El Perú enfrenta serios desafíos con la trata de personas en regiones vulnerables. Los captores, en su mayoría, se presentan ofreciendo falsas ofertas de trabajo. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (MININTER), entre 2017 y 2023, el 74% de las víctimas fueron engañadas mediante este método. El 63% de los casos están relacionados con explotación sexual, la forma más frecuente de trata, según CHS Alternativo.
Por: Valeria Iparraguirre
La trata de personas no es un problema reciente en el Perú: ha estado presente durante siglos. Sin embargo, este fenómeno ha ido en aumento con el paso del tiempo. En 2023, según cifras del Ministerio Público, se recibieron 1.814 denuncias, mientras que en 2024 se registraron 1.900 denuncias, lo que equivale a cinco casos diarios de trata de personas. Pese a la gravedad de la cifra, la respuesta judicial fue limitada: solo hubo 30 sentencias condenatorias, lo que representa apenas el 1,58% de los acusados.
En 2022, la Policía Nacional del Perú (PNP) reportó un total de 631 denuncias de trata de personas en todo el país. De estas, el 63,2% correspondió a explotación sexual, seguida por la explotación laboral con un 30,7%.
Soluciones del Estado frente a la problemática
Las autoridades han intentado enfrentar esta problemática mediante la Ley N° 28950, Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, creada en 2007. Esta norma, según El Peruano, establece medidas para prevenir y sancionar estos delitos, además de regular la protección y asistencia a las víctimas. En 2021, la ley fue modificada por la Ley N° 31146, que endurece las penas por trata de personas, amplía la definición del delito, fortalece la protección de las víctimas y ordena que el Estado promueva campañas educativas y refuerce la capacitación.
Además, el gobierno ha elaborado un Plan Nacional contra la Trata de Personas que establece acciones de prevención, persecución penal y atención a víctimas. Existen fiscalías especializadas en trata de personas en diversas regiones del país, como Lima, Cusco, Madre de Dios, Loreto, Tumbes, Piura, Tacna, Arequipa, La Libertad y Puno, entre otras. Asimismo, se creó la Unidad contra la Trata del Ministerio del Interior (MININTER), que coordina acciones entre la Policía, la fiscalía y organizaciones civiles como CHS Alternativo, Capital Humano y Social, y otras ONG que trabajan en la prevención, rescate y reintegración de víctimas, actividades en las que frecuentemente suplen las carencias del Estado.
Situación crítica
Ante ello, Punto Seguido realizó una entrevista a Mercedes Arce, directora de Programas y Proyectos de CHS Alternativo, en donde indicó que el 82% de las víctimas son mujeres y el 58% son menores de edad, entre 11 y 17 años. Además, señaló que, aunque las leyes podrían garantizar justicia, el Estado no muestra iniciativa en su implementación y las reparaciones no se cumplen.
“El Estado podría empezar por crear más centros de acogida residencial, ya que solo existen siete en todo el país y están destinados exclusivamente a menores mujeres. La situación actual representa un trabajo forzoso que no está siendo intervenido por las autoridades”, declaró Mercedes Arce. Según un informe de la Universidad del Pacífico, el delito de trata de personas es la segunda economía ilegal más lucrativa del país. Esta actividad ilícita genera aproximadamente 1.300 millones de dólares al año, cifra que supera incluso los ingresos del narcotráfico. Sin embargo, el Estado solo destina 0,12 céntimos por persona en su combate, según CHS Alternativo.
Además, Arce señala que la mayoría de los casos de trata en el Perú se concentran en zonas dominadas por economías ilegales, como la minería ilegal, el narcotráfico y la tala ilegal. Este fenómeno está vinculado a factores como la impunidad, la corrupción de autoridades, la normalización del delito en estas comunidades y la falta de acceso a economías lícitas para la población. Resaltó que, principalmente, las víctimas son explotadas sexualmente.
“Los 1.900 casos reportados en 2024 se distribuyen de la siguiente manera: Lima presenta la mayor cantidad con 527 casos, seguida de Tacna con 105, Huánuco y Arequipa con 101 cada una, Madre de Dios con 84 y Puno con solo 15 casos, a pesar de su fuerte actividad minera informal”, detalló Mercedes Arce.
La trata de personas sigue siendo un desafío urgente en el Perú, donde la impunidad y la falta de recursos obstaculizan su erradicación. Para enfrentarla, es crucial fortalecer la aplicación de la ley, invertir en protección y reinserción de víctimas, y promover la denuncia y la conciencia pública. Solo con un esfuerzo conjunto entre el Estado, las organizaciones civiles y la sociedad se podrá reducir este crimen y proteger a quienes más lo padecen.
