La decisión del Tribunal Constitucional de permitir la entrega de la píldora del día siguiente de forma gratuita volvió a despertar la polémica en la opinión pública nacional. Ante ello, surge la cuestión sobre si algunos derechos dejarán de ser minimizados por el Estado o si prevalecerán los intereses de algunos grupos sociales.
Por Keshia Barraza, Aylin Chira, Fernando De La Rosa y Ximena Ibañez
“Acá no damos la pastilla, eso lo encuentras en farmacias”, dijo la funcionaria del área de planificación familiar en el Seguro Social de Salud (EsSalud) de San Miguel. Tenía ropa de enfermera, estaba ordenando papeles y, cuando se percató de otra presencia en la sala de espera, preguntó: “¿Tienes cita?”. Para verificar el procedimiento que cualquier mujer debe pasar al solicitar la pastilla del día siguiente, no se asistió al establecimiento de salud en calidad de periodistas, sino como cualquier paciente lo haría. Se le respondió con una negativa y, a cambio, se le solicitó el AOE (anticonceptivo oral de emergencia), comúnmente conocida como la pastilla del día siguiente.
“Hay ampolla, el método de T de cobre, preservativo, pero la pastilla del día siguiente, eso no. Eso tú lo tienes que comprar”, indicó la enfermera. Según la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), el precio mínimo del levonorgestrel, componente de la pastilla del día siguiente, es de seis soles en el sector público y de diez soles en el sector privado, dependiendo del distrito donde se adquiera. Sin embargo, en las farmacias, figura como condición de su venta tener receta médica.
La señora miró con extrañeza a través de sus lentes hasta que se hizo alusión a la reciente decisión del Tribunal Constitucional sobre la distribución gratuita del AOE. La enfermera contestó que tal vez podría encontrarla en algún hospital del Ministerio de Salud (Minsa).
En una nota de prensa de dicha institución, el Dr. Guillermo Atencio, director ejecutivo de Salud Sexual y Reproductiva del Minsa, informó que desde enero del 2023 se distribuyeron 80.000 pastillas del AOE a nivel nacional. En efecto, a partir de la decisión del TC, se ha incorporado la pastilla del día siguiente dentro de la gama de productos que se brindan en los servicios de planificación familiar.
En la Calle Nauta 122, en el Callao, se encuentra el Puesto de Salud San Juan Bosco, al que varios vecinos de la zona se acercan de manera cotidiana. Otra reportera de este medio también lo hizo. Ella fue a pedir la pastilla del día siguiente, pero se la negaron.
En 2009, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó la detención de la entrega gratuita del anticonceptivo oral de emergencia, conocido como la píldora del día siguiente, debido a los efectos abortivos que supuestamente generaba el medicamento, según la ONG “Acción de Lucha Anticorrupción”. Esta organización fue la que solicitó la privación de la entrega de la píldora mediante una demanda de amparo al Minsa en 2004.
La decisión se mantuvo hasta 2019, cuando la ciudadana Violeta Gómez Hinostroza interpuso una demanda contra el Minsa por atentar contra los derechos reproductivos y, finalmente, el 30 de marzo del 2023, el TC declaró fundada la demanda interpuesta por Gómez. De esta manera, se ordena al Minsa a cumplir con la entrega gratuita de la píldora del día siguiente en cualquier centro de salud público del país.
“Si un establecimiento de salud incumple con esta decisión, es importante que, como Defensoría del Pueblo, logremos identificarlos y poner en conocimiento a la Dirección de Salud Sexual Reproductiva a fin de superar este problema”, declaró Eliana Revollar, la defensora del pueblo, a Punto Seguido. La idea es que “se cumpla con garantizar a todas las mujeres, en particular a niñas y adolescentes, el acceso oportuno y adecuado a los servicios de salud sexual y reproductiva”, agregó.
Los argumentos de todas las partes
En una nota de prensa digital del TC, el magistrado Helder Domínguez señaló que la decisión se basó en evidencia científica de diversos organismos de que la píldora no es abortiva. Por lo tanto, no existen razones para limitar al Estado en su deber de permitir el acceso a los medios de planificación familiar ni impedir el alcance de la información sobre métodos anticonceptivos a las mujeres.
En esa línea, Claudia Juárez, historiadora en temas sociales, afirmó que “siempre se ha luchado en el Perú para que las mujeres decidan sobre su cuerpo, por lo que es un hito importante por temas como las diferencias sociales”. Además, factores como las diferencias económicas y el hecho de que la entrega sea gratuita “crean una igualdad de derechos para todas las mujeres, el cual es un paso pequeño, pero equitativo e importante de cara al futuro”, indicó.
Tras la decisión del TC, se ha producido un debate en el cual existe una parte a favor que considera vital dicha medida para continuar con la defensa de los derechos reproductivos, y una oposición que califica a la píldora como abortiva y cuyo consumo atenta contra la dignidad y moral humana.
“De hecho, esta decisión del TC abre puertas positivas, ya que se garantiza a las mujeres de condiciones menos favorecidas, de bajos recursos, que tengan un acceso al AOE y esto redunda en su autonomía reproductiva”, señala Melissa Guillén, representante de la ONG Manuela Ramos. A su vez, explica que habría un efecto cultural al establecerlo como política pública, ya que esta sentencia no solo implica la entrega de la pastilla en todos los establecimientos públicos. “También, viene aparejada de otras acciones del Estado para que las mujeres reconozcan que este es su derecho”, añade.
En diálogo con Exitosa, el vocero del colectivo “Con mis hijos no te metas”, Christian Rosas, aseveró que “no se puede hacer cómplice a los cristianos, judeocristianos, católicos, provida, a que con sus impuestos se esté financiando el impedimento de implantación de un embrión, que para nosotros es sagradísimo”, en consecuencia, “la gran nación peruana va a verse perjudicada por unos químicos que no reconocen la dignidad”, explicó.
Una realidad preocupante
Actualmente, el Estado peruano brinda diversos métodos anticonceptivos gratuitos en los centros de salud. Entre las opciones se encuentra el DIU (Dispositivo intrauterino), el implante subdérmico, inyectables, preservativos, etc. En su web oficial, se observa la prevalencia de métodos focalizados en las mujeres, siendo ocho las alternativas posibles. En el caso de los hombres, solo se encuentran disponibles el preservativo y la vasectomía. Para la adquisición de estos elementos, es obligatorio recibir una orientación por parte del cuerpo médico especializado y la firma de un acto de consentimiento.
En la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del 2021, se detectó que el 78.1% de las mujeres entre casadas y convivientes usan un método anticonceptivo; sin embargo, 21.1% señaló que usan un procedimiento tradicional. Estos no son más del 80% seguros, siendo de los más inexactos y dejando libre la posibilidad de un embarazo no planificado. Asimismo, el método más usado en el 2021 era la inyección.
A comparación con el año 2020, el uso de anticonceptivos solo se elevó un 0.7%, siendo 77.4% el anterior. Empero, se observa que el Perú posee cifras de 19.9% en cuanto a la posibilidad de que las mujeres no encuentren un método anticonceptivo. Es decir, el país ha retrocedido cinco años en este aspecto, debido a que este porcentaje es similar al observado en el 2016. Cabe recalcar que dentro de la encuesta no se detalló el método utilizado por los hombres.
Según la Defensoría del Pueblo, se debe reforzar la atención de salud sexual, reproductiva y materna, pues las principales consecuencias de no abordar este tema son el incremento de embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual. En el 2019 y 2020, año de la pandemia, los casos de mortalidad materna aumentaron en un 45 % (de 302 a 439). La cifra se incrementó en 12 % entre 2020 y 2021, llegando a registrarse 493 víctimas el año pasado.
Hablar de sexo no es solo eso
Según profesionales de la salud sexual, en los últimos años, la importancia sobre abordar la salud sexual ha cobrado una fuerza cada vez mayor en la población peruana. Aunque para la sociedad puede ser un tema tabú, son estos profesionales los que informan sobre lo importante y crucial que es este asunto, tanto desde la perspectiva educativa como sanitaria.
Claudia Juárez apela a su experiencia como educadora en colegios y enfatiza en la relevancia de hablar sobre el respeto y cuidado del cuerpo, el aborto y demás temas morales con el fin de darle a los alumnos la máxima información posible y que sean ellos quienes saquen sus propias conclusiones. “Hay muchas escuelas que lo omiten, pese a estar en el programa escolar, y así es como muchos profesores están atados de manos. Por tanto, no hay una educación igual para todos”, aseveró Juárez. “La herramienta de la educación sexual está en manos de los maestros, pero también tiene que ver quiénes dirigen las instituciones educativas, porque son ellos quienes ponen las reglas del juego”, agregó.
Según cifras del Banco Mundial, 7 de cada 1000 mujeres están embarazadas o ya son madres en Canadá, el país donde reside Juárez. En Perú, la cifra cambia a 120 de cada 1000. En ese sentido, la especialista menciona que, a partir de los 10 años, todos los niños canadienses reciben cursos ligados a la educación sexual integral. “Se habla abiertamente del tema con los niños desde esa edad. Así, obtienen información bastante relevante sobre el tema, y se les enseña cómo cuidar su cuerpo, específicamente por las infecciones de transmisión sexual, embarazos o VIH”, señaló Juárez.
Algunas profesionales dedicadas a informar sobre el tema desde la sexología, como Romina Castro, dejan en claro la relevancia de hablar sobre la salud y educación sexual, pues abarcan todas las etapas de la vida. Castro asegura que “por el silencio y la falta de información, tenemos altas tasas de embarazos no deseados, de ITS, de violencia familiar y de género; y sobre todo por falta de información es que las mujeres no conocen de lo que es capaz su cuerpo. Ceden y no ponen sus límites”.
A su vez, la sexóloga afirma que el Estado podría continuar con la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. “Se requiere información y educación sexual a la mano. No podemos brindar la pastilla del día siguiente de forma gratuita sin una educación que la acompañe. Hay que tener cuidado con su consumo y eso no se sabrá si no hay información al respecto”, asegura.
Por su parte, Sofía Carrillo, activista y especialista en derechos sexuales y reproductivos, comenta que “en esas circunstancias donde están en riesgo [las mujeres], el Estado tiene que actuar. Los centros educativos deben garantizar herramientas para que los niños y niñas tengan posibilidades de prevenir. Los profesores deben estar atentos a situaciones que coloquen en riesgo a los estudiantes”. En esa línea, Carrillo, quien también es periodista, destaca lo estipulado en el marco legal, dado que “debe reconocerse que el código penal sanciona el delito de discriminación, y que todas las personas deben tener garantizado el respeto a su libertad sexual e identidad”.
Muy interesante. Me agrada la introducción, ya que brinda una visión de la problemática. El podcast refleja una platica en confianza y llena de buena información. ¡Gran trabajo!