Escrito por: Según un informe de SERVIR, el 65% de los servidores públicos manifestaron preocupación sobre los procesos de evaluación, temiendo que no serían capaces de cumplir con los requisitos. Foto: El Peruano.
A más de una década de su creación, la implementación de esta ley enfrenta serios desafíos, tanto en su aplicación como en la aceptación de los servidores públicos. Punto Seguido entrevistó a expertos en la materia.
Escrito por: Carla Arce
Desde su promulgación en julio del 2013, la Ley del Servicio Civil, conocida como Ley del Servicio Civil o Ley SERVIR (N° 30057), ha sido presentada como una herramienta clave para introducir la meritocracia en el sector público peruano. Su objetivo principal es asegurar que los empleados públicos sean seleccionados y promovidos en base a sus competencias, habilidades y vocación de servicio.
Gracias al aporte de expertos, como Franklin Valdivia, abogado laboralista, e Isabel Flores, ex funcionaria de SERVIR, analizamos las posibles barreras que impiden que esta ley cumpla su propósito.
Contexto legal y origen de la meritocracia en el sector público
La Ley SERVIR está precedida por normas que tienen el mismo objeto de promover el acceso al empleo estatal basado en la igualdad de condiciones y la meritocracia. Entre estas, destacan la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y la Ley Marco del Empleo Público.
Las leyes mencionadas anteriormente establecen que el acceso debe garantizarse en función de las competencias de cada candidato, protegiendo el derecho constitucional de los ciudadanos a participar.
Franklin Valdivia, abogado laboralista, subraya que el sector privado tiene un fin distinto al del empleo público, pues mientras que en el primero la búsqueda de beneficios económicos es legítima, en el segundo el objetivo es proporcionar servicios esenciales y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
«Por ello, deben existir evaluaciones previas en condiciones de igualdad, y se debe evitar que predominen intereses políticos o personales», afirma el especialista.
Desafíos de implementación
La Ley del Servicio Civil fue promulgada hace exactamente once años, pero no fue ejecutada por las entidades públicas sino hasta el 2014, con la expectativa de que en cuatro años todas las instituciones se adecuaran a sus disposiciones.
No obstante, según un informe de La República, hasta el 2023, de las más de 2 000 entidades públicas, solo 510 han iniciado acciones relacionadas con el tránsito hacia el régimen del servicio civil, y únicamente 14 de estas entidades han completado el proceso.
De acuerdo con Valdivia, el mayor reto es precisamente “que las entidades del Estado adapten sus documentos de gestión interna y muestren voluntad política para aplicar la ley”.
El abogado laboralista, advierte que, por muy bien estructurada que esté la Ley SERVIR, sus objetivos solo quedarán en aspiraciones si no se implementan correctamente en todo el sector público. «Sin las herramientas necesarias, estos fines no se concretan», comenta.
Además, subraya que la ausencia de evaluaciones rigurosas y objetivas es otro de los problemas recurrentes, ya que «nadie puede confiar en una evaluación transparente si existe una crisis de corrupción de por medio».
Por su parte, la ex funcionaria, Isabel Flores, añade que otro de los obstáculos para una correcta implementación es “el complejo tránsito a la ley, ya que implica identificar los perfiles de los puestos para hacer una asignación correcta”.
Al respecto, explica que muchas instituciones no tienen un conocimiento adecuado de las posiciones que realmente necesitan cubrir, lo que genera confusión y retrasos en la aplicación.
Incluso, este problema se debe, en gran parte, a la contratación indiscriminada y basada en favoritismos, lo que genera un desequilibrio en los salarios y en la asignación de funciones dentro del Estado. “A la hora de hacer el tránsito a la ley, esto se tiene que esclarecer: cuál es el perfil del puesto y el sueldo que tendrá ese perfil”, puntualiza.
El papel de la voluntad política
A pesar de los beneficios que podría ofrecer la Ley SERVIR, su implementación genera temor tanto entre trabajadores y jefes. Isabel Flores, comenta que los servidores públicos, en especial los sindicatos, perciben estas evaluaciones como un riesgo para sus puestos.
Sin embargo, aclara que “la ley no incluye despidos, por el contrario, busca un proceso más justo y transparente, pero muchos temen que no puedan cumplir con los requisitos que se les exijan”. Esta resistencia sindical es uno de los mayores obstáculos para avanzar en el proceso de meritocracia que se propone.
Este recelo se ha manifestado recientemente en el Congreso de la República, que propuso derogar o modificar estructuralmente la Ley SERVIR, evidenciando una falta de seriedad política en su implementación. Aunque han pasado más de diez años desde su promulgación, se sigue eludiendo la normativa, argumentando dificultades estructurales o falta de recursos.
El problema, recalca Valdivia, no reside tanto en la ley en sí, sino en la falta de voluntad política para aplicarla: «El reto no es solo tener una ley bien estructurada con fines nobles, sino que se requiere que las autoridades y funcionarios públicos estén dispuestos a cumplirla».
La ex funcionaria también enfatiza la ironía de que en el exterior el modelo del servicio civil peruano, haya sido considerado un referente, mientras que en el propio país no se aprecia su valor.
“Es increíble porque en el extranjero mucha gente consideraba que el modelo del servicio civil del Perú es verdaderamente un modelo, pero aquí, por desconocimiento y porque ataca intereses, no ha tenido el suficiente compromiso de la alta dirección”, enfatizó la ex funcionaria.
A pesar de estas dificultades, Flores concluye que, si se lograse implementar la Ley SERVIR correctamente, “ayudaría a disminuir la corrupción en las instituciones porque los puestos serían meritocráticos, y eso mejoraría sin duda el servicio civil en el país”.
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