El Parlamento aprobó una ley para la expulsión inmediata de extranjeros detenidos en flagrancia delictiva el pasado 14 de mayo, buscando frenar la inseguridad. La medida, que divide opiniones entre expertos legales, se implementa como respuesta a la creciente preocupación ciudadana por la delincuencia.
Por: Yeline Arce
El Pleno del Congreso de la República del Perú aprobó un dictamen que tiene como objetivo principal agilizar el proceso de expulsión de ciudadanos extranjeros detenidos en flagrancia delictiva. La medida fue respaldada por una votación de 96 congresistas a favor, 2 en contra y 5 abstenciones. Esta iniciativa legislativa, que introduce modificaciones al Decreto Legislativo 1350 (Ley de Migraciones), establece que la expulsión podría ser ejecutada en la audiencia de control de detención o dentro de las 24 horas siguientes a la captura, una vez comprobada la flagrancia del delito.
Esta nueva ley surge como una respuesta a la creciente preocupación ciudadana por el aumento de la delincuencia en el país. Los congresistas que impulsaron la medida afirman que este sistema busca optimizar el control migratorio y ofrecer una respuesta directa a la necesidad de mayor seguridad y orden. Además, señalan un incremento en la detención de extranjeros durante operativos policiales, tal como reporta el Ministerio del Interior en su Boletín Informativo del 1 de enero al 31 de marzo de 2025. No obstante, esta medida ha generado ya un debate considerable sobre su legalidad y su posible efectividad en la práctica.
En el centro del debate
Para profundizar en las implicaciones de esta normativa, Punto Seguido conversó con Rogelio Yucra, abogado penalista y egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En sus declaraciones sobre la presunta vulneración durante este proceso, Yucra afirmó: «Los principios del debido proceso son contextuales a la naturaleza del procedimiento. Si el extranjero tiene derecho a un abogado y a ser oído en la audiencia de control, se respetan las garantías básicas, es decir, no está siendo vulnerado».
Sin embargo, la abogada María José Paz, en una entrevista para Punto Seguido, señaló que, si bien nuestra Ley de Migraciones ya decía que se podía expulsar a alguien sorprendido en delito sin necesidad de una sentencia final, esta nueva ley, al hacer todo más rápido, «termina afectando derechos básicos de un proceso justo». Paz explicó que esto pone en juego principios fundamentales como la presunción de inocencia (que dice que eres inocente hasta que se pruebe lo contrario), el derecho a que todo esté bien claro en la ley (legalidad) y que las conductas estén perfectamente definidas (tipicidad).
Otro de los puntos debatibles en esta ley es precisamente la naturaleza de la expulsión y si esta es realmente una pena o una medida administrativa. Yucra también explicó la principal diferencia con la forma en que se expulsaba antes. Dijo que, si bien la expulsión tradicional ocurre como un castigo extra después de que alguien ya fue sentenciado en un juicio, esta nueva ley funciona distinta: es una medida administrativa que se aplica de inmediato si una persona es encontrada cometiendo un delito en el momento. Es decir, no es un castigo penal en sí, sino una acción de control migratorio para proteger la seguridad y el orden del país.
Esta nueva ley de expulsión inmediata marca un punto de inflexión en la política de seguridad del país. Su implementación busca una respuesta más rápida a la delincuencia, en un contexto donde el Ministerio del Interior reporta un incremento en la detención de extranjeros durante operativos policiales en lo que va del año, con 369 detenciones más que el año anterior. No obstante, el debate legal persiste sobre el balance entre la eficacia de la medida y el respeto a los derechos fundamentales. La forma en que esta normativa se aplique en la práctica será clave para definir su impacto real en la seguridad ciudadana y en el marco legal peruano.
