Desde el 28 de julio, nuestro país tiene otro presidente. Un nuevo Ejecutivo deberá resolver en el próximo quinquenio una serie de problemáticas que atraviesan la economía, salud, infraestructura y otros sectores. ¿Qué desafíos enfrentará y, lo más importante, cómo lo debería hacer?
Escriben: Aarón Tapia, Claus Medina, Diego Meneses y Fatima Saavedra
El aparato estatal peruano se encuentra sometido a una fuerte presión financiera interna, lo que ha obligado a los diversos sectores a replantear sus objetivos anuales y redirigir sus fondos para cumplir con obligaciones laborales. Esta reestructuración evidencia una falta de recursos estructural que afecta directamente la operatividad de las instituciones.
“Ahora todos los ministerios hemos tenido que reducir las actividades de nuestro Plan Operativo Institucional (POI), porque de nuestro propio presupuesto hay que financiar esos beneficios sociales”, comenta Cinthya Zavalla, asesora de la Dirección de Políticas y Programas de CTI. Ante la insuficiencia de los presupuestos ordinarios, las entidades públicas dependen de las herramientas de redistribución y asignación de emergencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para poder mantenerse a flote y cubrir sus necesidades.
El primero de estos mecanismos, la “demanda adicional”, se activa generalmente en el segundo semestre para aprovechar el dinero que otros sectores no han logrado ejecutar. “Cuando se dan las condiciones y el MEF abre ese espacio de tiempo, los sectores presentamos una solicitud de demanda adicional para que nos den un presupuesto adicional para cubrir algo extraordinario”, señala Zavalla. Cuando la necesidad no surge de una falta de planificación, sino de una crisis imprevisible a nivel nacional o regional, el Estado recurre a los decretos de urgencia, el segundo mecanismo.
“Como su nombre lo dice, tiene que suceder algo extraordinario, como fue la pandemia o el fenómeno de El Niño, con el cual te asigna un presupuesto para atender la emergencia”, dice Zavalla. El problema económico del Estado radica tanto en la carencia de fondos como en la extrema dificultad burocrática para ejecutarlos.
Pese a las ineficiencias internas de los ministerios y los posibles cambios políticos que traen consigo las transiciones de gobierno, el manejo macroeconómico mantiene una rigidez que lo protege de improvisaciones. La gestión del presupuesto no queda a la deriva, ya que obedece a un cronograma y una estructura inamovible.
¿Qué pasa con las obras?
Esa es la pregunta del millón. Según el último informe de la Contraloría General de la República, existen más de dos mil obras paralizadas en el territorio nacional y el saldo de inversión por ejecutar asciende a más de 35 mil millones de soles. Entonces, vale la pena preguntar qué factores ocasionan dichas dificultades durante el proceso de ejecución. Para Karla Gaviño, especialista en gestión y políticas públicas, los problemas residen en los pasos previos a la ejecución, incluso antes del expediente técnico.
Se trataría de la formulación y la evaluación de las obras. “Nuestro análisis de preinversión es uno de los más incipientes a nivel de todo el
continente latinoamericano. Naturalmente, la ausencia informativa es grande”, dice. Etermina su pobrísimo contenido. En ese contexto, los expedientes técnicos contratados terminan con deficiencias que dificultan su capacidad de supervisión. Aunque, para Gaviño, el Estado tampoco se caracteriza por escoger bien a los supervisores de obra. “Se han presentado casos de corrupción y de incumplimientos funcionales al momento de seleccionarlos. No siempre están supervisando de la mejor manera y no hay mayor incentivo para hacerlo”, señala. Destaca también que el negocio de los supervisores es que la obra siga en ejecución para tener más que cobrar.
No obstante, hay un aspecto que Gaviño resalta: la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Se creó en julio de 2023, durante el gobierno de Dina Boluarte, y tomó el lugar de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) con el fin de cerrar la brecha de infraestructura y acelerar los rocesos. “La creación de ANIN fue bastan te política y las consecuencias se están viendo y sufriendo en la actualidad”, explica la especialista. A la fecha, ANIN presenta decenas de obras paralizadas, retrasos en los programas de ejecución y aún sigue resolviendo contratos de obras correspondientes a la ARCC.
Desafíos en la política exterior
Estados Unidos y China son las dos mayores potencias económicas del mundo, abarcando casi la mitad de la economía mundial. El Perú se encuentra en medio de esa competencia geopolítica, debido al megapuerto de Chancay y el futuro tren bioceánico, proyectos que buscan reducir el tiempo y costos de las exportaciones sudamericanas hacia los mercados asiáticos. La ubicación geográfica del Perú también refuerza su atractio. Situado en la costa del Pacífico y en una posición estratégica dentro de Sudamérica, el país se ha convertido en un punto clave para la conexión comercial entre América Latina y Asia. Sin embargo, el crecimiento de China ha despertado preocupación en Estados Unidos, especialmente entorno al control y la supervisión de infraestructura como el puerto de Chancay.
“Para nosotros es más importante China que Estados Unidos. Sin embargo, por razones de tipo cultural, históricas y geográficas, la influencia de Estados Unidos se hace sentir más en general”, sostiene Fabián Vallas, internacionalista y comentarista político.
El desafío para el próximo gobierno será gestionar esta relación con ambas potencias sin comprometer los intereses nacionales. Perú mantiene tratados de libre comercio tanto con Estados Unidos como con China, y en 2024 actualizó el acuerdo comercial con este último. “Perú debe diversificar su econaomía y mantener su autonomía, no depender ni de Estados Unidos ni de China”, advierte Vallas.
Además, en los últimos años, India se ha consolidado como el segundo destino de las exportaciones peruanas en Asia, solo por detrás de China, superando a economías como Japón y Corea del Sur. “Sería importante actualizar los tratados de libre comercio con Corea del Sur y Japón para abarcar nuevos temas y sectores. Asimismo, el país podría profundizar sus relaciones con los países árabes,”, señala.
Des-meritocracia y el rol político en el Estado
La administración pública del Perú enfrenta un panorama complejo respecto a la implementación de una verdadera meritocracia en el Estado. A pesar de los esfuerzos normativos, el acceso a puestos públicos sigue estando fuertemente influenciado por redes de clientelismo y acuerdos políticos, lo que posterga a miles de ciudadanos capacitados que aspiran genuinamente a servir al país.
Para el abogado Raúl Vega, esta falta de filtros técnicos rigurosos no solo debilita la eficiencia de las instituciones, sino que perpetúa una percepción de “repartija” en los altos mandos, donde los intereses partidarios se imponen sobre la capacidad profesional.
Karla Gaviño advierte que “no estamos teniendo los análisis de fondo que merecemos tener, sobre todo en esta materia tan crítica que es el cierre de la brecha de infraestructura”. Del mismo modo, “a pesar de que el Perú fue bendecido con la nueva ola de precios altos en materia prima, aún no hemos podido combatir la pobreza, la delincuencia y el hambre”, complementa Fabián Vallas. De esa forma, el desafío para la próxima gestión presidencial radicará en superar la crisis de representatividad y devolverle la confianza al ciudadano, y poder impulsar reformas profundas y priorizar el gasto público en sectores urgentes.
Una herencia Fujimorista
Keiko Fujimori es la primera mujer elegida presidenta del Perú por voto popular. Asume el cargo a los 51 años, tras cuatro candidaturas y tres segundas vueltas perdidas de forma consecutiva. Completa así un camino que comenzó hace casi dos décadas, el cual la llevó a seguir lospasos de su padre, Alberto Fujimori. El resultado en las urnas confirmó un respaldo que se sostuvo a pesar de la fuerte oposición de un sector de la población que se identifica como «antifujimorista».
