Escrito por: Foto: Andina
Escrito por Eileen Fribourg
A partir del 2018 las personas con discapacidad gozan de capacidad jurídica plena gracias a los cambios en el Código Civil mediante el Decreto Legislativo N°1384. Sin embargo, la discriminación y los estereotipos hacia este grupo de personas persisten.
El mes pasado, los comediantes Ricardo Mendoza y Jorge Luna se burlaron del equipo de Futsal Down que representó al Perú en el mundial en su show de “Hablando Huevadas”. Esto alzó una serie de comentarios en contra de ellos y se reflexionó acerca de las situaciones que degradan a las personas con discapacidad. La Sociedad Peruana de Síndrome de Down difundió un mensaje respondiendo al suceso:
“Rechazamos totalmente los comentarios y fomentamos todas las muestras de respeto e inclusión hacia todas las personas. Solo lograremos que nuestro país se desarrolle integralmente si logramos respetarnos todos”
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se pronunció de igual manera al suceso y recalcó que el humor no debe ser burla, ya que exacerban prejuicios. También añadió que al reirse de una broma sobre personas con Síndrome de Down, se está dando paso a la discriminación, cosa que es un delito. Para fomentar la inclusión es fundamental erradicar estos actos y darles la confianza que necesitan para que tengan una vida plena.
Por otro lado, el Colectivo Down Perú señaló que la Tercera Copa del Mundo de Futsal Down fue una oportunidad para dar a conocer las capacidades y el potencial de los jóvenes con síndrome de down. Por eso, los comentarios que refuerzan estos estereotipos vulneran derechos y avasallan la dignidad de las personas con discapacidad. Ellos tienen derecho al respeto e inclusión social, pero a pesar de que esté en la ley, todavía siguen siendo apuñalados por la ignorancia.
La Defensoria del Pueblo recomienda que se incluya en las leyes penales la causal de discriminación por motivo de discapacidad en actos y expresiones que se difundan en las redes sociales y medios de comunicación. Aquellos actos que denoten perjuicio psicológico o moral hacia estas personas deben ser condenadas. Esto con el fin de prevenir que se siga faltando el respeto y violando la dignidad de las personas que presentan limitaciones.
