Escrito por: Conversamos con representantes de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre el impacto que tendría este proyecto de ley y otras iniciativas similares del Congreso.
Escribe: Sergio Herrera Deza
En agosto del 2022, el congresista Segundo Montalvo Cubas (Perú Libre) presentó un proyecto de ley que busca incrementar hasta cuatro años la pena privativa de libertad para los delitos de difamación y calumnia. Su discusión en el Congreso se aplazó por meses hasta que el pasado jueves 4 de mayo, el proyecto se aprobó en primera votación con 68 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones.
De inmediato, se encendieron las alarmas y los gremios periodísticos como la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPS) la consideraron una “Ley Mordaza”. Sería un proyecto que podría utilizarse como herramienta para acallar periodistas que denuncien actos de corrupción de funcionarios públicos. Finalmente, las críticas a la iniciativa llevaron a la bancada de Perú Libre a postergar la segunda votación al 25 de mayo. Sin embargo, conviene preguntarse, ¿por qué la “Ley Mordaza” supondría un peligro para la libertad de prensa?
En diálogo para Punto Seguido, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), expresó que el proyecto de Perú Libre va en contra de todos los estándares latinoamericanos en materia de libertad de expresión. “Nosotros desde la SIP, venimos desde hace muchos años, insistiendo que las afirmaciones que hagan los periodistas y medios no deben ser penalizadas. Si no, en todo caso deben ser motivo de una causa civil en caso haya un manejo irresponsable del contenido emitido”.
El gobierno podría intervenir en caso se aprobara la ley
Tras la aprobación de la ley en primer dictamen, el Ejecutivo tardó algunos días en aclarar su postura al respecto. Finalmente, el 10 de mayo, Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, se manifestó en contra. “Desde un punto de vista ya personal, yo creo que la mejor ley de prensa que debe existir es aquella que no existe”, declaró Otárola en una rueda de prensa. Tres días después, el ministro de Justicia, Daniel Maurate, respaldó las declaraciones de Otárola, argumentando que el proyecto de ley era inviable, porque es “inconstitucional”.
Para Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), el gobierno de Dina Boluarte tendría poco margen de acción en caso se aprobase el proyecto de “ley mordaza”. “Si el gobierno es coherente con lo que dice el Ministerio de Justicia, debería observar la ley si se aprobara en el Legislativo. El problema es que el proyecto volvería al Congreso y ellos tienen el patrón de aprobar leyes por insistencia”, declaró Lainez para Punto Seguido.
En este escenario, la “Ley Mordaza” sería aprobada en el Pleno y posteriormente evaluada por el Tribunal Constitucional (TC). Si este organismo no declara su ilegalidad, quedaría una última opción: presentar una denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “El problema es que una discusión en la Corte puede durar hasta siete u ocho años. Y durante ese periodo tendríamos vigente una norma legal de esta naturaleza”, advierte Lainez.
“En este momento hay muchos medios que buscan compensar la caída de recursos publicitarios con modelos de membresías o suscripciones. Evidentemente, estamos viviendo un proceso de transición en que la prensa debe encontrar un nuevo punto de equilibrio por la pérdida que se ha producido por esta derivación, fruto del avance de las redes sociales y el mundo digital en general”.
Carlos Jornet sobre qué medidas deben tomar los medios para evitar la dependencia a la publicidad estatal y privada.
¿El Congreso ha presentado otros proyectos de ley de este tipo?
La llamada “Ley Mordaza” no es la única amenaza que el Congreso ha interpuesto a la libertad de prensa. En marzo del 2023, la congresista Noelia Herrera (Renovación Popular) presentó un proyecto de ley que establecía que solo los periodistas titulados y colegiados pudiesen ejercer la profesión en el país. Al respecto, Jornet expresó lo siguiente. ”Nosotros creemos la necesidad de la profesionalización periodística, pero no se puede de ningún modo exigir por parte del Estado un título habilitante o una licencia. Eso representa una traba para la libre expresión”.
“Nosotros tenemos afiliados en zonas como la cuenca del Marañón. Allí no enseñan periodismo ni en la universidad pública o la privada. ¿Qué pasa con esos medios si se aprueba una ley en la que sólo puedes trabajar en un medio de comunicación si estás colegiado?”
Zuliana Lainez sobre lo injusta que sería la Ley de Colegiatura para la prensa regional del Perú.
¿Quieres saber más? Te presentamos una línea de tiempo con todos los proyectos de ley anti-libertad de prensa que se han presentado durante los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte:
