El crimen organizado extiende su dominio, ya que se reportaron 9,120 denuncias en lo que va del año. El distrito de Ate cuenta con 216 denuncias, hecho que lo ubica como uno de los distritos más afectados por la delincuencia. La seguridad y la vida de los vecinos peligra. ¿Hasta dónde puede llegar esta ola delictiva?

Por: Valeria Iparraguirre

En los últimos años, la extorsión se ha convertido en uno de los delitos de mayor crecimiento en Lima, afectando a comerciantes, empresarios y transportistas. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), en lo que va del 2025, se han reportado más de 9,120 denuncias por extorsión en la ciudad, lo que representa un incremento del 36% con respecto al año anterior y lo que significa que cada 19 minutos se presenta una denuncia por este delito.

El crimen organizado ha expandido sus operaciones en diversos distritos, utilizando métodos cada vez más agresivos, desde el cobro de cupos hasta amenazas directas contra familias y negocios. Este fenómeno genera un clima de temor e incertidumbre, especialmente en zonas donde las bandas criminales operan con mayor impunidad. Ante esta problemática, Punto Seguido realizó una entrevista a Frank Casas, experto en seguridad ciudadana, quien nos comentó cómo “laboran” los extorsionadores.

“No es un tema nuevo, las extorsiones se vienen dando décadas atrás. Lo que es nuevo es la intensidad y llegar al uso de la violencia, el homicidio. En principio la extorsión funciona porque tienen características socioeconómicas que facilitan el delito, el aprovechamiento de ciertos mercado informales por ejemplo, en donde no hay presencia del Estado, entonces se dedican a lucrar. Los extorsionadores ahora tienen acceso a todo, han creado su negocio económico. ”

Las cifras de la extorsión

En lo que va del presente año, la extorsión ha golpeado con fuerza a diversas regiones del país. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, entidad del Ministerio del Interior (MININTER), se han registrado más de 9,120 denuncias por este delito, con Lima y La Libertad liderando el número de casos.

Lima metropolitana encabeza la lista con 3.757 denuncias. Le sigue La Libertad (1.656 denuncias), donde los cobros de cupos afectan a comerciantes y empresarios. Continúa la lista Piura (929 denuncias), con un fuerte impacto en el sector de transporte. Por último, Callao (612 denuncias), con presencia de bandas vinculadas al narcotráfico. 

En Lima Metropolitana los distritos con mayor incidencia de extorsión incluyen: Cercado de Lima (543 denuncias), el distrito con más casos reportados en la ciudad. San Juan de Lurigancho (497 denuncias) afectado por bandas organizadas. Comas (283 denuncias), con un incremento preocupante respecto al año pasado. Ate (216 denuncias), uno de los distritos más golpeados en Lima Este. Villa El Salvador (184 denuncias), alza en cobro de cupos. Puente Piedra (215 denuncias), donde el transporte y comercio están en riesgo. Carabayllo (180 denuncias), con negocios bajo amenaza.

Estas cifras reflejan la expansión del crimen organizado en distintos puntos de la capital, afectando la seguridad de comerciantes, transportistas y empresarios, mientras las autoridades intentan frenar su avance con operativos y medidas de seguridad.

Modus operandi de los extorsionadores

Las modalidades más comunes incluyen: cobro de cupos, en donde exigen pagos a negocios bajo amenaza de represalias si no acceden. «Chalequeo», son bandas que ofrecen «protección» a locales, cuando en realidad generan la violencia. Extorsión telefónica, en donde simulan secuestros o amenazas a familiares para obtener dinero. Por último, préstamos como el «gota a gota», que son créditos ilegales con intereses abusivos y consecuencias violentas si no se paga.

Las bandas han migrado de distritos tradicionalmente violentos como San Juan de Lurigancho y Callao hacia zonas como Comas, Puente Piedra y Ate, donde el crimen organizado ha encontrado nuevas víctimas y estructuras de operación. En algunos casos, la policía ha identificado vínculos con mafias extranjeras, especialmente provenientes de Venezuela, que han replicado sus tácticas en Perú. Ante ello, Punto Seguido realizó una entrevista al oficial Camboa, encargado del área de delitos de la municipalidad de Ate, base Salamanca. En donde nos comenta el perfil de los extorsionadores en el distrito de Ate.

“El perfil de los extorsionadores son jóvenes de 18 a 30 años. En su mayor venezolanos pero también hay peruanos. Hay una diferencia entre ambos, el peruano cuando se encuentra en una intervención policial. El ratero peruano levanta las manos, como signo de: ya perdí. Sin embargo, el ratero venezolano es más agresivo, ve cinco policiales que lo están siguiendo y se escapa, intenta luchar y disparar si tiene arma”, menciona el oficial Camboa.

La rápida expansión de estas redes delictivas plantea un desafío urgente para las autoridades, que buscan frenar su crecimiento mediante operativos y estrategias de inteligencia policial. A pesar de los esfuerzos, la cifra de extorsiones sigue aumentando, afectando la vida cotidiana de miles de limeños.

Ate y la ola de criminalidad

Aunque distritos como San Juan de Lurigancho y Cercado de Lima concentran altos índices de extorsión, en Ate la situación se ha agravado en los últimos meses. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, el distrito ha registrado 216 denuncias por extorsión en lo que va del 2025, lo que lo coloca entre los más afectados de Lima Este.

Las principales víctimas de este delito en Ate son; dueños de pequeños negocios, quienes han recibido amenazas directas para pagar cupos o «chalequeo». El oficial Camboa, encargado del área de delitos de la Policía Nacional del Perú (PNP), en base a su experiencia, nos recuerda cuales son las modalidades más comunes de esta ola de criminalidad.

“Este año ha aumentado el número de extorsiones a diferencia del año pasado. Usualmente se ve el cobro de cupo a empresarios, por una supuesta seguridad que ellos brindaban a las empresas y les cobran. Cuando se niegan a pagar, empiezan a dejar flores en su puerta como amenaza. Los extorsionadores normalmente dejan flores en la casa de los empresarios”, menciona el oficial Camboa.

Por otro lado se encuentran los comerciantes, quienes también recibieron amenazas directas para pagar cupos. En la entrevista realizada por Punto Seguido al oficial Rodriguez de permanencia quien es el encargado de inspeccionar las distintas áreas de la comisaría para evaluar el cumplimiento del personal; además de patrullar y realizar operativos, nos recordó una de sus intervenciones.

“Hace poco estuvimos con un caso en un chifa, en la avenida Quechuas, en donde dejaron una nota con municiones de balas KM en la puerta de su negocios, les están pidiendo dinero”, menciona el oficial Rodriguez.

Además, los transportistas, especialmente mototaxistas, taxis, colectiveros y conductores de buses, enfrentan extorsiones por parte de mafias que controlan ciertas rutas. Jonathan Piñas, sereno motorizado de la municipalidad de Ate, encargado disuadir y prevenir cualquier accionar delictivo, declaró a Punto Seguido su participación en casos como ellos.

“En Vitarte los colectiveros que se estacionan en la Javier Prado son sorprendidos por un grupo de sujetos, de hecho esa zona están divididas por bandas, bandas que cobran a los mototaxis, colectiveros, a las meretrices en Ceres, ambulantes, a las cuales supuestamente les cobran por “seguridad”. En Ceres, los taxis pagan un aproximado de 25 soles semanales. Son 90 vehículos a la semana. Todo para que les permitan subir pasajeros en el paradero que supuestamente es de ellos”, menciona Piñas. 

Las familias han sido blanco de llamadas intimidantes exigiendo pagos bajo amenazas de violencia. “Ahora mismo tenemos un secuestro. La señora pagó a un desconocido que la llamó por teléfono por el supuesto secuestro de su esposo, a quien sí terminaron secuestrando supuestamente, pero después de pagarle, se lo devolvieron. Iré a ver las cámaras de este caso”, menciona el oficial de permanencia Rodriguez.

El aumento de estos casos ha generado una sensación de inseguridad permanente en el distrito, con negocios cerrando por temor y ciudadanos evitando denunciar por miedo a represalias. 

Medidas tomadas por el Estado

Ante el aumento alarmante de extorsiones en Lima, el gobierno y las fuerzas de seguridad han intensificado sus estrategias para contener el crimen organizado. La Policía Nacional del Perú (PNP) ha desplegado operativos focalizados en distritos con mayor incidencia, logrando capturas de líderes de bandas extorsivas en zonas como San Juan de Lurigancho, Callao y Ate.

Entre las medidas implementadas en el distrito de Ate, se encuentran el incremento de patrullajes y vigilancia. El refuerzo de la presencia policial en puntos estratégicos de Lima Metropolitana, con especial atención en zonas de alto riesgo. Además, el uso de inteligencia policial para la identificación y rastreo de estructuras criminales que operan en extorsión, con apoyo de tecnología para monitoreo de llamadas y mensajes de amenaza. También se realizaron desmantelamientos de redes delictivas. En los últimos meses, se ha logrado la captura de varias bandas vinculadas a la extorsión y el cobro de cupos en mercados y negocios locales. Asimismo, se crearon alianzas con municipalidades, en coordinación entre autoridades locales y fuerzas del orden para mejorar la prevención y atención a víctimas de extorsión. Por último, se realizan campañas de denuncia y protección, creando programas de asesoramiento y protección para comerciantes y ciudadanos que han sido víctimas de extorsión, incentivando la denuncia sin temor a represalias.

Sin embargo, en distritos como Ate, la lucha contra este delito enfrenta grandes desafíos, especialmente en términos de prevención y seguimiento de las víctimas. El oficial Camboa, a cargo del área de delitos de la comisaría de Ate, describe el esfuerzo constante de la policía por frenar estas mafias y apoyar a quienes han sido amenazados:

«Una de las medidas que tenemos es la oficina de participación ciudadana, en donde el coronel da charlas a los vecinos. En donde cada reporte de extorsión, primero va a la DIRINCRI, luego hacemos patrullaje las 24 horas por la zona afectada, ya sea el lugar o negocio afectado. Somos constantes, entrevistamos, investigamos todo lo que podemos. Hacemos un seguimiento en la víctima, llenamos un cuaderno con toda la información necesaria. De esos cuadernos tenemos varios, los cuales se llegan a firmar.»

El oficial también relata un caso reciente que evidencia la gravedad de la situación en Ate: «Hace poco estuvimos con un caso en un chifa, en la avenida Quechuas, en donde dejaron una nota con municiones de balas KM en la puerta de su negocio. Les están pidiendo dinero”.

Por otro lado, el oficial Rodríguez, de la misma comisaría, enfatiza que el problema de la extorsión no se puede abordar solo con operativos, sino que es necesario intervenir en la raíz del problema:

«Nuestras estrategias siempre son la prevención, ahora no podemos prevenir. El problema es que hay niños que han vivido en la calle, robando desde pequeños, no podemos cambiarlos así como si nada. Por ello vamos a los colegios, damos charlas, para evitar que la nueva juventud cometa crímenes. Además, realizamos operativos diarios”.

A pesar de estos esfuerzos, casos como el del Búnker en Vitarte generan una gran frustración en las autoridades y la comunidad. Este edificio de seis pisos, conocido por estar totalmente enrejado, era señalado por los vecinos como un punto de operación de delincuentes venezolanos que realizaban fiestas con armas y tráfico de drogas. Tras ocho días de vigilancia, personal de civil e inteligencia intervino el lugar y decomisó nueve armas de fuego, pero el impacto de la operación se vio debilitado cuando la fiscal dejó en libertad a los 24 detenidos en menos de 48 horas, argumentando falta de pruebas.

«Prácticamente, la fiscal, Evelyn Taboada, los dejó en libertad. Nosotros actuamos, investigamos, arriesgamos, pero sin respaldo judicial, estos criminales siguen operando”, expresa su frustración el oficial Camboa, encargado del área de delitos de la municipalidad de Ate.

Además de los obstáculos policiales y judiciales, los agentes de serenazgo también enfrentan serias restricciones legales que limitan su capacidad de acción frente a la delincuencia. Piñas, sereno motorizado de Ate, explica la realidad de su labor:

«Nosotros solamente tenemos una ley que nos permite actuar, la ley del arresto ciudadano. Ni siquiera puedo detener, sino retener. Solo me permite actuar bajo flagrancia de delito. Lo único que ha hecho esta gestión por el serenazgo es hacer TikToks. Lamentablemente tenemos tantas leyes que blindan a los extorsionadores, por decir, si nosotros usamos un término, y ese término es grabado, me puede denunciar con su abogado.»

Este testimonio expone una debilidad estructural en el sistema de seguridad del distrito: mientras los criminales operan con total impunidad, los agentes de serenazgo carecen de herramientas legales para actuar con contundencia, lo que reduce aún más las posibilidades de frenar el avance de las mafias extorsivas.

La extorsión se ha convertido en una amenaza cotidiana para miles de ciudadanos en Lima, afectando no solo a comerciantes y transportistas, sino a la sociedad entera. Lo que antes era un delito focalizado ahora se expande sin freno, con bandas criminales sofisticadas que encuentran nuevas formas de operar y evadir la justicia.

Si bien la Policía Nacional del Perú ha intensificado operativos, la lucha contra la extorsión sigue enfrentando vacíos en el sistema judicial, como lo evidenció el caso del Búnker en Vitarte, donde los detenidos fueron liberados en menos de 48 horas por falta de pruebas. Esta contradicción entre captura y sanción efectiva refleja un problema estructural que deja a las víctimas en una constante vulnerabilidad. Frank Casas, experto en seguridad ciudadana, declaró que acabando con las bandas, el problema no se elimina, ya que los extorsionadores rápidamente se recomponen. Además, recordó las condiciones que permiten que estos hechos delictivos sucedan.

“La PNP tiene un objetivo bien puntual: investigación criminal y la desarticulación de las organizaciones. Pero para poder controlar el delito, debes controlar las condiciones que facilitan a que suceda, y ahí deberían incluir, fiscalización de armas, control de armas, control de municiones, control de explosivos, control de la información que todos los días se utiliza de manera ilegal. Información personal de los ciudadanos, venta informal de chips que no son detenidos. Entonces tenemos un montón de condiciones y factores que la policía no tiene ninguna responsabilidad y el estado no está haciendo absolutamente nada para poder remediarlo”, comentó Casas.

El Estado ha implementado nuevas estrategias, como el Sistema Nacional Especializado de Flagrancia Delictiva, que busca agilizar el proceso contra estos delitos. Sin embargo, los expertos advierten que estas medidas aún no han demostrado un impacto real en la reducción de casos.

Mientras la delincuencia avanza, los ciudadanos siguen esperando una respuesta contundente. La extorsión ya no es solo un problema de seguridad, sino un fenómeno que altera la vida económica y social de toda la ciudad. La pregunta que sigue abierta es: ¿hasta cuándo?