Escrito por: El caso más reciente de un crimen contra un líder indígena fue el de Santiago Contoricón.
Este 2 de mayo, el Ministerio del Interior (Mininter) informó que los efectivos policiales detuvieron a Ronal Pozo Huamán, de 26 años, presunto implicado en el crimen del Santiago Contoricón, líder de la comunidad asháninka que fue asesinado el pasado 8 de abril en Puerto Ocopa, Satipo. Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, desde el 2020, veinte líderes indígenas y defensores de la Amazonía fueron asesinados por criminales vinculados al narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal y el tráfico de tierras.
El 9 de abril, en respuesta a la muerte de Contoricón, laCentral Asháninka del Río Tambo (CART) emitió un comunicado, informando que la víctima y los comités de autodefensa del Río Tambo se enfrentaron a narcotraficantes que pretendían usar su territorio para trasladar cocaína hacia Ucayali y señalan que ese fue el motivo del crímen.
Punto Seguido habló con el especialista del Instituto de Defensa Legal (IDL), Álvaro Másquez Salvador, quien nos explicó por qué existe un gran número de casos contra los líderes de comunidades indígenas: “Ellos son guardianes de vastos espacios de una alta biodiversidad, de alto valor ecológico que quiere ser empleado por economías legales o ilegales que buscan lucrar con la tierra, los bosques, los ríos. Este choque de posiciones genera conflictos y estos se rompen por el lado más débil, que es el de las comunidades”.
“Estamos solos frente al narcotráfico y al terrorismo”
-La Central Asháninka del Río Tambo (CART).
Además, asegura que los líderes se vuelven víctimas debido a la falta de garantías que les da el Estado por la gobernanza y protección del territorio. Ante ello, lo mencionado por Másquez es sostenido por la CART, la cual manifestó: “Estamos solos frente al narcotráfico y al terrorismo. Los sucesivos gobiernos nos han abandonado y, como consecuencia de ello, las organizaciones criminales vinculadas a las economías ilegales están asesinando impunemente a nuestros dirigentes”.
Sobre ello, el río Tambo pertenece al valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Y según la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), en el 2021, se concentró el 40% de la superficie cultivada de hoja de coca en todo el país. Conllevando a que el Río Tambo tenga 1 295 hectáreas a 2 583 hectáreas del 2020 al 2021.
La protección del Gobierno
El 22 de abril de 2021, durante el gobierno de Francisco Sagasti, se emitió el Decreto Supremo 004-2021-JUS, que establece un mecanismo para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, que estén en situaciones de riesgo ocasionadas por sus actividades. Para esta tarea se vinculan ocho Ministerios: Ambiente, Justicia y Derechos Humanos, Interior, Cultura, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo Agrario y Riego, Relaciones Exteriores y Energía y Minas. Con el fin de garantizar la prevención, protección y acceso a la justicia de las personas defensoras en riesgo.
Cabe mencionar que, la coordinación para este mecanismo está a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH). Sin embargo, sobre el caso de Santiago Contoricón, la comunidad asháninka y la CART bloquearon del Río Tambo bloquearon el ingreso al Puerto Ocopa. Una medida de fuerza, debido a que no obtuvieron la presencia del gobierno central.
“Solo hay algunas frases protocolares, de lamento, pero no toman acciones inmediatas contra los problemas estructurales de la violencia”.
-Álvaro Másquez, especialista del Instituto de Defensa Legal (IDL).
Cuando el paro estaba durando 13 días, el programa Exitosa Perú habló con Néstor Marcos Avelladena, uno de varios transportistas que quedaron varados en el sector del puerto. “Ya llevamos varados más de 12 días, 13 días varados aquí (…) Los transportistas que venimos de Lima somos, más o menos, un promedio de 50 camiones que estamos parados acá, en estos momentos. Al otro extremo de Puerto Ocopa los camiones están viniendo del mismo Río Tambo”, aseguró para el medio.
Asimismo, Avelladena les indicó que, un día antes, el 21 de abril, los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), llegaron al territorio; sin embargo, la comunidad exigió la presencia de Vicente Romero, ministro del Interior; Leslie Urteaga, ministra de Cultura; y Daniel Maurate, titular de Justicia y Derechos Humanos. Por ello, el bloqueo de las rutas terminó el 28 de abril, cuando el Segundo Congreso Extraordinario de la Central Asháninka del Río Tambo contó con la presencia de los tres titulares y la Defensoría del Pueblo. En el lugar, se atendieron las demandas de la comunidad asháninka sobre la implementación de un plan de seguridad debido al fallecimiento de su líder Santiago Contoricón.
Al respecto, el especialista Álvaro Másquez opinó por qué existe una falta de respuesta inmediata en el Gobierno:
“Hay un racismo ligado a instituciones del Estado que genera que los pueblos indígenas nunca sean prioridad en la agenda. No importa que mueran, no importa que los asesinen. Lo que consideran involuntariamente desde el Estado es que (los crímenes contra los indígenas) son un daño colateral que ha estado presente siempre y que no hay nada más que hacer. Solo hay algunas frases protocolares, de lamento, pero no toman acciones inmediatas contra los problemas estructurales de la violencia”.
Además, indica que hay factores que generan que este problema se agrave, tales como la corrupción, la ausencia del Estado y el ver a la selva como una despensa en vez de una fuente de vida.
Hecho por Samantha Salazar.
¿Quieres saber cómo sucedieron los hechos en el caso de Santiago Contoricón?, revisa esta infografía realizada por Punto Seguido:
