Poco más de un cuarto de siglo ha pasado desde la noche en que un grupo militar vio truncado su plan para destituir del poder a quien había realizado el último golpe de Estado, disolviendo el Congreso de la República. Punto Seguido rememora esta fecha recordando los hechos ocurridos el 13 de noviembre de 1992.
Redacción: Gianmarco Linares
[slideshowck id=16711]
Han pasado veintiséis años de la madrugada del 13 de noviembre de 1992 en la que estuvo a punto de llevarse a cabo una operación militar insurgente. Dicha operación tenía como finalidad el arresto y posterior juicio del triunvirato dictatorial: el ex Presidente, Alberto Fujimori; su ex asesor, Vladimiro Montesinos Torres y quien era General del Ejército Nicolás Hermoza Ríos; ellos habían secuestrado la democracia siete meses antes.
Las malas prácticas e irregularidades dentro de las Fuerzas Armadas, como los ascensos o pases a retiro de Oficiales a voluntad de Montesinos, sirvieron de condiciones para el descontento y desprestigio tanto a la institución militar como a sus miembros. En 1991, el General de División, Jaime Salinas Sedó, fundador del movimiento insurgente, encontró, sorpresivamente, su pase al retiro; había sido aprobado por Hermoza, quien se haría del rango de la Comandancia General del Ejército. El autogolpe de Estado, perpetrado por Fujimori, vulneró la vigente Constitución de 1979 y fue el detonante para que varios Oficiales, respaldados por las distintas FF.AA, organizaran el plan para restaurar la democracia en el país y devolverle la transparencia y dignidad al Ejército Peruano.
El movimiento fue formado por Salinas y otros Generales del Ejército, algunos en periodo de retiro. El liderazgo recayó democráticamente en el General de División Luis Alcantara Tello, por ser, a palabras de Salinas, una lógica que haría que el movimiento respondiera a decisiones institucionales, ya que él, debido a su condición de retiro, no se encontraba en facultades de mando. “(…) No queríamos que se pudiera pensar que el movimiento obedecía a intereses de oficiales en retiro, sino que eran oficiales en actividad que habían decidido cumplir con la Constitución y no estar sometidos políticamente a Vladimiro Montesinos”, dijo el General Salinas.
Las condiciones estarían dadas. Un miembro del movimiento logró infiltrarse a los roles dentro de Palacio de Gobierno. También, logró reportar que Fujimori tenía dos opciones de fuga ante cualquier peligro que se viva dentro del lugar: el Cuartel General del Ejército o las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Salinas cuenta que ambos lugares estuvieron vigilados y listos para ser intervenidos. La madrugada del 13 de noviembre había llegado y era el momento de iniciar el plan. Decenas de Oficiales se encontraban esperando la ejecución en un taller en la Avenida República de Panamá, ubicado Surquillo. No se actuaría hasta saber dónde estaría Fujimori, una vez que el infiltrado de Palacio genere una situación de emergencia que lo amerite. Ocurrido esto, aproximadamente a las 11 p.m. del 12 de noviembre, empezaron los inconvenientes. El General Alcántara no había asistido a la reunión en el taller. Un malestar físico de su madre lo hizo tener que ausentarse y, como principio institucional que no se debía romper, la ejecución no se podía dar sin la orden del líder.
Además, a la reunión habían asistido el Comandante Elías Moyano y el Mayor Pacheco, este último en representación de su superior, el Comandante Jorge Cabrera Rodriguez. Moyano era jefe de un batallón de tanques y, Cabrera; de un batallón de carros blindados. Entre los dos se complementaban para ser una fuerza con la que se quería contar para un ejercicio de simulacro en las afueras de Palacio una vez que se ejecuten las tres detenciones. Las facultades de estos dos Oficiales para hacerse con estas unidades fueron las razones por la que se decidió contar con ellos. Moyano y Pacheco, miembros de la División Blindada (DB), ubicada en el distrito del Rímac, dejaron la reunión para acudir a su División. Como medida de contrainteligencia, el Coronel Víctor Granda Guzman realizó un seguimiento a ambos Oficiales para verificar que desarrollen su orden. La versión de Granda indica que Moyano y Cabrera, este último, una vez informado por Pacheco, informaron al Comandante General de la DB, César Saucedo Sánchez, quien se encontraba también en las instalaciones del Rímac a esas horas de la noche.
“Tengo la certeza de que si esos dos muchachos no hubieran informado a Saucedo lo que pasaría, nada de lo que conocemos hubiera pasado. Cuando Saucedo contacta a Hermoza y este a Montesinos, Fujimori huye a la embajada. Si hubieran tenido todo controlado ¿Se hubiera ido a la embajada? Después, se jactaron de haber conocido y controlado el plan desde tiempo antes. Vendieron otra historia.” indicó el Coronel Granda. Después de encontrar movimientos raros en la DB del Rímac, además de no ubicar a Moyano, Granda decidió advertir a los Oficiales del movimiento sobre los hechos y el plan fue replegado. Sirvió de sospecha de informantes el hecho de que Fujimori no se haya refugiado en el Cuartel General ni en el SIN; la embajada de Japón era un recurso inesperado.
De hecho habría un costo: Hermoza mandó a detener a los pocos Oficiales que se encontraban aún en el taller a altas horas de la madrugada. Existieron, además, detenciones arbitrarias como la del General de Brigada Manuel Obando: “El Estado ya estaba preparado por los informantes. Después vino la patrulla que disparó a diestra y siniestra. Al día siguiente nos detuvieron a casi todos.” Durante la persecución de la madrugada del 13 de noviembre hubo disparos. El hermano del General Obando, Victor Obando, recuerda como reconoció a uno de sus subordinados, mientras que él se encontraba refugiado bajo un vehículo: “Hermoza le dijo a las FFAA que nosotros éramos del MRTA. Hubo una persecución. Suerte que vi al hijo de un Comandante que me reconoció y así detuvimos el tiroteo. Con ellos estaba el General Pérez Documet.”
Pero el General Jaime Salinas precisó un hecho que pudo haber advertido a Hermoza y Montesinos sobre los planes de captura del movimiento insurgente: un par de días antes del 13 de noviembre, Fujimori realizaría un viaje a Piura. Oficiales de la FAP coordinaron con Salinas para ordenar la detención del avión una vez que este aterrizara en Lima. El piloto debía forzar el aterrizaje de retorno una base aérea en Pisco, por razones de emergencia institucional. Una vez ahí, sería detenido. Todo parecía calculado, pero una orden de Palacio decidió cancelar el viaje. El intento por incorporar al General Oscar Graham no tuvo éxito. Pese a esto, el Oficial aseguró no tener voluntad, tampoco, de informar sobre el movimiento. Sin embargo, la sospecha de su delación funcionaria de razón por la cual se da la orden de cancelar el viaje y, por lo tanto, la posterior noción de los planes del 13 de noviembre. Años después, se supo, por un reportaje de IDL, del aviso del coronel Graham Ayllón, hijo de Oscar y quien fue Comandante General del Ejército años más tarde.
Moyano declaró, posteriormente, en contra de los Oficiales sentenciados arbitrariamente aludiendo a su que habría sido su deber. Víctor Granda considera la delación hacia Saucedo como causal del fracaso del plan que restituiría el Estado de Derecho: “Es por esto que el plan llega a saberse. Estoy convencido que no fue una acción producto de la inteligencia (de fujimori y montesinos)”. Dicha delación les costaría años de cárcel, torturas, procesos arbitrarios y el fin de la carrera militar de muchos. “A mi me pusieron ocho años por ir a reunirme y volver a mi casa. Por intento de asesinato a Montesinos. Cumpli 2 años y 7 meses. Salimos por la ley de amnistía que dieron para liberar a los actores de la Cantuta.” Recuerda Manuel Obando, uno de los dos militares que recibieron el ascenso luego de denunciar al Estado por los crímenes cometidos por el triunvirato que se impregnó en los poderes del este por años.
“La decisión fue: Operación cancelada hasta nueva orden. Nueva reunión para planear acciones futuras en una semana. Una semana después, todos estábamos presos.”, agregó Salinas. Tras veinticinco años, los Oficiales del 13 de noviembre están a la espera: aún no han sido indemnizados pese a existir una ley que, gobierno a gobierno, se ha ido aplazando y que vela por la compensación ante el acto de defender la democracia.
