Escrito por: El ejercicio de la mala praxis de las comunidades terapéuticas contra sus pacientes, incluso después de la aprobación de la regularización de la ley en el año 2012, ha permanecido, de modo que se siguen vulnerando los derechos básicos de sus adictos internos.
Por Bruno Bullon, Antuanet Cordova, Andrea Laredo, Camila Mendoza y Omar Sarmiento
Solo tres hospitales en el Perú tienen programas de internamiento para combatir adicciones, y peor aún, todos ellos ubicados en Lima, la capital. Así, el Hospital Hermilio Valdizán, el Hospital Víctor Larco Herrera y el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi son insuficientes para atender las demandas de alrededor de 400 mil drogodependientes del país, según las cifras registradas por el Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO).
Los centros especializados mencionados, tienen como requisito que el ingreso sea voluntario de parte del paciente. Sin embargo, la verdad es que la mayoría de los drogodependientes se rehúsa a ingresar a un centro. El psicólogo especializado en adicciones, Iván Rebaza, señala que las personas que consumen drogas no suelen nunca aceptar que deben entrar a rehabilitación, pues ellos no reconocen su enfermedad. Agrega que, ante la necesidad y desesperación en la que se encuentran las familias del afectado, estas optan por el internamiento forzado, que solo se da en las comunidades terapéuticas. En este contexto, las comunidades terapéuticas aparecen como una especie de alternativa “segura” para los pacientes adictos. Estos centros ofrecen, en teoría, tratamiento residencial para personas
dependientes de sustancias psicoactivas en ambientes, supuestamente, estructurados con un marco dentro de un aspecto ético y moral bien definido. También, en sus portales web, varios prometen que operan en un clima “afectivo”, según un modelo adecuado de tratamiento alternativo.
La Ley N°29765 permite que se creen bajo cualquier forma societaria o asociativa, establecida en nuestra legislación, con el fin de reinserción en la sociedad de las personas dependientes. Lamentablemente, la realidad es muy distinta a lo que dicen estos enunciados. Acorde a dicha ley, los centros de rehabilitación, que funcionan como comunidades terapéuticas, deben cumplir con una serie de requisitos para poder operar formalmente. Entre los principales requerimientos, están el contar con una infraestructura adecuada, y que esté en buen estado, contar con ambientes completos como un tópico para urgencias, cocina, comedor, dormitorios amplios, área administrativa, área del personal, área de control de visitas, entre otros. Asimismo, otra obligación fundamental es contar con una organización básica, que comprenda un director general, personal, administrativo, un profesional médico y un equipo terapéutico multidisciplinario.
En la práctica, la mayoría de estos centros funcionan de manera irregular e, incluso, utilizan métodos violentos, que ponen en riesgo la seguridad física y psicológica del paciente. Especialmente en este punto la práctica contraviene a la ley. Ciertas metodologías y terapias que utilizan, ponen en peligro la integridad del paciente, vulnerando además su dignidad; sin embargo, la ley exige y señala explícitamente que una de las responsabilidades del Director General es garantizar la integridad física, y respetar los derechos fundamentales del paciente.
Comunidad Terapéutica Cristiana del Divino Salvador: no es lo que dice ser
Uno de los centros que incumplen con las normas establecidas es la comunidad terapéutica cristiana “Divino Salvador”, que funciona desde hace 28 años, dando tratamiento a personas drogodependientes. La primera impresión que da, al ingresar al establecimiento, es la de una pequeña casa de campo, con una piscina y cancha de fútbol, donde parecen darse campeonatos entre los pacientes. En ese primer momento, luce como un lugar adecuado para que los dependientes puedan recuperarse e, inclusive, gozar de amplias instalaciones. Los familiares, además, pueden confiarse de la “acreditación” de la Asociación de Comunida de Terapéuticas Peruanas, que está conformada por dieciocho comunidades, como aquella. En nuestra búsqueda de información, dimos con que la Junta Directiva de la Asociación está dirigida por ellas mismas, y Divino Salvador tiene la vicepresidencia. Es decir, se autoacreditan entre ellas ¿Otorongo no come Otorongo?
Así, la vida de los internos no se asemeja mucho a la imagen que el centro brinda en sus redes sociales, mostrándose como una comunidad modelo capacitada. En una entrevista de nuestro equipo de Punto Seguido un ex paciente, que fue internado dos veces en el centro de tratamiento “Divino Salvador”, narró que durante su primera pasantía, vivió con dos menores de edad, uno de ellos fue un niño de 13 años, y el otro tenía 17 años, cuando en su página web indica que es solo para mayores de edad. Asimismo, nos explicó que, en sus primeros meses, tuvo que dormir junto a un paciente esquizofrénico joven, el cual, pese a que tomaba bastante medicación, tiraba excremento a las camas de sus compañeros de habitación.
Nuestro entrevistado relata también que los internos drogodependientes que se consideraban “estables”, se encargaban del cuidado de los pacientes psiquiátricos, ayudándolos y cumpliendo el papel de niñeros, rol que no debían realizar por no estar capacitados para ello, ni en condiciones apropiadas de salud mental. “Nosotros los ayudábamos, más que todo los cuidábamos, les decíamos los bebés de la casa”, cuenta el exinternado.
Además, confirmó haber sido testigo del uso de violencia en la inserción de internos y aseguró haber visto cómo amarran a los nuevos ingresantes: “Si estás muy violento ya, te amarran a la cama, tus manos y tus piernas te las amarran de esquina a esquina”. El equipo de Punto Seguido se contactó con uno de los administradores del centro, que confirmó que los dopaban con un relajante muscular, y se los llevaban al centro, donde perdían contacto con sus familiares por un mes y medio para evitar rencores.
Según nuestro expaciente entrevistado, el llamado “Hermano Manuel” —Manuel Aguirre— es un ex adicto que tiene la responsabilidad de conducir el Centro Divino Salvador, y él delega las acciones de control o represión a ciertos pacientes, en los que pone su confianza.
Centros como Divino Salvador se muestran como la única opción viable para muchos los familiares desesperados, pues los hospitales que cuentan con un adecuado programa contra la adicción, solicitan como un requisito primordial, que el enfermo esté “limpio” 15 días, y asista voluntariamente. Cuando los adictos no quieren ir de forma consentida, las familias optan por el internamiento forzado, el que solo brindan las comunidades terapéuticas. Así es como la madre de un expaciente, que prefiere mantenerse en el anonimato, sostiene que esa fue una de las razones por la que eligió internar a su hijo en el centro “Nuestro Divino Salvador”.
Por otro lado, el exinterno comenta que todos los subordinados del centro Divino Salvador, tienen un historial de recaídas. “Todos son ex adictos… varios de los quenos cuidaban tenían recaídas”. El especialista Rebaza destaca la irregularidad de las comunidades terapéuticas, al ser dirigidas por personas que constantemente recaen en la adicción. Asimismo, señala que las personas adictas tienen facilidad para manipular a su entorno; por ello, discrepa que estos encargados tengan este antecedente, dado que suelen ejercer manipulación con de los familiares o tutores, especialmente frágiles en estas circunstancias. La madre de Carlos menciona que sentía “desesperación de querer ayudar a un familiar. “En esos momentos, yo me sentía vulnerable y opté por esa opción”. Por la situación en la que se encuentran, los administradores se aprovechan de ellos para conseguir su objetivo: evitar que salgan incluso en el tiempo debido.
