Escrito por: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha publicado recientemente un informe detallado sobre la situación de las presuntas faltas cometidas por el Estado peruano en las protestas. Consultamos a especialistas sobre si sería factible o no para el estado seguir las recomendaciones.
Por: Maria Gracia Vega Morales
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe sobre las muertes y heridos que resultaron de las protestas del pasado enero. Este archivo contiene recomendaciones basadas en estándares internacionales de derechos humanos tras realizar una visita al Perú y conversar con autoridades competentes y familiares de víctimas. Aunque estas recomendaciones no son legalmente vinculantes.
El Estado peruano tiene la facultad y la responsabilidad de considerarlas y tomar acciones para implementarlas. La voluntad política y el compromiso del gobierno peruano son factores clave para determinar la probabilidad de que se sigan estas recomendaciones. Aun así, este informe establece que el Perú se encuentra en un estado donde se genera un “conflicto étnico”.
Le consultamos al politólogo Andrés Galarza si beneficiaría al Perú y nos dijo: “Considero que el estado peruano no debe acatar ninguna recomendación. Países más pequeños y débiles se han retirado de la CIDH y de sus competencias, y nada les ha sucedido”, declaró. Para Galarza, el Perú se encuentra vinculado con la Declaración de los Derechos Humanos y siempre han sido respetados de forma escrupulosa.
Además, el informe es sesgado y contradictorio. Se percibe al Perú como si se encontrara en un conflicto étnico, postura que para él no es correcta porque no se han aplicado políticas racistas contra los pobladores indígenas. Opina el politólogo que en el informe se desconoce por completo la violencia ejercida por quienes protestaron en las calles, ya que el ejército no es el único que actuó con violencia.
Por su parte, la abogada Josefina Miró Quesada sostiene que la CIDH en su informe promueve que el Perú y su estado cumpla con las obligaciones que tiene sobre derechos humanos. Miró Quesada establece que no solo se busca información para poder describir los hechos denunciados, sino que también se interpretan y encuadran para poder llevarlos a cabo.
También resalta que “Si uno se compromete a estas obligaciones, lo lógico es que, de buena fe, se cumplan. Tanto es así que el artículo 27 de la Convención de Viena reitera que los Estados no pueden invocar su derecho interno para no cumplir un tratado”, escribió. Miró Quesada aclara que no puede existir una injerencia por parte de la CIDH porque el Estado en plena libertad aceptó las obligaciones al unirse al tratado.
EL CONTENIDO DEL INFORME
Entre los temas abordados en el informe, se destacan la violencia de género, los derechos de las personas LGBTI+, la situación de los pueblos indígenas, la seguridad ciudadana y la libertad de expresión. La CIDH identifica obstáculos persistentes y recomienda acciones específicas para superarlos. Declara que el estado peruano tiene que aplicar medidas más drásticas para que esto no siga pasando.
En relación con la violencia de género, la CIDH destaca la necesidad de fortalecer la respuesta del Estado y mejorar la prevención, investigación y sanción de los casos. Asimismo, se enfatiza la importancia de garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral para las víctimas. Asegurando su bienestar y estando al pendiente de la integridad de quienes han sufrido daños.
En cuanto a los derechos de las personas LGBTI+, la CIDH insta al Perú a adoptar medidas efectivas para prevenir la discriminación y la violencia basada en la orientación sexual e identidad de género. También se hace hincapié en la importancia de garantizar el reconocimiento y el ejercicio pleno de los derechos de esta población, generando mejores políticas de inclusión.
En relación con los pueblos indígenas, la CIDH subraya sobre la necesidad de implementar medidas concretas para proteger y respetar sus derechos colectivos, incluyendo el derecho a la consulta previa, libre e informada en relación con proyectos que afecten sus territorios, recursos naturales y poblados étnicos que no solo sufren por el daño a su territorio, sino de discriminación.
En resumen, si bien no se puede proporcionar detalles específicos sobre las posibilidades de que el Estado peruano siga las recomendaciones del informe en cuestión, factores como la voluntad política, la presión de la sociedad civil y la colaboración pueden influir en la respuesta del gobierno. La implementación exitosa de las recomendaciones de la CIDH requerirá esfuerzos concertados y sostenidos por parte de las autoridades peruanas.
