolución de ambos proyectos de ley y, en todo caso, evaluar una propuesta que beneficie a ambas partes.


Reducción de pensiones de Susana