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Punto Seguido - UPC

Revista Punto Seguido - UPC presenta noticias, crónicas, fotos, videos, entrevistas, reportajes y contenidos en 360. Publicación digital de los estudiantes de Comunicación y Periodismo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

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Medicamentos sin certificación se venden en farmacias: una falla que pone en riesgo la salud

Medicamentos sin certificación se venden en farmacias: una falla que pone en riesgo la salud

28/05/2025 by Mabel Aguilar

A pesar de no contar con la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), algunos laboratorios extranjeros continúan comercializando sus productos, exponiendo a la población a riesgos sanitarios.

Por: Julio Castro

En el Perú, esta certificación es obligatoria porque garantiza que los medicamentos se fabriquen en condiciones limpias, seguras y con buena calidad. Se busca que el medicamento tenga eficacia terapéutica, estabilidad y no presente riesgo de contaminación. Ningún medicamento debería venderse sin esta aprobación, pero hay vacíos en la ley y no hay suficiente control del Estado. 

Todo medicamento importado debe obtener un registro sanitario otorgado por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), que verifica su documentación técnica. “Si este medicamento que viene del extranjero logra pasar toda la documentación exigida por Digemid, recién puede comercializarse en todas las farmacias y boticas del país”, explica para Punto Seguido, Katia Mallaupoma, química farmacéutica y asesora en asuntos regulatorios de farmacias y boticas. Asimismo, menciona que la falta de recursos hace que esto no lo puedan hacer al 100%, y muchos medicamentos del extranjero demoran hasta siete u ocho meses en ser aprobados.

Según un informe del exdirector de la Digemid, Moisés Mendocilla, actualmente hay 385 laboratorios esperando obtener la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura. Ochenta ya fueron desaprobados, pero 51 de ellos todavía siguen vendiendo sus productos en el país. Esto ocurre porque la normativa actual no exige retirar del mercado un medicamento mientras su registro sanitario siga activo; incluso si el laboratorio que lo produce ya no cuenta con certificación BPM. A esto se le suma que el Digemid solo puede inspeccionar entre cinco y ocho casos al mes. 

Un caso que lo evidencia es Quadriderm Extra, una crema para tratar infecciones en la piel causadas por hongos o bacterias. Este producto es fabricado por Eurofarma Argentina S.A., un laboratorio que no pasó la inspección de Digemid en el área de producción de ungüentos. Sin embargo, la crema sigue vendiéndose en farmacias porque la ley permite que se comercialice mientras el registro sanitario esté vigente y el stock no se haya agotado. Es decir, aunque el fabricante no cumpla con los estándares necesarios, el medicamento puede seguir en el mercado sin problemas.

¿Cómo saber si un medicamento es confiable?

Para los pacientes, saber si un medicamento es seguro no es fácil. Aunque los productos autorizados deben contar con un código de Registro Sanitario (RS) visible en su empaque, la mayoría de consumidores no lo revisa o ni siquiera recibe la caja completa al momento de la compra. “El usuario que compra no se lleva la caja ni observa el registro. A veces se llevan un blister o media caja, sin saber si el medicamento está autorizado”, comenta Katia Mayahupoma para Punto Seguido.

Por otro lado, hay señales que pueden generar alerta, como pastillas que se deshacen fácilmente, manchas o presencia de hongos, pero eso no siempre es visible para los pacientes. “Si el medicamento viene en una cápsula oscura o en un empaque sellado, el usuario no tiene forma de identificarlo hasta que lo consume”, añade. Por eso, el riesgo de tomar un medicamento sin un efecto real o adulterado, sigue presente.

Frente a esta situación, la especialista insiste en la necesidad de verificar que el lugar de compra sea un establecimiento formal y autorizado por Digemid. “Todo local debe tener visible su constancia de acreditación, el título del químico farmacéutico responsable y su horario de atención”, detalla la química farmacéutica. 

Además, recomienda que los ciudadanos exijan ser atendidos por un químico farmacéutico, ya que es el único profesional autorizado para entregar medicamentos y también informar sobre su uso correcto. “Si no está presente el químico, quien te atiende no tiene la formación adecuada para orientarte. Y eso representa un riesgo más”, advierte.  

Control sanitario en transición

Según la Resolución Directoral publicada por Digemid el 3 de mayo de 2025, este organismo sigue siendo el órgano técnico responsable de la regulación farmacéutica y opera como Autoridad Nacional en productos médicos y sanitarios. El documento reafirma que el Estado tiene la obligación de regular, vigilar y promover la salud, y que la regulación debe garantizar condiciones seguras para el acceso a medicamentos. Pero tras fallas en el control de medicamentos, el Gobierno ha anunciado que Digemid será reemplazada por  la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (APEMED).

Este cambio busca recuperar la confianza y mejorar el control de los medicamentos. Pero mientras las autoridades realizan estos ajustes, la responsabilidad también está en nosotros. Tenemos el derecho de exigir medicamentos seguros, pero también el deber de estar atentos. Revisar y preguntar es proteger nuestra salud. 

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Proyecto de ley “Ciclo Cero” afectaría la calidad educativa de los estudiantes universitarios

28/05/2025 by Mabel Aguilar

Según Jesús Córdova, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), esta ley atentaría contra la autonomía, economía y el nivel educativo de las universidades públicas y privadas. 

Por: Meylin Poma

La Comisión de Educación del Congreso aprobó el predictamen del proyecto de Ley denominado «Ciclo Cero», con 14 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones, el cual abarca tres proyectos: N°7726/2023-CR, 7998/2023-CR y 10114/2024-CR.

La Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Congreso, detalló que dicha propuesta, impulsada por los congresistas Waldemar Cerrón y Segundo Montalvo, del partido Perú Libre, pasará al Pleno próximamente.

¿En qué consiste el Ciclo Cero? 

Según la propuesta, se sustituirán los exámenes de admisión tradicionales por un semestre de dos “ciclo cero” ordinarios dictados en un año. Cada ciclo duraría tres meses, el primer ciclo iniciaría la primera semana de enero y finalizaría en marzo, mientras que el segundo ciclo comenzaría en mayo y finalizaría en el mes de julio.

Durante estos ciclos, se plantea enseñar asignaturas como razonamiento verbal y matemático, historia, realidad nacional, geopolítica, filosofía, habilidades y pensamiento científico, y tres cursos de especialidad según la carrera elegida. Luego de esto, el postulante deberá rendir presencialmente tres exámenes y obtener como puntaje mínimo de 13 en las evaluaciones, validándose las centésimas, convirtiéndola en la única modalidad de ingreso a las universidades del país.

¿Cómo acceder al Ciclo Cero?

Para acceder a esta modalidad, se deberá de presentar el certificado de estudios que indique la culminación de la educación secundaria, además de un pago único del 5% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT); es decir, el pago de 267.50 soles para alcanzar una vacante en este prototipo de CEPRE. 

Según el proyecto, el dinero recaudado será para el pago de docentes, la mejora de la infraestructura, el equipamiento y la implementación de laboratorios de la universidad, y esto será monitoreado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

Respuestas de las universidades

Ante esta normativa,  distintas instituciones se pronunciaron al respecto mostrando su rechazo. Por un lado, el Consejo Nacional de Educación (CNE) hizo un oficio al Presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, José María Balcázar Zelada, considerando desfavorable el desarrollo de estos proyectos.  Asimismo,  la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (AUNAP) junto con Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú (ANUPP) pronunciaron su rechazo en conjunto a este predictamen. 

Que el Dictamen de Ley "Ciclo Cero" responde a la "democratización de la educación superior" carece de total legitimidad. Democratizar la admisión a la Universidad, es respetar principios de calidad académica, autonomía universitaria, meritocracia y financiamiento, conforme a… pic.twitter.com/P4HO3XNKrh

— Asociación de Universidades Nacionales del Perú (@AunapN) April 26, 2025

Por otro lado, el Consorcio de Universidades Privadas constituidas por la Universidad del Pacífico, Universidad de Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad Peruana Cayetano Heredia mostraron su preocupación con esta medida. Por su parte, la UNMSM, detalló las consecuencias de este proyecto e invitó a las autoridades a la reflexión.

#ComunicadoConsorcio#PUCP #CayetanoHeredia #UdelPacifico #UdeLima pic.twitter.com/Lo1CSdcDv9

— Consorcio de Universidades (@ConsorcioEduPe) April 7, 2025

#Comunicado | 🚨La UNMSM informa a la comunidad universitaria sobre el dictamen del proyecto de ley 'Ciclo Cero': pic.twitter.com/HS5siZXZQK

— Universidad Nacional Mayor de San Marcos (@UNMSM_) April 9, 2025

Un atentado contra la autonomía universitaria

Respecto a esto, Jesús Córdova, docente con más de 31 años de experiencia en la UNMSM, compartió que existe una opinión negativa por parte de la universidad, declarando que este proyecto de ley dificultaría la educación.  “Están atentando contra la autonomía de las universidades, porque ellas tienen el derecho y la obligación de formular y de poner los criterios de admisión a la universidad como mejor les parezca”. 

No se podría trabajar con más de 5 000 nuevos estudiantes, pues se tendrían que construir nuevos edificios y contratar más profesores. Asimismo, mencionó que la universidad no puede bajar el nivel educativo para que todos ingresen: “Nosotros queremos justamente sacar profesionales de primerísima calidad para que tengan las mejores oportunidades”, explicó el docente de la UNMSM.

Aseguró que no habría forma de que el proyecto de ley funcione y  sea favorable en el futuro, pues está convencido que no hubo ningún tipo consulta de parte de quienes propusieron este predictamen, porque no les iban a gustar las críticas, ya que los profesores de la UNMSM darían su opinión con base en su experiencia.

Postura del congresista Waldemar Cerrón

Respecto a esta propuesta, el congresista del partido político Perú Libre, Waldemar Cerrón Rojas, explicó que no se estaría descartando el tradicional examen de admisión, pues en su lugar funcionaría como una alternativa para los jóvenes ”que con una sola prueba quedan fuera y su talento es desperdiciado”, según la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Congreso.

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Anillo Vial Periférico amenaza el bosque urbano más grande de Lima

28/05/2025 by Mabel Aguilar

El proyecto del «Anillo Vial Periférico», una autopista de 34.8 kilómetros que atravesará 12 distritos de Lima con una inversión estimada de casi 3 400 millones de dólares, amenaza con reducir a la mitad el Bosque Urbano Separadora Industrial, el pulmón verde más grande de la capital peruana.

Por: Nicolle Camarena

El Bosque Urbano Separadora Industrial, ubicado entre los distritos de Ate y La Molina, constituye un espacio verde vital de aproximadamente 40 hectáreas y siete kilómetros de longitud. Según el Comité de Defensa del Arbolado de la Av. Separadora Industrial (Codeasi), este ecosistema alberga aproximadamente 40 especies de aves.

Sin embargo, el proyecto vial contempla intervenir el tramo de Separadora Industrial con la construcción de cinco carriles y un estacionamiento en línea sobre la misma avenida. Como compensación por la pérdida de vegetación, se propone un «parque lineal» de entre 20 y 30 metros de ancho, lo que significaría la reducción de hasta 20 hectáreas de este valioso espacio natural. 

Los árboles de este bosque son fundamentales en la mitigación del calor urbano y la contaminación. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un árbol maduro puede absorber hasta 150 kg de gases contaminantes al año y reducir la temperatura ambiental entre 2 y 8 grados centígrados.

De igual modo, la Organización Mundial de la Salud indica que el cambio climático podría causar más de cinco millones de muertes adicionales en todo el mundo entre 2030 y 2050, y más de 400,000 muertes adicionales en América Latina. 

En Lima, la falta de áreas verdes ha provocado un fenómeno conocido como “islas de calor”. El término hace referencia a zonas urbanas donde la temperatura es significativamente más alta en comparación con zonas rurales donde predomina la vegetación y no la acumulación de infraestructuras o asfalto. El distrito de Ate alberga amplias zonas destinadas a empresas y también al tránsito de transporte pesado, por lo que disminuir las áreas verdes podría agravar problemas de salud como golpes de calor y enfermedades respiratorias.

La normativa local establece que por cada árbol talado se deben reponer diez, pero los vecinos y organizaciones locales han expresado su preocupación por la falta de transparencia y diálogo real sobre el futuro de este espacio natural.

Un proyecto de los 90

«En los años 90, cuando no existía el distrito de Santa Anita y no existía Mayorazgo, el proyecto se planteaba fuera de la ciudad y no lo tomó la municipalidad porque era muy caro. Después de 21 años, viene una empresa española, y con el gobierno de turno, lo lanzan como si fuera un proyecto moderno. Si bien en la actualidad lo están perfeccionando, esto ya no es viable porque va a pasar por toda una centralidad», explica Marcelo Saira, vicepresidente del Comité de Defensa del Arbolado de la Av. Separadora Industrial.

Además, Nancy Catacora, presidenta del mismo comité, menciona que gran parte del bosque de La Separadora “era chacra hace 40 años” y fueron los propios vecinos quienes plantaron los árboles que hoy son altos y resistentes.

Ya no se trata de una periferia deshabitada, sino de un terreno urbano consolidado. Implementar el proyecto implicaría no solo costos económicos elevados, sino también un severo impacto social y ambiental para miles de familias residentes en los 3 tramos de la autopista.

Costos y consecuencias sociales

Con respecto a la inversión inicial, Catacora explica que “se trata de 34.8 kilómetros y el costo es de 3.400 millones de dólares. ¿Qué significa? Que quieren hacer por kilómetro la vía más cara del Perú”. 

De acuerdo a la página web de ProInversión, el proyecto tiene un gasto estimado de casi 3 400 millones de dólares, por lo que cada kilómetro valdría más de 97 millones, convirtiéndola en una de las vías más caras del Perú, incluso mayor al Corredor Vial Interoceánico Sur, una carretera de 2 603 km. Según el exministro de Economía y Finanzas, Milton Hesse, los principales factores de este costo estarían relacionados con la ubicación del proyecto en una zona ya urbanizada, lo que implica altos gastos por expropiaciones, limitaciones de espacio que obligan a una planificación más detallada, e interferencias con infraestructura existente como redes de agua, desagüe, electricidad y telecomunicaciones.

Sin embargo, en el caso de las expropiaciones, se proyecta afectar alrededor de 2,400 viviendas e inmuebles a lo largo del Anillo Vial, lo que impacta principalmente a distritos como Independencia y San Juan de Lurigancho. 

“No nos están dando ni un sol, nos piden nuestros datos para que nos quiten la casa y ya vienen con notificaciones. Eso no es justo. Nuestra familia está falleciendo de nervios, personas de mayor edad están mal, y eso nos preocupa a nosotros”, lamenta Vicentina Huerto Nación, residente de San Juan de Lurigancho afectada por el inicio del proyecto.

Abandono actual

La administración del bosque ha tenido cambios en los últimos años y el bosque ha sido afectado notablemente. «La municipalidad trasladó la administración [del bosque] al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC). Entonces, formalmente, el MTC dispone de esto. Y claro, ¿qué interés va a tener en limpiarlo o iluminarlo? Porque su única alternativa es que se construya el anillo vial. Por eso, está tan abandonado», explica Nancy Catacora, quien lamenta que el bosque se encuentre actualmente en mal estado debido a los cambios en su administración. 

“Los alcaldes de turno no quieren invertir, no quieren hacer nada, ni siquiera poner luz provisional, porque dice que está separada para un proyecto. Entonces, lo poco que se hace es por la presión de los dirigentes para que lo mantengan regado y limpio. Nosotros mismos de vez en cuando lo hacemos”, menciona el vicepresidente Saira.

Marcelo Saira espera que el proyecto no se cumpla, ya que Codeasi tiene la intención de convertir el Bosque Urbano Separadora Industrial en una avenida turística, emblemática y con actividades para los vecinos. “Si la autopista no va, haremos cosas hermosas”, dice Saira. 

En una ciudad donde la Natural England recomienda que toda persona debería tener un espacio verde accesible de al menos 2 hectáreas a no más de 300 metros de su hogar, la reducción del Bosque Urbano Separadora Industrial representa una pérdida de árboles y también una amenaza directa para la calidad de vida de miles de limeños.

El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez Reyes, explicó que la ejecución del Anillo Vial Periférico es una obra clave para mejorar la infraestructura vial del país. Durante la firma del contrato de concesión, Pérez Reyes resaltó que este proyecto será una alternativa a la actual Vía de Evitamiento, que ayudará a descongestionar el tráfico vehicular y mejorará el acceso directo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y al Puerto del Callao. Además, aseguró que el Anillo Vial Periférico permitirá optimizar el transporte de carga y reducir los costos logísticos, lo cual “evidencia el compromiso del gobierno con la competitividad nacional y la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos”.

Sin embargo, mientras el gobierno aprueba el proyecto Anillo Vial como una solución moderna para el transporte y el impulso económico, en el terreno los vecinos ven otra cara del proyecto: pérdida de espacios verdes ya estructurados, riesgo de expropiaciones y un futuro incierto para este ecosistema construido con esfuerzo vecinal durante décadas. En una ciudad como Lima, con un déficit crónico de áreas verdes y altos niveles de contaminación, el progreso no puede medirse solo en kilómetros de asfalto, sino en su capacidad para mejorar la calidad de vida y el bienestar colectivo.

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Trata de personas en Perú: una economía ilegal que supera al narcotráfico

28/05/2025 by Mabel Aguilar

El Perú enfrenta serios desafíos con la trata de personas en regiones vulnerables. Los captores, en su mayoría, se presentan ofreciendo falsas ofertas de trabajo. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (MININTER), entre 2017 y 2023, el 74% de las víctimas fueron engañadas mediante este método. El 63% de los casos están relacionados con explotación sexual, la forma más frecuente de trata, según CHS Alternativo.

Por: Valeria Iparraguirre

La trata de personas no es un problema reciente en el Perú: ha estado presente durante siglos. Sin embargo, este fenómeno ha ido en aumento con el paso del tiempo. En 2023, según cifras del Ministerio Público, se recibieron 1.814 denuncias, mientras que en 2024 se registraron 1.900 denuncias, lo que equivale a cinco casos diarios de trata de personas. Pese a la gravedad de la cifra, la respuesta judicial fue limitada: solo hubo 30 sentencias condenatorias, lo que representa apenas el 1,58% de los acusados.

En 2022, la Policía Nacional del Perú (PNP) reportó un total de 631 denuncias de trata de personas en todo el país. De estas, el 63,2% correspondió a explotación sexual, seguida por la explotación laboral con un 30,7%.

Soluciones del Estado frente a la problemática

Las autoridades han intentado enfrentar esta problemática mediante la Ley N° 28950, Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, creada en 2007. Esta norma, según El Peruano, establece medidas para prevenir y sancionar estos delitos, además de regular la protección y asistencia a las víctimas. En 2021, la ley fue modificada por la Ley N° 31146, que endurece las penas por trata de personas, amplía la definición del delito, fortalece la protección de las víctimas y ordena que el Estado promueva campañas educativas y refuerce la capacitación.

Además, el gobierno ha elaborado un Plan Nacional contra la Trata de Personas que establece acciones de prevención, persecución penal y atención a víctimas. Existen fiscalías especializadas en trata de personas en diversas regiones del país, como Lima, Cusco, Madre de Dios, Loreto, Tumbes, Piura, Tacna, Arequipa, La Libertad y Puno, entre otras. Asimismo, se creó la Unidad contra la Trata del Ministerio del Interior (MININTER), que coordina acciones entre la Policía, la fiscalía y organizaciones civiles como CHS Alternativo, Capital Humano y Social, y otras ONG que trabajan en la prevención, rescate y reintegración de víctimas, actividades en las que frecuentemente suplen las carencias del Estado.

Situación crítica

Ante ello, Punto Seguido realizó una entrevista a Mercedes Arce, directora de Programas y Proyectos de CHS Alternativo, en donde indicó que el 82% de las víctimas son mujeres y el 58% son menores de edad, entre 11 y 17 años. Además, señaló que, aunque las leyes podrían garantizar justicia, el Estado no muestra iniciativa en su implementación y las reparaciones no se cumplen.

“El Estado podría empezar por crear más centros de acogida residencial, ya que solo existen siete en todo el país y están destinados exclusivamente a menores mujeres. La situación actual representa un trabajo forzoso que no está siendo intervenido por las autoridades”, declaró Mercedes Arce. Según un informe de la Universidad del Pacífico, el delito de trata de personas es la segunda economía ilegal más lucrativa del país. Esta actividad ilícita genera aproximadamente 1.300 millones de dólares al año, cifra que supera incluso los ingresos del narcotráfico. Sin embargo, el Estado solo destina 0,12 céntimos por persona en su combate, según CHS Alternativo.

Además, Arce señala que la mayoría de los casos de trata en el Perú se concentran en zonas dominadas por economías ilegales, como la minería ilegal, el narcotráfico y la tala ilegal. Este fenómeno está vinculado a factores como la impunidad, la corrupción de autoridades, la normalización del delito en estas comunidades y la falta de acceso a economías lícitas para la población. Resaltó que, principalmente, las víctimas son explotadas sexualmente.

“Los 1.900 casos reportados en 2024 se distribuyen de la siguiente manera: Lima presenta la mayor cantidad con 527 casos, seguida de Tacna con 105, Huánuco y Arequipa con 101 cada una, Madre de Dios con 84 y Puno con solo 15 casos, a pesar de su fuerte actividad minera informal”, detalló Mercedes Arce.

La trata de personas sigue siendo un desafío urgente en el Perú, donde la impunidad y la falta de recursos obstaculizan su erradicación. Para enfrentarla, es crucial fortalecer la aplicación de la ley, invertir en protección y reinserción de víctimas, y promover la denuncia y la conciencia pública. Solo con un esfuerzo conjunto entre el Estado, las organizaciones civiles y la sociedad se podrá reducir este crimen y proteger a quienes más lo padecen.

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Estados Unidos endurece registro de inmigrantes: crece la tensión en universidades y comunidades extranjeras

27/05/2025 by Mabel Aguilar

La administración Trump reactiva medidas de control migratorio que obligan a inmigrantes mayores de 14 años a registrarse ante el gobierno federal. Universidades como Harvard enfrentan presiones para entregar información sobre estudiantes extranjeros, en un contexto de creciente vigilancia y tensiones políticas.

Por: Nicole Córdova

El gobierno de Donald Trump ha endurecido las políticas migratorias en Estados Unidos, ahora respaldadas por decisiones judiciales recientes. Desde el 11 de abril de 2025, la Orden Ejecutiva 14159 obliga a todos los extranjeros mayores de 14 años, que permanezcan más de 30 días en el país, a registrarse ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Esta medida ha generado incertidumbre en la comunidad inmigrante y afecta especialmente a estudiantes universitarios, al poner en riesgo su permanencia.

Registro obligatorio de inmigrantes: una política en escalada

El 20 de enero de 2025, el presidente Trump firmó la Orden Ejecutiva 14159, “Protegiendo al Pueblo Estadounidense Contra la Invasión”. Esta orden instruye al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a garantizar el cumplimiento del registro de extranjeros, en línea con la sección 262 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Desde el 11 de abril de 2025, todos los extranjeros mayores de 14 años que permanezcan en EE.UU. por más de 30 días deben registrarse ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), incluso si ya estaban en el país antes de esa fecha.

Esta medida, que ha sido recibida con preocupación, tanto por defensores de derechos humanos como por la comunidad inmigrante, forma parte de una tendencia que se remonta a las administraciones de George W. Bush y Barack Obama, y que se ha intensificado bajo el liderazgo de Donald Trump.

En Punto Seguido conversamos con el politólogo Antenor Escudero, quien explicó que “este tipo de política se ha ido escalando con el tiempo”, en lo que las autoridades estadounidenses consideran una “crisis migratoria” vinculada a la seguridad nacional y la economía. Escudero señala que la narrativa republicana ha construido la figura del inmigrante como una amenaza doble: por un lado, como competidor laboral que precariza el mercado de trabajo, y por otro, como posible agente de criminalidad y desestabilización social.

El nuevo registro, que recuerda al Sistema Nacional de Registro de Entradas y Salidas implementado tras el 11-S, se enmarca en una lógica de securitización que ha ido restringiendo derechos y libertades civiles, especialmente para las minorías y los extranjeros. Como explica Escudero, “tu privacidad se suspende en la medida que puedas ser un peligro doméstico o externo a los Estados Unidos”, y la vigilancia se ha extendido incluso a la revisión de redes sociales y dispositivos electrónicos en puertos de entrada.

La medida, aunque presentada como una respuesta a la crisis del fentanilo y la violencia asociada al narcotráfico, tiene también claros fines políticos. “Beneficia propagandísticamente a los trabajadores ciudadanos estadounidenses”, afirma Escudero, pero en la práctica ninguna de esas cosas es solución a los problemas estructurales del país. Más bien, advierte Escudero, genera un clima de miedo, precarización y chantaje para los inmigrantes, que se ven amenazados con la deportación ante cualquier reclamo laboral o social.

Registro de extranjeros en universidades, el nuevo frente de conflicto

Uno de los aspectos más controvertidos de la nueva política es su impacto en el ámbito universitario. La administración Trump ha presionado a instituciones de élite como Harvard para que entreguen registros detallados de sus estudiantes extranjeros, bajo amenaza de retirar la certificación educativa y afectar la validez de visas como la F1 y la J1. Esta medida busca alinear a las universidades con la ideología oficialista y controlar la presencia y actividades de estudiantes internacionales.

El politólogo Escudero destaca que las universidades estadounidenses han sido históricamente focos de resistencia y movilización social, desde las protestas contra la guerra de Vietnam hasta los recientes movimientos por los derechos civiles y el conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, la presión financiera y normativa podría forzar a algunas instituciones a ceder ante las exigencias federales. “Harvard puede vivir sin que le caiga ni un centavo del Estado”, afirma, pero advierte que la amenaza de perder la certificación es un golpe serio para la autonomía académica y la internacionalización de la educación superior.

Harvard rechazó el lunes 14 de abril, vía X (antes Twitter), las numerosas demandas de la administración Trump, que, según afirmó, cederían el control de la universidad privada al gobierno: 

“No government—regardless of which party is in power—should dictate what private universities can teach, whom they can admit and hire, and which areas of study and inquiry they can pursue.” – President Alan Garber https://t.co/6cQQpcJVTd

— Harvard University (@Harvard) April 14, 2025

La administración Trump anunció entonces que congelaría 2.200 millones de dólares en fondos.

La situación se agrava para los estudiantes con visas temporales, que podrían ver truncados sus estudios y proyectos de vida por decisiones administrativas ajenas a su desempeño académico. Además, el clima de vigilancia y sospecha ha generado episodios de hostigamiento y discriminación, como el caso de un estudiante de la universidad de Columbia de origen palestino detenido por agentes sin identificación, en lo que Escudero describe como una “militarización” de la política migratoria.

Un futuro incierto para la integración y los derechos civiles

El endurecimiento de las políticas migratorias representa un retroceso en la integración y el respeto a los derechos civiles en Estados Unidos. Aunque algunos sectores ven estas medidas como una respuesta necesaria a los desafíos de seguridad y empleo, la experiencia histórica demuestra que la criminalización y la exclusión solo agravan las tensiones sociales y perpetúan la desigualdad.

Escudero concluye diciendo que “no es si este registro va a funcionar, hay gente que puede que lo tome porque la otra opción es peor. Es casi la cara cosmética de ya una política de recrudecimiento, de persecución a los migrantes”. El desafío para las universidades, la sociedad civil y los propios inmigrantes será resistir a la erosión de derechos y construir alternativas de inclusión y solidaridad en un contexto cada vez más adverso.

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