¿Una Pizarra Limpia?

UPC

Con 77 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones el Congreso de la República aprobó la cuestión de confianza propuesta por el Poder Ejecutivo.

El primer ministro Salvador del Solar se presentó el pasado martes 4 de junio ante el pleno para sustentar la cuestión de confianza.(Foto: Andina.pe)

Escribe: Rodrigo Ortecho

Luego de dos días de debate, y una semana desde que se presentó la cuestión de confianza, el Parlamento le otorgó el pedido de confianza al gabinete del premier, Salvador del Solar, por cinco proyectos de reforma política. El voto de la bancada mayoritaria de Fuerza Popular fue dividido, con 33 a favor, 16 en contra y 2 abstenciones, mientras que las agrupaciones Alianza Para el Progreso, Peruanos por el Kambio y Cambio 21 votaron a favor de la cuestión de confianza.

Uno los principales puntos que debatieron parlamentarios de las bancadas del Apra y Fuerza Popular fue la supuesta “inconstitucionalidad” en la que estaría incurriendo el Poder Ejecutivo. Según el abogado constitucionalista, docente de la PUCP, Daniel Soria “la censura y la cuestión de confianza no tienen motivos, son recursos políticos-constitucionales del Congreso y el Ejecutivo, respectivamente, para hacer prevalecer una postura política”. También recalcó que la disolución parlamentaria no es un coercitivo, sino un mecanismo constitucional para solicitar al pueblo que decida finalmente.

Soria, de la misma manera, también se refirió a las cinco reformas políticas que el Congreso tendría que aprobar sin ninguna modificación considerable antes del término de la legislatura, para que se pueda aplicar desde el año 2021. Si en este tiempo desde que se cedió la confianza hasta que se cumpla el plazo determinado por el Ejecutivo se cambia alguna de las enmiendas “este puede interpretar que se está cometiendo un acto inconstitucional, sus opciones, sea este el caso sería: negociación política, nueva cuestión de confianza o un impulso de referéndum”.

Estos proyectos, impulsados por el Gabinete Ministerial, pretenden regular la democracia interna de organizaciones políticas, la inscripción de estas organizaciones, la tipificación de los delitos de financiamiento de los partidos, la paridad en las listas de los candidatos, la eliminación del voto preferencial y también la inmunidad parlamentaria.

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