Tres semanas después de la estampida humana que provocó la muerte de 13 personas, las investigaciones del desarrollo del caso dan un giro.
(Foto: Andina)
Escribe: Rafael Calagua Bedoya
El pasado 22 de agosto, la muerte de 13 personas conmocionó a los vecinos de la cuadra 2 de la Avenida El Zinc en Los Olivos. Esa noche más de 100 personas acudieron a la Discoteca Thomas Restobar a divertirse con el show de ‘Juancho’ Peña, ignorando las medidas de seguridad y el Estado de Emergencia decretado por la pandemia. Ninguno imaginó el desenlace que tuvo la fiesta clandestina que fue intervenida por agentes policiales del Escuadrón Verde.
Tras la detención de 23 de los infractores, la versión oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue que la única puerta de acceso al local, que abría solo hacia adentro, se cerró producto del tumulto ocasionado por los asistentes. Dicha estampida humana no fue prevista por los oficiales que pensaron que solo había entre 20 y 30 personas, lo que denotaba improvisación en el operativo. Rápidamente, se ubicó a Leandro Montoya Callirgos, dueño del inmueble y a Job Luque Ayala, quien lo alquilaba y ya ha recibido 18 meses de prisión preventiva como parte de las investigaciones por el presunto delito de homicidio simple y violación de las medidas sanitarias.
Giro en la investigación
En tanto, el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, dijo en diálogo con RPP Noticias que su responsabilidad era «estrictamente emocional», luego explicó ante el Congreso que el espacio donde funcionaba la discoteca había sido clausurado el 13 de junio del 2019. Por su parte, las diligencias policiales seguían su curso hasta que el 29 de agosto la tesis original dio un giro cuando América Noticias compartió imágenes inéditas del interior de Thomas Restobar en la fatídica noche. Aquel video compartido revela que es un oficial quien resguarda la puerta que aparece cerrada, lo que contradice las declaraciones antes realizadas.
Como consecuencia, 10 policías que participaron en la fallida intervención fueron reasignados en nuevos puestos, según un documento oficial. Además, el mismo noticiero señaló que el suboficial Aarón Salcedo Recoba, del Grupo Terna, se llevó el dispositivo DVR, que grabó las imágenes del operativo, aparentemente para salvaguardar su contenido. No obstante, la semana pasada el análisis digital forense elaborado por la Oficina de Peritajes del Ministerio Público detectó que después de la intervención policial se eliminaron 5.924 archivos de video que habían sido captados por las cuatro cámaras del local. Para beneficio de la investigación, las imágenes fueron recuperadas y se espera conocer más detalles de la intervención policial que ya compromete el actuar de los agentes del orden y eleva las sospechas de negligencia.
