Foto: Andina
Según la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (ASOTRANI), más del 50% de las empresas de transporte urbano de Lima y Callao están siendo extorsionadas.
Escribe: Ariana Vargas (Periodismo Digital)
Lima Metropolitana y el Callao se han convertido en el epicentro de la criminalidad. En lo que va del 2025, 15 conductores de transporte público han sido asesinados en más de veinte atentados. No obstante, no todos presentan una denuncia. Según la encuesta de Inseguridad, Sistema Judicial y Opinión Pública realizada por Ipsos Perú en febrero de 2025, el 50% de los encuestados denunció por temor a posibles represalias. En esa misma línea, el 70% de la población señaló que no confía en la Policía Nacional del Perú.
Estos ataques son producto del sicariato y de la ola de organizaciones dedicadas a la extorsión que golpea al país. En una entrevista exclusiva para Punto Seguido, Walter Carrera, presidente de ASOTRANI, señaló que la violencia no ha disminuido a pesar de la vigencia del Estado de Emergencia. Además, criticó las medidas tomadas por el gobierno de Dina Boluarte, señalando la inexistencia de un plan estratégico claro. Aunque los militares resguarden las calles, los atentados no han disminuido.
Debido a ello, el pasado 10 de abril más de 240 empresas de transporte paralizaron sus recorridos como forma de protesta ante la ola de inseguridad y la falta de acción del Estado. Asimismo, el representante del gremio transportista advirtió que las pérdidas económicas por este tipo de protestas superarían los 200 millones de soles. Además, denunció que su gremio no fue convocado a la mesa de diálogo de esa misma fecha.
Impacto de la inseguridad ciudadana
Según el último Informe Técnico de Estadísticas de Seguridad Ciudadana (julio-diciembre 2024) del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el 85,5% de la población urbana considera que puede ser víctima de un delito en los próximos doce meses. Además, el informe reveló que solo el 20,2% de las personas que sufrieron algún delito lo denunció. Muchos consideran que denunciar es “una pérdida de tiempo”. En esta línea, según datos del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) se han registrado 721 homicidios hasta abril de 2025 pese a la declaración del Estado de Emergencia.
Por otro lado, en una entrevista para Punto Seguido, el economista Eduardo Recoba menciona que una paralización significa una pérdida del 0,1% al 0,4% del producto bruto interno (PBI), lo que equivale entre 300 a 700 millones de soles diarios. En el caso específico del transporte público, Lima representa un tercio de la población nacional. Recoba señaló que los transportistas de la capital estarían enfrentando pérdidas de hasta 200 millones de soles por día cada vez que ocurre una paralización o cuando dejan de circular debido a un atentado.
El marco legal: ¿una solución o un problema?
Diversos gremios y sectores como el de transportes, las bodegas, empresarios de Gamarra, entre otros, cuestionan las modificaciones legislativas aprobadas por el Congreso. Según ellos, en lugar de combatir el crimen, los cambios habrían debilitado la lucha contra la delincuencia. Respecto a ello, la Ley 30077 contra el crimen organizado, modificada en el tercer trimestre de 2024 por la ley 32108 y 32138, establece que:
“Se considera organización criminal a todo grupo con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa compuesto por tres o más personas con carácter permanente o por tiempo indefinido que, de manera concertada y coordinada, se reparten roles correlacionados entre sí, para la comisión de delitos de extorsión, secuestro, sicariato y otros delitos sancionados con pena privativa de libertad igual o mayor de cinco años en su extremo mínimo con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro de orden material”.
Los gremios transportistas y sectores como el gastronómico, comerciantes de Gamarra, entre otros, han convocado a un paro nacional para el día miércoles 14 de mayo. Los gremios señalaron que el propósito de este paro es hacer un llamado a la ciudadanía para que se unan a combatir este problema que afecta a todos por igual. Además, ellos buscan llamar la atención del gobierno peruano, con la intención de derogar la Ley N°32108 y conseguir soluciones óptimas que frenen la ola de criminalidad que viene atacando al país.
