El pasado 17 de mayo, el Congreso de la República aprobó, por mayoría, el proyecto de ley a cadena perpetua y castración química para violadores de menores de edad, lo cual generó un inmenso debate, provocando posiciones en desacuerdo.
Por D’yanira Moscoso y Danae Changana
Posturas divididas. 67 parlamentarios a favor no fueron suficientes para oficializar el proyecto de ley, pues quedó pendiente su segunda votación la próxima semana para modificar el Código Penal, gracias a 23 abstenciones. Congresistas, periodistas y la opinión pública en general se opusieron a esta medida por ser “populista e inconstitucional”, según señaló el abogado constitucional Raffo Velásquez.
“Es populista porque tiene mayor apoyo de la población, pero eso no significa que sea legal o razonable”, explicó. El proyecto de ley establece castración química a quienes tienen cadena perpetua por violación a menores, lo cual “no tiene sentido porque no hay riesgo por parte de una persona que va estar todo el tiempo en la cárcel”, sostuvo el abogado Velásquez. Por otro lado, aclaró que tampoco es legal porque “agravia la integridad física de alguien que, aunque ha sido un violador, no está permitido en la Constitución del Perú”.
Además, este exige que las medidas que afecten los Derechos Humanos, como este proyecto, deben ser razonablemente justificadas. Y “esa es claramente irrazonable e inconstitucional”, advirtió. “Hay filtros para evitar que leyes con estas características se mantengan en ordenamiento. No es que, en caso prospere, se vaya sostener en ese lugar. Hay remedios legales para evitar este tipo de leyes abusivas”, agregó con énfasis.
La iniciativa del Congreso de la República es polémica y son varias las personas que se oponen a ella, lo cual puso en duda su efectividad. “Es imposible que esta medida ayude a erradicar el problema”, explicó, pues la finalidad de este proyecto, al inicio, era otra. El problema no está en las partes físicas del ser humano, sino en las partes psicológicas.
