Diversos sectores de la ciudadanía han rechazado el proyecto de ley, entre ellos, estudiantes de la Universidad Agraria, que se ven en la imagen.
(Foto: Francisco Erazo)

La Ley 31973 quitaría la obligación del documento de uso de suelos y no exigiría una indemnización a los propietarios ilegales por los daños causados. Las comunidades nativas se oponen a esta norma, ya que estaría atentando contra sus derechos y los de la biodiversidad amazónica.

Por: Francisco Erazo, Santiago Jiménez y Ariana Vargas

Victorio Dariquebe, guardaparques y líder indígena Harakbut, fue asesinado en la región de Madre de Dios el 19 de abril de 2024. El hecho sucedió frente a los ojos del menor de sus hijos, quien fue torturado por las mafias de la zona. Según un informe de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), desde el 2020 hasta finales del 2023, 33 defensores ambientales y líderes indígenas fueron asesinados. “Tuvimos una amenaza por mensaje de texto, nos han llegado amenazas diciendo que dejemos de brindar asesoría técnica”, sentencia Adiazar Ugkum, miembro de otro pueblo originario, la etnia Awajún. Además, Adiazar asegura que el congresista Jorge Morante, de Fuerza Popular, se habría aprovechado de la falta de información que tienen las comunidades nativas para promover la aprobación de la ley 31973, llamada ley antiforestal por sus diversos críticos. “En la región Loreto, el congresista Morante, hizo varias reuniones utilizando la ingenuidad de las personas, porque había comunidades que no conocen el tema de fondo”, sentencia. 

La raíz del problema

Los partidos Perú Libre, Alianza para el Progreso y Acción Popular presentaron una serie de proyectos de ley ―649, 894 y 2315― durante el año 2021 que ponían en alerta roja a la Amazonía peruana. Tras casi cuatro años de intentos por parte del Legislativo, los tres proyectos de ley fueron aprobados, fusionados en la Ley 31973, y  por insistencia ―pese a que el Ejecutivo los había observado― en diciembre del 2023. “Si se legaliza la deforestación ya causada, no se soluciona el problema de fondo, que es un problema económico, un problema de desigualdad, un problema de la falta de presencia del Estado en el mercado que es la Amazonía” declara César Gamboa, abogado de la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). 

La ley 31973 fue aprobada por el Congreso a fines de 2023, pese a no estar en la agenda de ese día. Esto pone en riesgo alrededor de 1300 procesos fiscales relacionados a delitos de deforestación, suspende la zonificación forestal, exonera a propietarios y poseedores de cumplir con las reglas sobre cambio de uso de tierras, y le quita autonomía al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). Respecto a ello, Gamboa afirma que la llamada ley anti forestal “es una iniciativa de poder legalizar la deforestación ya producida por actividades agropecuarias, agrícolas, sobre todo”. 

Una de las principales modificatorias de la ley antiforestal es que los propietarios de terrenos que desarrollan actividades agrícolas o agropecuarias ya no tendrán que pasar por el proceso de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor. Luis Zari Alva, especialista legal en la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), señala que entre las dificultades de los últimos tiempos están “identificar dónde están las tierras con capacidad de uso mayor forestal y de protección”. 

Además, la entrega de constancias de posesión de terrenos es otro punto álgido de la nueva norma. Para ejercer actividades agrícolas o agropecuarias en un terreno, las municipalidades entregan constancias de posesión y, con ese documento, los pobladores acuden a SERFOR para aprobar el uso de su tierra como agrícola. El análisis del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) indicó que en Inambari, provincia de Tambopata, 116 hectáreas fueron deforestadas entre 2019 y 2022, demostrando así la falta de control sobre la entrega de posesión de terrenos. Respecto a ello, “[La municipalidad de Tambopata] ha desarrollado la emisión de esas constancias de posesión sin cumplir con un procedimiento técnico adecuado”, sentenció Franshesca Gamarra, especialista legal de la Oficina Regional de Madre de Dios de la SPDA. No es la única zona dañada.

La amenaza de las economías ilícitas

Un reporte del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), en 2024, registra que alrededor de 23 mil hectáreas fueron deforestadas entre 2021 y 2023. “Podemos visualizar que la actividad de deforestación más fuerte existe en la zona de Ucayali, el Corredor Putumayo y Cuenca del Napo”, aseguró el ciudadano awajun, Adiazar Ugkum. De acuerdo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), el 69% de actividades ilegales representan situaciones de riesgo, tales como: tráfico ilícito de drogas (24%), tala ilegal (21%), tráfico de tierras (12%) y minería informal e ilegal (9%). Salvador Ore, vocero del movimiento “No a la ley anti forestal” sostiene que, si las fuerzas ligadas al narcotráfico, tala ilegal y palma aceitera siguen deforestando, “va a ser muy difícil recuperar el territorio”. 

La minería ilegal es una de las economías ilícitas que cada vez consume más áreas de la Amazonía: un informe de la SPDA, de enero del 2024, evidencia que desde el año 2020 hasta el 2023 la región “La Pampa”, ubicada en Madre de Dios, perdió cerca de 23 800 hectáreas de bosques por este delito. Además, revelaron que en 2023 se realizaron cerca de 11 000 inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Actualmente, el 78% de estas inscripciones se encuentran en suspensión por no cumplir con normativas ambientales correspondientes. 

Según datos sobre el uso de terreno de cultivo de hoja de coca, emitidos por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA), el 2020 tuvo un área total de 61 777 ha., mientras que en el 2022 tuvo un crecimiento del 153% (95 000 ha.). Las regiones con mayor aumento (2021 – 2022) han sido Madre de Dios con una variación positiva del 274%, seguido de Bajo Ucayali que está con 65% y en tercer lugar Aguaytía con un 58%. 

La ley anti forestal también afecta a la agricultura en la Amazonía. Franshesca Gamarra asegura que, con esta ley, los suelos “van a ser catalogados como suelos agrícolas y este es un incentivo porque va a generar un cambio de uso indiscriminado sobre tierras forestales y se va a convalidar también muchos delitos que se han denunciado”. Las poblaciones indígenas y locales ya están bajo constantes amenazas por su territorio, pues están asentados en ecosistemas donde hay recursos importantes para actividades agrícolas, por ejemplo. Gamarra agrega que es importante identificar qué zonas tienen la capacidad de uso forestal y cuáles son para el uso agrícola, ya que solo así se podrá obtener un indicio de las tierras que cambiaron su propósito durante el registro.

Cuidadores de la Amazonía desprotegidos

Las comunidades amazónicas nativas viven un miedo constante ante las grandes mafias que las circundan y vienen cobrando la vida de sus defensores más emblemáticos. AIDESEP registró que, desde el año 2020 hasta el 2023, alrededor de 56 líderes indígenas fueron asesinados. A partir de 2021, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) incorporó un mecanismo de protección para los defensores ambientales y líderes indígenas. Sin embargo, es insuficiente. “Tener el mecanismo de protección intersectorial (…) es un avance, pero insuficiente para la problemática”, enfatizó Gamboa. Asimismo, Gamarra aseguró que la implementación de estos mecanismos es lenta, pues existe una demora por falta de personal y presupuesto.

A pesar de la alta cifra de dirigentes asesinados, el MINJUSDH solo ha recibido 24 solicitudes de activación del mecanismo multisectorial de protección. Gamboa afirma que existiría un subregistro dado que los líderes indígenas no activan dicha herramienta por temor a las amenazas y muertes. Así, el informe “Análisis sobre el acceso efectivo a la protección de defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales de análisis de los defensores ambientales del Perú” indica que los representantes amazónicos carecen de seguridad, pese a las constantes amenazas que reciben por sus tierras. El camino legal es engorroso y largo. “Una vez que entras al terreno legal todo es incierto”, conforme a lo expresado por Salvador Oré. La población desconfía de los funcionarios encargados de impartir justicia ante los crímenes cometidos, pues el proceso, como indica Adiazar, “es burocrático y largo”. 

Respecto al respaldo brindado por la Policía Nacional del Perú, ellos están enfrentando el problema sin rumbo claro: “no ha recibido los incentivos necesarios para tener administrativamente un equipo organizado” enfatiza Gamboa. Agrega que, además de asesinatos, hostigamientos y vulneración de derechos, los líderes indígenas se enfrentan a un crimen organizado y complejo que está controlando parte del territorio. Registros del Ministerio del Interior (MININTER) revelan que la Policía Nacional había establecido como costo aproximado un presupuesto de S/. 1 706 455 para la implementación del plan multisectorial. Pero advierten que durante el periodo 2021-2023 no hubo asignación presupuestal clara, pues la implementación del mecanismo de defensa estaba condicionada por la aprobación del Plan de Actividades de medidas de protección, a ser aplicadas en la PNP.

La Ley 31973, que modifica la Ley N° 29763 “Ley Forestal y de Fauna Silvestre”, significa un peligro para la amazonía, apuntan los expertos. De acuerdo con Franchesca Gamarra, se ignoran los derechos de las poblaciones sobre sus territorios, ya que se estaría aceptando como legales los títulos de terreno que fueron aprobados fuera de las consideraciones ambientales. Además, los pueblos indígenas tienen un derecho ancestral sobre sus tierras, por lo cual se les estaría negando el acceso a ellas y permitiendo otras actividades, incluso las ilegales. Entonces, se podría decir que se estaría retornando a la problemática situación previa a esta ley.

Manifestantes contra la nueva ley forestal. Marcha 20 de abril. Foto: Santiago Jiménez