Escrito por: En el cruce del jirón Moyobamba con la avenida Malecón Rímac, en el distrito de San Martín de Porres, se vive una pesadilla. Esta zona se ha visto afectada por el aumento del caudal del río, ocasionando el derrumbe parcial de una casa y la muerte de una madre y su hijo. ¿Qué están haciendo las autoridades?
Por Sebastián Cerrón, Kevin Lizana, Anghela Luna Victoria y Daniela Orellana.
“Lo que viví fue una tragedia, quedamos en shock. Nadie pensó que iba a ocurrir”, relata Hebert Mayo Cáceres (51 años). El martes 21 de marzo, a las 9 de la noche, el caudal del río Rímac se llevó gran parte de su hogar y sus pertenencias. En el lugar se encontraban dos de sus familiares, Rubén Flores Reyes (18) y María Rosana Reyes (35), quienes perdieron la vida tras el desastre.
Al llegar a la zona del jirón Cuzco, en San Martín de Porres, se pueden apreciar todo tipo de muebles al lado de la pista. Camas, sillas, mesas, incluso coches de bebé. También hay cintas rojas y amarillas que rodean algunas casas, todas con la palabra ‘peligro’. Aquí, en una de las zonas más vulnerables del malecón del río Rímac, un grupo deciudadanos vive las consecuencias del ciclón Yaku. Los vecinos están preocupados por su devenir, ya que la Municipalidad de San Martín de Porres les ha dicho que deben esperar entre seis meses y dos años para ser reubicados.
Aviso tardío
En marzo, abundaban los titulares sobre el ciclón Yaku y cómo afectaría su paso por el país. ¿Qué es exactamente un ciclón? Es un fenómeno climatológico que se da en la región suroriental del océano Índico o en el Pacífico suroeste, y que consiste en una tormenta de rotación rápida. Esto último hace que sea tan peligroso y destructivo. De acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial (OMM), las consecuencias de un ciclón pueden ser vientos fuertes, lluvias torrenciales, olas altas, mareas de tempestad e inundaciones. En el Rímac, el Ciclón Yaku ha significado el aumento del caudal, lo que ha generado dos pérdidas humanas, además de los daños materiales.
El 31 de marzo, el semanario Hildebrandt en sus trece publicó un informe que afirma que El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) habría tenido conocimiento de la presencia del Ciclón Yaku desde el 25 de febrero. Sin embargo, el gobierno de Dina Boluarte -específicamente la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Ambiente- ordenó que no se emitiera ningún tipo de alerta a la población, por lo que el desastre la tomó desprevenida. Punto Seguido pudo corroborar esta información a través de documentación del Senamhi a la que tuvo acceso, a pesar de que la institución negó las acusaciones en un comunicado.
Natalia Asto Angulo (63 años), vecina de la cuadra 30 del jirón Cuzco, brindó más detalles de lo que sucedió la noche del martes 21 de marzo. “Se sintió un estruendo como un terremoto, se hundió la casa. La señora y su hijo se fueron al río. Su hijo se estaba bañando y ella lo estaba esperando para darle la toalla, ahí es cuando se van abajo”, cuenta Asto. Se refiere a María Reyes y Rubén Flores, madre e hijo fallecidos en el accidente.
Por otro lado, el vecino Wilmer Ayasta (47 años) fue uno de los afectados que casi lo pierde todo. Afortunadamente, su casa estaba hecha con un material un poco más resistente y su esposa e hijo pudieron evacuar. “Mi casita tiene cimientos de piedra, aguantó, pero igual se sintió fuerte y tenemos miedo. Yo solo vengo por mi taller, pero no se puede estar acá”, comenta.
El pasado 22 de marzo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) reportó 69 muertes y más de 10 mil damnificados a consecuencia del ciclón a nivel nacional. Esto sin contar las personas que se han visto afectadas por pérdidas en infraestructura, ganadería y agricultura. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ciclón Yaku ha generado pérdidas de S/.1,300 millones en daños a infraestructura, cantidad que equivale al 0.1% del PBI. Dichas cifras ponen en perspectiva una tragedia que pudo ser evitada.
El Rímac, un problema social y político
Cuando se habla sobre el crecimiento desordenado alrededor del río Rímac, es claro que este se relaciona con una problemática más profunda. La Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, tiene por finalidad regular el uso y gestión integrada del agua, la actuación del Estado y los particulares en dicha gestión, así como en los bienes asociados a esta. En dicha ley se hace mención a la faja marginal. Las fajas marginales son áreas cercanas a una fuente natural que no puede ser habitada ni usada para finalidades comerciales o agrícolas. El ingeniero civil Carlos Orozco explica que, en el Rímac, esta faja marginal ha sido utilizada como depósito de desmonte y terreno para viviendas improvisadas. “Es gente de origen humilde, no tiene otra alternativa que exponerse a vivir en estas zonas intangibles. El tráfico de terrenos expone vidas humanas, las autoridades no deberían permitir esto”, afirma.
Lima no es la única capital latinoamericana atravesada por un gran río como el Rímac. En Colombia, el Río Bogotá está siendo rescatado gracias a la acción de las autoridades. Sin embargo, Orozco opina que, para que el Rímac pueda seguir este camino, se necesitan dos cosas: propuestas y planeación. “Es necesario realizar estudios sobre el comportamiento del río y poder diseñar una infraestructura que aguante desastres naturales”, precisa.
El panorama actual no luce favorable para el “Río Hablador”. Luego de las inundaciones y huaicos, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, fue desconcertantemente claro: “A mí no me preocupa el río Rímac”. Esto, a pesar de haber incluido en su campaña la propuesta retomar el proyecto ‘Río Verde’, iniciado en la gestión de Susana Villarán e interrumpido en la de Luis Castañeda, para construir el bypass de la avenida 28 de julio. La idea era recuperar la ribera del Rímac para los ciudadanos, construir parques y zonas de esparcimiento, entre otras obras. Todo parece haber quedado en el olvido.
Es claro que las autoridades prefieren reducir la importancia de esta problemática. El derecho a la vivienda está reconocido por la Constitución Política del Perú, ya que el Estado peruano reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto quiere decir que el derecho a la vivienda es un derecho social, siendo que el Estado está en la obligación de implementar políticas necesarias para la mejora de la calidad de vida y el acceso a la vivienda adecuada. El abogado experto en temas de vivienda, Cesar Sanchez, expresa lo siguiente: “Existen normas que establecen la prohibición de construir en ciertas zonas denominadas de riesgo, como son los cauces de los ríos, pero las autoridades están en la obligación de reubicar y brindar ayuda a quienes pierden sus casas debido a desastres naturales: la ley ampara a estos ciudadanos”.
Una solución temporal y efímera
La Municipalidad de San Martín de Porres instaló carpas en la loza deportiva John Luna Ugaz, ubicada en el cruce del jirón Cuzco y el jirón Bella Unión, para que los damnificados tengan un lugar donde dormir mientras esperan ser reubicados. Sin embargo, Nelson Saavedra, miembro de Defensa Civil de la Municipalidad de San Martín de Porres, mencionó que los vecinos ya no las utilizan desde hace aproximadamente una semana, pero que se les sigue otorgando algunos víveres. Lo cierto es que la vida sigue y los damnificados deben ganarse el sustento cada día, apesar de la tragedia. Muchos tienen trabajos informales y optan por alquilar cuartos por la zona.
Además de la colocación de carpas, las autoridades locales se han hecho presentes con la entrega del Bono de Arrendamiento de Emergencia, un subsidio de 500 soles mensuales por dos años. No obstante, a la hora de dar detalles sobre la reubicación, las evasivas se hacen evidentes. El Gerente de Participación Ciudadana de la Municipalidad de San Martín de Porres, Jose De La Cruz, comentó que, en colaboración con el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de Lima, vienen buscando terrenos que sean aptos para los ciudadanos. Sin embargo, De La Cruz indica que no es un proceso inmediato.
Esa es la única vez que los afectados por la catástrofe recibieron la visita de alguna autoridad. Hoy solo intentan salir adelante, mientras siguen esperando respuestas entre los escombros.
“(Las autoridades) solo vienen de vez en cuando pero, ¿qué hacemos? Solo toca esperar”, concluye Hebert Mayo, vecino que espera ser reubicado. Según De la Cruz, la reunión en la cual se discutiría sobre los terrenos ubicados en Dominicos y en Chuquitanta se celebró el martes 11 de abril; sin embargo, él no pudo asistir. Punto Seguido intentó volver a contactar en varias oportunidades al Gerente de Participación Ciudadana, pero no brindó respuesta alguna.
