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Según el informe “El derecho a la salud mental” publicado por la Defensoría del Pueblo en 2018, ocho de cada diez personas con un trastorno mental no recibe tratamiento adecuado u oportuno.
Escribe: Arantxa Mendoza
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud mental como un estado de bienestar físico, mental y social en el que la persona es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. Es decir, es fundamental para formar vínculos saludables, manejar el estrés, trabajar de forma productiva y vivir de forma plena.
Sin embargo, es un aspecto dentro de la salud en el Perú que recibe poca atención y que durante la pandemia por COVID-19 se ha intensificado, pues según un estudio realizado por el Consorcio de Universidades estimó que el 39% de los estudiantes tuvo síntomas de depresión durante la pandemia y que el 31% reportó pensamientos suicidas. Estas cifras alarmantes no son solo consecuencia de la emergencia sanitaria, sino también de un problema de salud pública que el Perú afronta limitadamente hace años.
Según el informe “El derecho a la salud mental” publicado por la Defensoría del Pueblo en 2018, ocho de cada diez personas con un trastorno mental no recibe tratamiento adecuado u oportuno, lo que demuestra la amplia brecha aún por cerrar. Para hacer frente a esta situación, el Estado, en el 2019, promulgó la Ley de Salud Mental (Ley n.° 30947), que propuso un “marco legal para garantizar el acceso a los servicios, la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en salud mental”. Además, esta ley aprobó que las aseguradoras privadas incluyan tratamientos para trastornos mentales en sus pólizas. No obstante, luego de tres años, las aseguradoras no han cumplido con la medida.
Por otro lado, la atención pública no se da abasto. El Estado peruano, respecto a la salud mental, enfrenta la reducción de su presupuesto, un déficit de profesionales y de centros comunitarios para atender la actual demanda de pacientes. En el 2020, 5221 psicólogos prestaban sus servicios en el sector salud, incluidos Minsa-Gobiernos regionales, EsSalud, sanidades de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, SISOL, sector privado y Ministerio de Educación. Pero existen regiones como San Martín y Áncash que requieren estos servicios de salud y están por debajo del promedio nacional.
Pese a que está vigente la Ley de Salud Mental desde el 2019, igual existen las grandes brechas económicas por presupuestos, de especialistas e incluso infraestructura. Las cifras demuestran que dentro de la salud pública, la importancia que se le da a la salud mental sigue siendo deficiente.
Ahora que conoces acerca de cuál es la realidad acerca de la salud mental en el Perú, en Punto Seguido elaboramos una infografía donde esta problemática se encuentra dentro del ranking de las diez causas de pérdida de años de vida saludable en los departamentos del país.
