Escrito por: Foto: ANDINA/ Daniel Bracamonte
Tras trece años de suspensión, el CMLO continúa sus labores bajo el lema “Empresa de los trabajadores, para los trabajadores y la población”, pese a fallo en contra de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Por Aarom Alarcón
Durante mucho tiempo, La Oroya fue considerada una de las diez ciudades más contaminadas del mundo, según el Instituto Blacksmith de Nueva York. Esto se debió principalmente a las actividades del complejo metalúrgico, que incluían fundición, refinación y minería. En 2009, Doe Run Perú se declaró en insolvencia debido a problemas económicos que le impidieron cumplir con el último proyecto del Programa de Adecuación Ambiental (PAMA) de ese año. Como resultado, el complejo metalúrgico fue cerrado indefinidamente tras un fallo en su contra por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, la decisión del organismo internacional fue impulsada por las constantes demandas de justicia de los residentes de La Oroya, quienes buscaban reparación por la violación de sus derechos fundamentales debido a la contaminación con metales pesados y la falta de medidas adecuadas por parte del Estado. En octubre de 2023, el complejo metalúrgico fue reabierto con el propósito de contribuir a la economía de la región y del país.
Esta vez, la administración estará a cargo de Metalúrgica Business Perú S.A.A. (MBP), una empresa especializada en refinería, que fue aprobada previamente por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y por Jaime Chávez Riva, quien era viceministro en ese momento. Durante la apertura, el presidente de MBP, Luis Castillo, aseguró que el complejo metalúrgico desarrollará sus actividades con respeto irrestricto al medio ambiente, a los derechos laborales y con la participación de las 21 comunidades ubicadas en la zona de influencia. En este último aspecto, se dará prioridad de empleo a los residentes de la región Junín. “Hoy podemos decir que contamos con todos los permisos y licencias otorgados por el Gobierno, lo cual merece nuestro reconocimiento”, afirmó Castillo durante el anuncio oficial.
A pesar de las reiteradas afirmaciones sobre el cuidado del medioambiente y el respeto a los pobladores aledaños, siguen llegando numerosas quejas y pedidos de auxilio por parte de los residentes. Además, la escasa atención médica en la ciudad agrava los problemas de salud relacionados con metales pesados, especialmente en niños y adultos mayores. Durante meses, diversas empresas privadas han colaborado con el complejo en actividades como minería, extracción, fundición y refinación en La Oroya. Una de estas empresas es Automotriz Central del Perú, concesionario autorizado del grupo Volvo, ubicado en Huancayo. Job Córdova Yacolca, gerente general de esta empresa, ha notado un aumento en la contaminación debido a los frecuentes viajes al complejo metalúrgico.
“Es un sentimiento diferente; cualquier persona nota la diferencia al entrar a La Oroya. El aire que se respira es muy distinto; en algunos momentos he sentido dolor en las fosas nasales e, incluso, picazón”, comentó Córdova sobre su experiencia en el complejo metalúrgico. “Algunos de mis colaboradores no quieren ir a La Oroya, mencionan que no hay médicos y que no tienen a quién recurrir si se sienten mal”.
Hasta la fecha, las autoridades no se han pronunciado al respecto, aunque se estima que lo harán pronto, debido al reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del complejo metalúrgico, que otorga solo un año para regularizar los niveles de polución en el ambiente.
